Los tribunales no paran en campaña electoral con declaraciones de los casos ‘Leire’, ‘Koldo’, ‘Plus Ultra’ o Ceuta

MADRID, 15 Nov. Agencias –

La campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no detendrá la actividad de los tribunales en las próximas semanas, en las que se esperan declaraciones de investigados y testigos en las causas más mediáticas de la Audiencia Nacional, como el ‘caso Koldo’, el ‘caso Leire Díez’, el ‘caso Plus Ultra’ o la investigación sobre la entrada masiva de personas en Ceuta.

Los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) tampoco descansarán, con algunas testificales previstas en el marco de la causa sobre presuntas irregularidades en el rescate de Air Europa, entre ellas las de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón.

Los tribunales trabajarán a pleno rendimiento en un periodo en el que es común que los magistrados no acuerden decisiones de calado, por la regla ‘no escrita’ de no intervenir en los periodos electorales.

Tras el pistoletazo de salida del periodo electoral, el juez escuchará el 17 de noviembre al excargo de Adif Ignacio Zaldivar, investigado en el ‘caso Koldo’, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesto papel en la contratación irregular en la empresa pública Tragsatec de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Fue el propio Zaldívar quien solicitó al juez instructor del caso, Ismael Moreno, declarar como investigado voluntariamente «a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos».

El día siguiente, 18 de noviembre, será el turno del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, el primer imputado en la causa en la que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma a finales desde Marruecos del pasado mes de julio.

El 19 de noviembre, por su parte, el foco estará en el ‘caso Plus Ultra’. Ese día testificarán José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, exdirector financiero de la compañía.

Ambas declararán ante el juez instructor del caso, José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su presunta mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

En la segunda semana de campaña, el 24 de noviembre será un día intenso en los tribunales. Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’ acogerá la declaración como imputado del exviceministro venezolano Nervis Villalobos.

Villalobos acudirá después de que el Registro Civil Central haya remitido al instructor de la causa, Santiago Pedraz, documentación relativa a algunas supuestas irregularidades en el expediente de nacionalización del excargo de Hugo Chávez, que consiguió la nacionalidad española por la ‘ley de nietos’, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite ese trámite para descendientes de exiliado.

Ese mismo día, el juez escuchará como testigo a Cintia Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz a la que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, imputado en la causa, habría hablado de «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En esta causa, Pedraz investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

También el 24 de noviembre, en los juzgados de Plaza Castilla, se espera la declaración de varios testigos en la causa sobre presuntas irregularidades en el rescate que el Gobierno concedió a Air Europa, entre los que destacan Sara Aagesen e Íñigo Errejón, pero también Partearroyo y el actual director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, entre otros.

El 23 de noviembre, el juez escuchará como testigos a la exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, que es actual presidenta de Patrimonio Nacional, o la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, Pilar Paneque, entre otros.

El juez instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.

Además, a lo largo de estas dos semanas, el Tribunal Supremo (TS) continuará analizando los efectos electorales de la ‘ley de nietos’, después de haber rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía y que podrán acudir a las urnas en las elecciones.

Lo que los magistrados no han cambiado es la suspensión del voto para los ‘nietos’ que viven en el extranjero y no han acreditado que son descendientes de exiliados, una decisión que acordaron el pasado septiembre y que han ratificado tanto en octubre como este mes de noviembre.

En cambio, para los hijos se opuso a extender la suspensión por «seguridad jurídica y estabilidad electoral» dada la cercanía de las generales, pero insistió en las «presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)» sus padres.

Los magistrados señalaron que la suspensión del voto a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ se adoptó el pasado 10 de septiembre, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales», y que confirmaron su postura «en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral».

«Por el contrario», la petición de ampliar la suspensión del voto a los hijos, «pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados», argumentaron.

A su juicio, «iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo llamó la atención además sobre que, «según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)».

Por otra parte, el alto tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre la amnistía expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Constitucional ordenara que se aplique el perdón al delito de malversación por el que está procesado y que el magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, lo considerara amnistiable.

La Sala de lo Penal, que juzgó el ‘procés’, ya ha aplicado la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a exconsejeros como Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa.

CL9