La Fiscalía de la AN demanda a MITECO para que exija medidas de reparación a quienes extraen ilegalmente agua en Doañana
MADRID, 6 Mar. Agencias –
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado este viernes una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Tran para que «ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental» y acuerde «medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación» sobre los particulares y entidades identificados por la Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil como causantes de «extracción ilegal y masiva» de aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.
Así ha informado la Fiscalía este viernes a través de un comunicado en el que ha recordado que emitió una solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales de Doñana así como la adopción de medidas de prevención y reparación medioambiental en el marco de las Diligencias Preprocesales 7/2023.
El 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Estado emitió una resolución por la que acordó inadmitir la solicitud al no ser la Secretaría el órgano competente en la materia y al no ser los daños a las aguas continentales de Doñana exclusivos del Dominio Público Hidráulico: involucran «a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía».
Ahora, la Fiscalía ha impugnado esta resolución ante la Sala de lo Contencioso. De acuerdo con el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional, el número de responsables identificados que, durante los años 2022 y 2023, realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250: Huelva (198), Sevilla (51) y Cádiz (1).
Tal y como ha recalcado, la ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas de Doñana motivó en 2021 que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado la responsabilidad de España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea (UE).
En este marco, la exigencia de responsabilidad medioambiental «concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». «En cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», ha destacado el organismo.
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