La Asamblea aprueba este jueves la Ley LIDER que busca acelerar la construcción de vivienda y rebajar burocracia
MADRID, 19 Nov. Agencias –
La Asamblea de Madrid aprobará este jueves la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región –conocida como Ley LIDER– que busca acelerar la construcción de vivienda y rebajar la burocracia.
La mayoría absoluta del PP en la Cámara sacará adelante el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de esta norma aprobada en Consejo de Gobierno durante el verano.
Entre las principales novedades de LIDER destacan un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años. Igualmente, LIDER actualizará también la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región.
Además, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal. Igualmente, actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.
Del lado de esta norma se posicionaba Vox en el debate de las enmiendas a la totalidad de la izquierda, pero advertía de que aunque algunos de los objetivos son «compartidos» como agilizar la tramitación, su redacción genera «cierta inseguridad jurídica».
Por contra desde el PSOE se ha afirmado que esta norma que va «a privatizar el suelo y el urbanismo» y se ha reprochado que durante su tramitación no se haya optado por el «consenso» y por hablar con ayuntamientos o agentes sociales afectados.
Más Madrid afirmaba entonces que esta norma «oculta un proyecto de región desalmada y desquiciada» porque la norma «pone el interés particular de los propietarios y promotores» por encima del interés general y el planeamiento público.
El debate del dictamen llegará a mitad de un Pleno que arrancará con al sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vox le preguntará sobre las listas de espera en Atención Primaria, mientras que PP se interesará por cuántos menores extranjeros no acompañados han llegado desde Ceuta a partir del 30 de julio.
PSOE preguntará por la transparencia del Gobierno regional, mientras que Más Madrid lo hará por la de la empresa pública Planifica Madrid. Ambos indicaban el lunes que centrarán sus intervenciones en la orden del Tribunal de Cuentas de investigar la compra del ático de 6,3 millones en Chamberí al detectar de indicios de perjuicio a fondos públicos.
En las dirigidas a los consejeros se requerirá información sobre publicidad institucional, empleo público, el reparto equitativo de la riqueza, la inversión en educación, la política energética o la prevención de la violencia contra las mujeres.
A continuación se debatirá la Ley LIDER y después tomará la palabra la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para informar sobre sus planes para luchar contra la violencia de género.
Esta comparecencia ha sido pedida por el PSOE previo al día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los socialistas han cargado en reiteradas ocasiones contra el Gobierno regional acusándoles de no poner los medios suficientes, entre otros, en las Unidades de Valoración Forense Integral, que afecta a la protección de mujeres que sufren maltrato.
También ha reprochado a la presidenta autonómica ser «la única» mandataria regional que no condena los feminicidios que ocurren en su territorio.
Por su parte, desde el Ejecutivo autonómico han insistido en varias ocasiones al Gobierno central a que revise urgentemente el funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género (Viogén). La última de ellas fue el 9 de octubre, cuando destacaron que la mitad de las mujeres que habían sido asesinadas entonces estaban consideradas de riesgo bajo.
En el turno de las proposiciones no de ley, Vox defenderá de nuevo aplicar el principio de «prioridad nacional» al acceso a ayudas, prestaciones y vivienda protegida, con requisitos reforzados de arraigo y valoración de la trayectoria de cotización.
El PSOE, por su parte, reclamará incrementar la Prestación Económica de Asistencia Personal y consolidar la Oficina de Vida Independiente con financiación suficiente y plurianual. La iniciativa plantea revisar los planes individuales cuando cambien las circunstancias de los usuarios, eliminar los requisitos de estar trabajando o estudiando para acceder a la oficina y garantizar la continuidad de los apoyos más allá de los 65 años.
Más Madrid defenderá dos iniciativas. En la primera, pedirá diferenciar en los estudios y comunicaciones oficiales el absentismo injustificado de las bajas médicas y los permisos retribuidos, así como un plan contra las horas extraordinarias no pagadas en coordinación con la Inspección de Trabajo.
En la segunda, propondrá un Plan Regional contra la Violencia Inmobiliaria hacia las Mujeres y un protocolo de coordinación entre las áreas de vivienda, igualdad y los servicios sociales municipales. También pedirá ampliar el parque público de alquiler social, reforzar el acceso prioritario de víctimas de violencia de género, familias monomarentales y mujeres vulnerables, aumentar las plazas de alojamiento para que ninguna víctima tenga que convivir con su agresor e incorporar la perspectiva de género a las políticas de vivienda.
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