El Gobierno canario aprueba el decreto que regulará la convivencia escolar y promoverá el bienestar
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. –
El Ejecutivo canario ha aprobado este viernes, en su sesión de Consejo de Gobierno, y a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, el decreto por el que se regula la convivencia escolar y se promueve el bienestar en el ámbito educativo del archipiélago.
Tras su entrada en vigor, esta nueva norma derogará el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo en las islas, actualizando las herramientas de los centros para prevenir los conflictos, proteger al alumnado y mejorar el clima escolar, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.
Al respecto, indican que el nuevo marco mantiene los principios de respeto, participación y resolución pacífica de conflictos presentes en la regulación anterior, si bien desarrolla un enfoque que vincula expresamente la convivencia con el bienestar, la inclusión y la protección frente a conductas contrarias a la convivencia.
De esta forma, se busca reforzar tanto las actuaciones preventivas como la respuesta educativa ante las situaciones que afectan a la comunidad escolar.
El decreto presta especial atención al acoso y al ciberacoso en el ámbito escolar, a la violencia de género y a los riesgos asociados al uso de las tecnologías, incluyendo la ciberconvivencia y la utilización responsable de los entornos digitales. Actualiza también los derechos y deberes de la comunidad educativa, y recoge la condición del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las actuaciones previstas está la mediación escolar, las prácticas restaurativas, el apoyo entre iguales, las tutorías afectivas y otras estrategias para prevenir conflictos y favorecer su resolución educativa. Estas herramientas se integran en los planes de convivencia de los centros, junto con las medidas de prevención y protección del alumnado.
La norma incorpora, además, previsiones específicas para la intervención con alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a alteraciones emocionales y de conducta, siendo el objetivo ajustar las respuestas a las circunstancias individuales y favorecer la coordinación entre los equipos docentes, orientación educativa y las familias.
El texto desarrolla las funciones de los equipos de gestión de la convivencia, los servicios de mediación y la coordinación para el bienestar y la protección del alumnado.
También contempla la creación del Observatorio Canario para la Convivencia Escolar, orientado al seguimiento y la mejora de la convivencia en el sistema educativo, y actualiza la regulación de las conductas contrarias a la convivencia, las medidas correctoras y los procedimientos de intervención, manteniendo su finalidad educativa.
Los centros tendrán un año, desde su entrada en vigor, para actualizar sus reglamentos de régimen interno y planes de convivencia, mientras tanto los protocolos específicos de actuación en materia de acoso escolar, violencia de género, riesgo suicida o protección de la infancia se seguirán aplicando hasta su actualización.
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