El CIS ultima una encuesta sobre el impacto de las medidas en materia de vivienda
MADRID 7 Oct. Agencias –
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está ultimando el Barómetro de Vivienda, una encuesta realizada en colaboración con el Ministerio de Vivienda para analizar el efecto de las medidas aprobadas en esta materia.
Este miércoles, el CIS anunció que el avance de los resultados de este barómetro sería publicado mañana jueves, 8 de octubre, pero posteriormente ha indicado a los medios que esta fecha no es segura, por lo que anunciará una nueva fecha una vez se concrete. El acuerdo con el Ministerio de Vivienda contemplaba publicar los resultados antes de que acabe el año.
De publicarse en los próximos días, los resultados coincidirán con la reciente aprobación, por parte del Gobierno, de dos reales decretos-ley de vivienda, uno de los cuales –el más amplio– entrará en vigor este jueves.
Ambos decretos fueron aprobados ya la semana pasada en el Consejo de Ministros y rechazados por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes, lo que ha motivado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado las elecciones generales, aprovechando la movilización social derivada del desahucio de Maricarmen.
Sin embargo, el Gobierno ha vuelto a aprobarlos este martes, tras una serie de modificaciones, y queda pendiente que sean convalidados o derogados por la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes Generales ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles los dos decretos de vivienda aprobados ayer por el Consejo de Ministros y que se someterán a convalidación en la Diputación Permanente.
En el decreto principal, el que tiene más visos de ser convalidado en la Diputación Permanente y que entrará en vigor mañana jueves, se incluye la implantación con carácter estructural de un mecanismo de enervación extraordinaria en los procesos de desahucio por impago de alquiler, la paralización de los desahucios de vulnerables que residan en viviendas de fondos buitre, una mayor regulación de los alquileres temporales y por habitaciones así como beneficios fiscales para inquilinos y arrendadores y un mayor IVA para los pisos turísticos.
Por otro lado, el segundo decreto, que se prevé que no sea convalidado por la Diputación Permanente– fija su entrada en vigor para el próximo 15 de noviembre.
Entre sus disposiciones principales, este decreto establece que, tras agotarse el plazo mínimo del alquiler (5 años ó 7 si el arrendador es persona jurídica), las prórrogas tácitas obligatorias pasarán a ser por plazos sucesivos de 5 o 7 años.
Asimismo, se amplía el plazo de preaviso que debe dar el propietario para no renovar el contrato de 4 a 6 meses (manteniéndose en 2 meses para el inquilino).
Como principal novedad, esta ley obliga al arrendador que comunique válidamente su decisión de no prorrogar el alquiler a indemnizar al inquilino al entregar la vivienda. La compensación será la cantidad mayor entre 12 mensualidades (calculadas según el valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia de precios) o una mensualidad por cada año de residencia en el inmueble.
Las medidas de este decreto se aplicarán a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes a 15 de noviembre respecto de los vencimientos que se produzcan con posterioridad, garantizando además un régimen transitorio para aquellas comunicaciones de no renovación que se hubieran efectuado válidamente antes de su publicación.
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA
El pasado mes de agosto, el CIS firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda para realizar este estudio, que tiene un presupuesto de 288.000 euros.
Según el convenio, recogido por Europa Press, ambas partes han diseñado el estudio teniendo en cuenta «necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución».
«Obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito», especificaba el documento.
Las entrevistas han estado diseñadas para explorar, entre otros, aspectos como la importancia de la vivienda respecto a otras áreas de interés, la demanda y accesibilidad a la propiedad o el alquiler y la valoración y preferencia sobre políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la misma.
Asimismo, se ha preguntado sobre otros temas de interés coyuntural como los relacionados con la proliferación de la vivienda turística, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la inversión inmobiliaria extranjera y aquellos otros que se identifiquen como relevantes por el ministerio y acuerden las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del convenio.
Este será el tercer Barómetro de Vivienda realizado por el CIS. El primero data octubre de 2014 y se centró en la situación habitacional tras los años posteriores a la crisis inmobiliaria. El segundo, sobre vivienda y alquiler, se hizo en abril de 2018 y anteriormente, en abril de 2010 se había hecho uno sobre jóvenes y vivienda.
La vivienda viene apareciendo como principal problema de España en los barómetros del CIS ininterrumpidamente desde diciembre de 2024, y marcó su récord el pasado mes mayo al figurar como tal en el 48,8% de los cuestionarios.
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