El proyecto de ley de vivienda de Aragón continúa su tramitación tras superar el debate de totalidad

ZARAGOZA 10 Sep. Agencias –

El proyecto de ley de vivienda de Aragón continuará su tramitación, hasta ser aprobado en los primeros meses de 2027, tras superar este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, el debate de totalidad. Han votado a favor PP y Vox, en contra el PSOE, CHA e IU, absteniéndose Aragón-Teruel Existe.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en la presentación de esta iniciativa legislativa, ha afirmado que Aragón «necesita y merece» esta ley, que «lleva esperando demasiado tiempo» ya que han pasado 40 años desde que la comunidad autónoma asumió las competencias en esta materia.

En 40 años solo se han construido 1.289 viviendas públicas en la Comunidad Autónoma, «una anomalía», ha dicho, añadiendo que «la vivienda no puede ser un problema enquistado». Aragón necesita «una ley de vivienda propia» para «afrontar la diversidad» de la comunidad autónoma y ha realzado «los resultados palpables y cuantificables» de la política de vivienda del Gobierno PP-Vox, con unas 3.600 viviendas de alquiler asequible «en marcha», por encima de las «raquíticas» cifras de Gobiernos anteriores.

«La hoja de ruta está dando ya resultados», ha continuado López: «Estamos construyendo, poniendo suelo público, colaborando con los Ayuntamientos, buscando soluciones en el territorio», haciendo notar el impacto de los programas de vivienda pública en colectivos como los 47.000 jóvenes que quieren emanciparse y carecen de vivienda propia.

López ha defendido la colaboración público-privada y ha resaltado medidas como los pisos para trabajadores turísticos y los programas para facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores de empresas. «No hay una única solución, las realidades son diversas» y es necesario conceder más ayudas, agilizar los trámites administrativos y, en general, proporcionar «equilibrio» entre lo rural y lo urbano, inquilino y propietario, sin «dogmas» ni «recetas simples», tras lo que ha puesto de relieve la importancia de la seguridad jurídica.

Desde el PP, la diputada Susana Cobos, ha asegurado que «es urgente» aprobar la ley de vivienda de Aragón y que los socialistas han convertido la vivienda en «el principal problema de todos los españoles», tras lo que ha apostado por «blindar» el parque público de vivienda.

Ha apuntado que las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 se están ejecutando y ha defendido «los hechos y realidades» del Gobierno de Jorge Azcón, insistiendo en que «faltan viviendas», tras lo que ha apuntado que Aragón es la tercera comunidad autónoma donde más crece el parque de vivienda protegida.

Cobos ha aplaudido la actualización de los módulos de vivienda pública y, por otra parte, ha aseverado que el Gobierno regional no va a declarar zonas tensionadas: «La realidad de Aragón es distinta a otras comunidades autónomas», rechazando este aspecto de la ley estatal, sin hacer una crítica «ideológica».

La parlamentaria de Vox, Carmen Rouco, ha anunciado el voto a favor de su grupo, como hicieron en 2025, «porque Aragón necesita una buena ley de vivienda, que ponga la vivienda al alcance de nuestros jóvenes y de los no tan jóvenes», aseverando que el suyo «es un voto de responsabilidad».

«Venimos de un Gobierno del PSOE con CHA que fue un estrepitoso fracaso» porque solo impulsó 86 viviendas en ocho años: «Ni hicieron viviendas, ni equipamientos ni carreteras, dejaron las infraestructuras en un auténtico erial», de forma que muchas familias han tenido dificultades para acceder a una vivienda y numerosos trabajadores han tenido que abandonar sus pueblos.

«Creemos en la vivienda digna», ha proclamado Carmen Rouco, quien ha defendido el principio de prioridad nacional para «establecer unos criterios justos», como el arraigo «real», y ha dejado claro que «los okupas no pueden ser beneficiarios de la vivienda social, que es para quien la necesita y cumple las reglas».

El portavoz adjunto del PSOE, Jesús Morales, ha opinado que este proyecto de ley pretende «confrontar modelos» y no propiciar «el consenso», criticando que la derecha considera que la vivienda es un bien de mercado, y ha reivindicado el derecho constitucional a la vivienda digna, expresando su apoyo a la ley estatal de vivienda.

Morales ha recalcado que «la vivienda es un derecho fundamental», preguntando qué ocurre con las ayudas al alquiler de 2025 y ha recordado que Octavio López forma parte del Gobierno de Aragón desde 2023 y le ha exigido que la ley recoja «todas las sensibilidades».

«Hay que ver cómo cambia la política cuando se sientan en una bancada o en otra», ha reprochado Morales al consejero, señalando que es el Gobierno es el que «tiene que dar las respuestas», y ha avisado de que el precio de la vivienda ha aumentado un 43% en los últimos tres años excepto donde no gobiernan PP ni Vox, rechazando «la política liberal-conservadora de protección a los grandes tenedores».

En el turno en contra, el diputado de CHA, Mascún Ariste, ha preguntado «si esta ley de vivienda va a cambiar las cosas o va a ser un anuncio más» porque «un pueblo no gana población con una infografía», y ha defendido la ampliación del parque público de vivienda, tras lo que ha observado que el proyecto de ley que ahora se tramita es «prácticamente el mismo texto, con cuatro retoques», que el que se registró en el Parlamento la legislatura pasada.

Ariste ha preguntado «qué compromisos concretos» adquiere el Gobierno de Aragón y «qué instrumento concreto» tendrán los pequeños Ayuntamientos para ampliar su parque de viviendas, subrayando que «detrás de cada cifra hay una realidad». Este proyecto de ley «se queda corto», ha zanjado.

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, la Comunidad Autónoma «ha perdido año y medio por puro interés partidista» del PP y ha rechazado la inclusión del principio de prioridad nacional en esta iniciativa legislativa. Ha anunciado su abstención en este debate de totalidad.

«Necesitamos una política de vivienda que garantice que cualquier persona pueda acceder a una vivienda adecuada y en todo el territorio», llamando la atención sobre la relación entre la política de vivienda y la ordenación del territorio. A esta ley «le falta ambición» porque debería garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, impulsar la rehabilitación y contribuir al reequilibrio territorial: «Este proyecto de ley se queda muy corto».

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha considerado que este proyecto de ley no resuelve «el drama de la vivienda» en Aragón y que «el problema es estructural» al situarse la vivienda como «un bien especulativo», lamentando que este proyecto de ley «no pone coto a la especulación». Ha propuesto incorporar al parque público las 130.000 viviendas que no están en el mercado y ha reivindicado «el derecho a techo digno».

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