Peticiones del Consejo de la Discapacidad ante el 29N: presupuesto, calendario y cobertura de propuestas sociales
MADRID, 21 Nov. (Agencias) –
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha pedido a los partidos políticos que detallen presupuesto, calendario y cobertura de sus propuesras sociales, con motivo de las elecciones del 29 de noviembre.
En concreto, ha reclamado que las formaciones conviertan sus propuestas en «compromisos comprobables»: presupuesto por ejercicio, fuente de financiación, población cubierta, administración «responsable» y objetivos «de calidad».
«La suficiencia financiera debe permitir apoyos ajustados a las necesidades, condiciones laborales adecuadas y libertad efectiva de elección», ha asegurado tras analizar once programas electorales, correspondientes a formaciones políticas con el fin de examinar las propuestas que afectan a personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y personas mayores.
En este sentido, ha señalado que el análisis muestra que existen compromisos específicos sobre accesibilidad, cuidados, empleo, educación, pensiones y autonomía personal, aunque con «diferencias importantes» de alcance y de precisión.
«La distancia principal aparece al comprobar cómo se financiará cada medida, quién la ejecutará y en qué plazo llegará a las personas», ha apuntado.
Entre las propuestas identificadas figuran el compromiso del PP de una deducción del 40% por la atención profesional de mayores dependientes; la referencia de ERC a un suplemento de 2.018 millones para dependencia en 2026 y a 7.200 millones para 2027; y los costes
estimados por SALF para su reforma de pensiones y una pensión mínima condicionada a 35 años cotizados.
Mientras, ha expuesto que el BNG reclama una «deuda histórica» de dependencia con Galicia superior a 3.000 millones, según su propio programa. «Son conceptos distintos y no pueden compararse
como si todos fueran dinero nuevo anual para cuidados», ha avisado.
Por su parte, el PSOE incorpora programación económica plurianual para aplicar la reforma de discapacidad y dependencia, un PERTE de cuidados vinculado al Fondo España Crece, apoyos a la vida independiente y visitas domiciliarias periódicas a partir de los 80
años. También incluye una propuesta de remuneración al SMI para cuidadoras principales cuyo alcance, requisitos y coste necesitan concreción.
En cuanto a los socialistas, el Consejo ha indicado que «los fondos anunciados abarcan distintas políticas y el programa no especifica qué cantidad se destinará realmente a discapacidad, dependencia y personas mayores».
Respecto a otras formaciones, VOX anuncia refuerzo del presupuesto de dependencia, cuidado en el hogar y plazas residenciales; Coalición Canaria vincula financiación estable, accesibilidad y cuidados a las
necesidades del archipiélago; y PACMA desarrolla propuestas de accesibilidad cognitiva, atención temprana, empleo, cultura y atención a mayores.
«Estos programas proponen distintas medidas, pero no concretan el presupuesto necesario para aplicarlas ni permiten comprobar si la financiación prevista será suficiente», ha advertido.
De la misma manera, ha explicado que la aportación estatal del 50% al sistema de dependencia ya está recogida en el marco legal
reformado en octubre de 2026. Por lo tanto, ha añadido que «la exigencia debe centrarse también en su dotación, ejecución y seguimiento, sin presentar el mero reconocimiento de esa obligación como una mejora completamente nueva». «Lo esencial es su cumplimiento por igual en todas las CCAA», ha agregado.
En esta misma línea, ha defendido una evaluación para todas las propuestas: derechos efectivos, recursos suficientes, accesibilidad, calidad de la atención y participación plural de las entidades.
«Las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y las personas mayores necesitan saber qué apoyos recibirán, cuándo estarán disponibles y con qué garantías», ha recalcado.
Finalmente, la vicepresidenta de CEDDD, Mar Ugarte, ha afirmado que «cada compromiso debe decir cuánto dinero tendrá, cuándo llegará y qué atención garantizará». «Las familias necesitan apoyos que
funcionen, libertad para elegir y profesionales con recursos para cuidar bien y esta información debería conocerse ante de ir a votar», ha concluido.
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