Fedea pide a España condicionar las ayudas públicas a la industria china a proyectos reales, no a anuncios

MADRID 9 Sep. –

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha reclamado al Gobierno español que extreme las exigencias ante la llegada de inversiones productivas procedentes de China y que condicione cualquier dinero público a «inversión ejecutada y a hitos verificables», evitando subvencionar meros anuncios o compromisos iniciales.

En un detallado informe elaborado por Judith Arnal sobre las implicaciones del «China shock 2.0», el ‘think tank’ aboga por mantener una postura general de apertura por la condición de España como segundo productor de automóviles de la UE sin un gran fabricante de capital nacional.

Sin embargo, enfatiza que «apertura no significa aceptación incondicional» ni justifica subvencionar cualquier proyecto sin garantías de retorno para el tejido económico local.

Para evitar que las distintas administraciones autonómicas y locales entren en una competencia a la baja, Fedea propone «un registro único de ayudas y compromisos que permita conocer el apoyo público total, comparar ofertas y comprobar posteriormente su ejecución».

Asimismo, en los proyectos de gran dimensión, Fedea aconseja la consulta temprana con la Comisión Europea para mitigar el riesgo de que las ayudas españolas se acumulen a subvenciones extranjeras incompatibles con el mercado interior.

La entidad aclara que las «condiciones industriales» –relativas a empleo, formación, uso de proveedores locales y desarrollo de valor añadido real frente al mero ensamblaje– deben imponerse exclusivamente a través de las bases regulatorias de las subvenciones públicas y aplicarse con independencia de la nacionalidad del inversor.

En el plano regulatorio, el estudio urge a adaptar la legislación nacional de control de inversiones (screening).

El informe advierte de que la legislación actual está diseñada para cambios de titularidad o toma de control en empresas existentes, excluyendo expresamente del examen las reestructuraciones internas o las ampliaciones de filiales ya controladas por inversores extranjeros.

Para resolver esta laguna, Fedea sugiere modificar la norma para cubrir explícitamente las inversiones de nueva planta (greenfield) y las ampliaciones sustanciales en sectores estratégicos, fijando umbrales y criterios previsibles.

El ‘think tank’ recalca que este mecanismo debe reservarse estrictamente para mitigar «riesgos concretos de seguridad, salud u orden público», sin utilizarse como herramienta general para exigir contenido nacional o transferencias tecnológicas.

El análisis de Fedea pone el foco en la brecha entre los anuncios de inversión y su desembolso efectivo. El ‘think tank’ contabiliza unos 14.500 millones de euros en operaciones de capital chino en España desde 2019, la mayoría concentradas a partir de 2024.

No obstante, precisa que únicamente 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, mientras que 6.100 millones están en construcción y 6.800 millones corresponden a anuncios aún no materializados. «La variable relevante no es cuánto se anuncia, sino cuánto acaba ejecutándose», resalta el texto.

En este sentido, el informe puntualiza que las plantas de simple ensamblaje no deben prohibirse, pero tampoco deben recibir el mismo volumen de apoyo público que una instalación integrada con estampado, soldadura e ingeniería local.

Según Fedea, si existen subvenciones, estas deben vincularse a una trayectoria verificable de integración productiva y a la consecución de una auténtica «autonomía operativa» en licencias, software y formación del personal.

El documento enmarca estas recomendaciones en el paso del «China shock 1.0» (centrado en importaciones de bienes de consumo intensivos en mano de obra) al «China shock 2.0», donde el país asiático compite en el núcleo industrial europeo (maquinaria, electrónica, química, baterías y automóvil) e instala fábricas dentro de la propia UE.

Aunque el índice de exposición de Fedea sitúa a España en la mitad inferior de los 27 Estados miembros (lejos del nivel de riesgo de Alemania), la economía española presenta vulnerabilidades específicas.

China es ya desde el primer semestre de 2026 su principal proveedor, y el déficit comercial bilateral alcanza el 2,5% del PIB porque España apenas cubre el 15,5% de sus importaciones chinas con exportaciones a ese mercado, apunta Fedea.

Al estar las ventas españolas a China muy concentradas en productos como el porcino (cerca de 1.000 millones de euros en 2025), el informe advierte de que el país es sensible a las represalias comerciales selectivas de Pekín.

Por ello, Fedea reclama que cualquier medida de defensa comercial impulsada por la UE incorpore desde el inicio una evaluación de vulnerabilidad y articule mecanismos comunitarios de solidaridad para compensar el impacto en las regiones o sectores afectados.

CL4