La JEC recalca a PP y Vox que la transparencia del voto por correo está regulada y rechaza medidas extra

   La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la «custodia» de estos sufragios que plantaron los ‘populares’ y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

   En sus resoluciones ante estas peticiones, a las que ha tenido acceso Agencias, el organismo arbitral recuerda también que la Administración electoral «debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador» y anima a cambiar la ley al partido que considere que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral.

   «Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto», argumenta la JEC, en el escrito con el que da respuesta a los ‘populares’.

   Además, el ‘árbitro’ de las elecciones explica que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan «denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad» como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados.

   En concreto, el PP solicitó medidas de «refuerzo de la custodia y transparencia» del voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre. La JEC le detalla que la regulación ya prevé que Correos adopte «las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales» y que, en todo caso, la Junta puede «solicitar las modificaciones que estime oportunas en estas medidas, así como exigir otras adicionales».

   El organismo arbitral recuerda que en los distintos procesos electorales la JEC toma conocimiento de las medidas que adopta Correos, que así lo hizo en las autonómicas que del año pasado en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía y acuerda remitir al PP el escrito que le ha enviado la sociedad postal para el «refuerzo de las medidas existentes en materia de trazabilidad, transparencia y seguridad en el voto por correo» de las elecciones generales.

   En su petición, el PP recordó que en las elecciones extremeñas de diciembre de 2025 se robaron 124 papeletas electorales de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). La JEC reseña que la Junta Electoral de Badajoz autorizó «de manera extraordinaria la obtención de duplicados de la documentación electoral de los ciudadanos afectados» y que Correos activó un operativo especial para asegurar que pudieran ejercer su derecho a voto.

   La Junta recuerda que se logró que «122 de los 124 electores» pudieran votar y que sólo dos no pudieron por estar fuera de España, pero incide en que el PP no ha añadido en su escrito «nuevos datos o motivos que permitan conocer a qué tipo de causas se achaca la preocupación suscitada en relación con los distintos aspectos de la custodia y transparencia del voto por correo» que menciona el partido de Alberto Núñez Feijóo.

QUE LOS VOTOS LOS CUSTODIE LA POLICÍA

   En el PP interpretan las medidas adoptadas por Correos como «un reconocimiento implícito» de la necesidad de imprimir «más garantías de seguridad y transparencia» al voto por correo, pero insisten en que la custodia del voto por correo en dependencias públicas debería recaer directamente sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que así los sufragios estén protegidos durante todo el proceso.

   Según han trasladado los ‘populares’, las medidas planteadas por Correos van en la buena dirección, pero continuarán vigilantes para que se garantice todo el proceso electoral con máximas garantías. En este punto, han reiterado su plena confianza en la «profesionalidad» de la plantilla de Correos, dejando claro que de quien no se fían es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que creen «dispuesto a todo con tal de conservar el poder» y recordando los vínculos de la exmilitante socialista Leire Díez con la empresa postal. 

   Por su parte Vox, que considera que el voto por correo de los emigrados «no ofrece el mismo nivel de garantías que el exigido para el voto por correo emitido en el territorio nacional», reclamó a la JEC que estableciera un protocolo «uniforme de registro y cadena de custodia que aseguraría la legalidad, objetividad, seguridad y transparencia del voto en el exterior».

   A los de Abascal, el organismo arbitral les replica que el artículo 75 de la LOREG regula «de manera muy detallada el ejercicio del voto por personas que residen en el extranjero» y que la Junta ha ido aprobando instrucciones al respecto en función de las reformas legislativas o cuando se le han planteado dudas sobre este procedimiento. 

EL TC NO VIO DISCRIMINACIÓN

    En todo caso, recalca que la JEC «actúa ante denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad» y que en su escrito Vox «tan solo invoca la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo de los españoles en función de si viven en España o en el extranjero.

   En este punto se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2014 estableció que no consideraba que estas diferencias atentaran contra el «derecho a la igualdad» habida cuenta de las distintas circunstancias de los residentes en cada sitio que obligan a «recurrir a artificios administrativos» para acreditar la «posible la condición de vecinos» de los que viven en el exterior.

   Además, la JEC recrimina a Vox que plantee al organismo arbitral lo que ya solicitó como medida cautelar en la causa abierta en el Tribunal Supremo por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como ‘ley de nietos’, y que fue rechazado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal.

CL9