Expertos destacan avances en empleo por el Plan de Recuperación frente al desfavorable balance en vivienda

MADRID, 27 Oct. –

Expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y de EY Insights aprecian avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes en las reformas del Plan de Recuperación sobre educación, empleo, vivienda y pensiones, según un trabajo publicado este martes que identifica el empleo como el ámbito con progresos más visibles y la vivienda como el de balance más desfavorable.

El trabajo, elaborado por Judith Arnal (Fedea), Ángel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC) y Juan Pablo Riesgo (EY Insights), valora las reformas del Plan de Recuperación en cuatro ámbitos trascendentales que acompañan a una persona a lo largo de su vida: educación, empleo, vivienda y pensiones.

Las principales conclusiones es que en educación el balance es mixto, con el aprendizaje como principal problema, mientras que el empleo refleja el avance más visible, frente a la vivienda que cuenta con la valoración más desfavorable. En cuanto a las pensiones, los expertos sentencian que las reformas incluyen más protección hoy, pero con un coste de oportunidad creciente en términos de menores recursos para otras prioridades.

En cuanto a la vivienda, los expertos apuntan que los precios suben un 12,1% interanual en el segundo trimestre de 2026 (4,7% en la UE), el déficit acumulado es de unas 750.000 viviendas y la emancipación llega a los 30,2 años.

Desde 1980 el precio real de la vivienda se ha multiplicado por 3,5, frente a 1,8 en la zona del euro, y para quien vive de alquiler comprar cuesta casi 7 años de renta.

Según señalan la Ley 12/2023 de Vivienda interviene las rentas cuando el problema es de oferta: donde se aplican los límites, la oferta anunciada de alquiler ha caído más de un 20%, frente a una subida del 3,9% en Madrid y una caída del 7% en el conjunto de España sin Cataluña.

Además, los expertos creen que las normas de octubre de 2026 refuerzan la intervención en materia de precios (tope del 2 % a las actualizaciones), duración y prórroga de los contratos, introduciendo además indemnizaciones por terminación y añadiendo incertidumbre, lo que previsiblemente reducirá aún más la oferta.

«Mientras que las medidas potencialmente útiles para incrementar la oferta son modestas, se introducen medidas importantes de apoyo a la demanda. Una demanda estimulada en ausencia de mayor oferta redundará en nuevos incrementos de precios», han advertido.

En cuanto a las pensiones, en el informe se recuerda que la reforma garantiza el poder adquisitivo de estas prestaciones, pero no resuelve su financiación a largo plazo. Los ingresos adicionales previstos «son insuficientes», según los expertos, ante el aumento proyectado del gasto, que pasaría de alrededor del 13% del PIB a entre el 16% y el 17% a mediados de siglo.

«La cláusula de salvaguarda pactada con la Comisión Europea se cumple por poco, con un desarrollo reglamentario que ha rebajado su exigencia, y el ahorro complementario no ha tomado el relevo: el deber de negociar planes de empleo sigue sin desarrollarse», han indicado.

Por ello, los autores del estudio creen que es necesario abrir un debate sobre el coste de oportunidad de destinar cada vez más recursos a pensiones, en detrimento de otras prioridades públicas, y acordar las posibles medidas antes de que una eventual activación de la cláusula de salvaguarda las imponga.

Como visión general, el informe explica que, en las transferencias de los fondos ‘NGEU’, España ha solicitado todas las asignadas, pero ya ha perdido 198 millones por no cumplir el hito de la fiscalidad del diésel y tiene otros 1.164 millones en riesgo.

En concreto, se trata de 626,6 millones del hito de reducción de la temporalidad en el empleo público, cuya evaluación favorable retiró la Comisión tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, y 537 millones de la sexta solicitud, por tres objetivos de inversión que la Comisión no dio por cumplidos.

En los préstamos la renuncia ha sido propia: España retuvo 21.449 de los 83.160 millones que había pedido. El plan se ha modificado nueve veces; sólo la revisión de cierre de agosto de 2026 afectó a 96 medidas, entre reformas e inversiones, y redujo el nivel de ejecución de treinta: «parte de la ambición inicial se ajustó a la baja y al calendario de los fondos», apuntan los expertos.

Quedan aún unos 22.900 millones por recibir netos de prefinanciación, a la espera de la evaluación por la Comisión de la última solicitud del Gobierno de España.

Los expertos también señalan que la condicionalidad ha sido menos exigente de lo que prometía el diseño. Los hitos se han dado por cumplidos, en general, al comprobar que las normas aprobadas recogen los elementos descritos en la Decisión del Consejo que aprobó el plan, propuestos por el Gobierno y aceptados por la Comisión, sin evaluar en la mayoría de los casos su diseño económico, su aplicación ni sus resultados.

«La Comisión comprobó la correspondencia con las recomendaciones específicas de país al aprobar el plan, no al verificar su ejecución, y varias reformas se alejan de lo que esas recomendaciones pedían», han señalado.

A modo de conclusión, los expertos señalar que, peses a que los ‘Next Generation EU’ se acaban, el impulso reformista no debe parar. «La financiación europea termina en 2026 y las reformas quedan en manos nacionales», han recordado.

Por ello, han instado a que la siguiente etapa debe pasar de reformas diseñadas para cumplir hitos a reformas que cambien resultados: competencias básicas, calidad de la FP dual, gobernanza universitaria, medios y evaluación en los servicios de empleo, oferta de vivienda y un equilibrio entre la cuantía de las pensiones y otras prioridades de gasto.

CL8