Asturias exige a Medio Ambiente respeto para el trabajo técnico del Principado sobre el lobo
OVIEDO, 29 Ago. Agencias –
El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos, ha exigido este sábado a la secretaría de Estado de Medio Ambiente que rectifique sus declaraciones sobre los datos aportados por Asturias para el informe sexenal del lobo y respete el trabajo desarrollado durante décadas por los técnicos, agentes medioambientales e investigadores que realizan el seguimiento de la especie en el Principado.
Marcos considera especialmente graves las afirmaciones del ministerio que los datos remitidos por las comunidades autónomas «falsean la realidad» y responden a criterios políticos frente a los científicos: «El Gobierno de Asturias rechaza de plano esa descalificación. El ministerio no tiene el monopolio del conocimiento científico ni puede convertir una discrepancia técnica en una acusación contra la profesionalidad de quienes llevan décadas estudiando y gestionando la especie sobre el territorio».
Según explican desde el Prinicpado, Asturias cuenta con uno de los sistemas de seguimiento del lobo más consolidados de España, con trabajos continuados desde 1986, censos periódicos, seguimiento de las manadas y colaboración científica con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo). Esa información ha permitido acreditar una evolución favorable de la población y fundamentar técnicamente los datos remitidos para el informe sexenal.
La consejería considera además que las últimas declaraciones de la secretaría de Estado contradicen el contenido de las comunicaciones remitidas por el propio ministerio. En su escrito del 30 de julio, la Secretaría de Estado califica expresamente las incidencias detectadas por Reportnet como «errores no bloqueantes» y reconoce las respuestas técnicas aportadas por Asturias y otras comunidades. Por tanto, el Principado rechaza que ahora se pretenda presentar públicamente esos avisos como una prueba de que los datos son falsos o que el sistema europeo impide su remisión.
«Una cosa es que el ministerio discrepe de los valores establecidos por Asturias y otra muy distinta acusar a esta comunidad de aportar información que falsea la realidad. Esa acusación exige una explicación y una rectificación», considera Medio Rural.
El Gobierno de Asturias ha mostrado desde el primer momento su disposición a subsanar cuestiones formales, adaptar unidades de medida y aportar todas las aclaraciones adicionales que resulten necesarias. Pero dice que no acepta modificar unos valores favorables de referencia «establecidos y justificados por los técnicos únicamente para adecuarlos al criterio que pretende imponer el ministerio».
El Principado recuerda también que el informe sexenal tiene naturaleza técnica y que los datos oficiales corresponden a las comunidades autónomas, responsables directas del seguimiento y la gestión de las poblaciones de lobo en sus territorios.
Para Medio Rural, resulta especialmente preocupante que el ministerio vuelva a situar este debate en términos de enfrentamiento entre ciencia y comunidades autónomas. El Principado ya ha advertido en anteriores ocasiones de que esta actitud contribuye a polarizar innecesariamente la gestión de una especie que exige equilibrio, conocimiento del territorio y responsabilidad.
Según el Gobierno regional, los datos de Asturias muestran una población de lobos estable y viable, al mismo tiempo que persisten importantes daños sobre la ganadería extensiva. Esa doble realidad es la que fundamenta desde hace años la posición del Gobierno de Asturias: garantizar la conservación del lobo y disponer, al mismo tiempo, de herramientas de gestión que permitan hacerlo compatible con la actividad ganadera y la vida en el medio rural.
Marcos ha reclamado finalmente al ministerio que abandone las descalificaciones, incorpore la información aportada por el Gobierno de Asturias y complete la remisión del informe a las instituciones comunitarias. «No vamos a aceptar que se desacredite a nuestros técnicos ni que se califique de política una información elaborada con rigor durante décadas. Si el ministerio discrepa, que explique técnicamente sus razones, pero que no acuse de falsear la realidad a quienes están haciendo su trabajo», ha concluido.
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