Proyectos solares vs comunidades mayas entran en nueva etapa
MÉXICO – Durante al menos siete años, grupos mayas de las comunidades San José Tipceh y Planchac lucharon contra los proyectos privados de energía solar Ticul A y B, situados en el municipio de Muna, en el sudoriental estado mexicano de Yucatán.
En abril, obtuvieron la cancelación del permiso del proyecto a gran escala, propiedad de la privada compañía Vega Solar 1 y de 414 megavatios (Mw) de capacidad instalada sobre una superficie de 738 hectáreas –en su mayoría selva–, de las que la empresa a cargo planteaba talar de árboles 384, de tres municipios yucatecos.
Los opositores argumentaron la violación al derecho de consentimiento libre de presiones, previo al diseño y construcción de las obras y con información integral y oportuna, así como daño territorial.
Pero la amenaza de los proyectos de energía renovable a gran escala para las comunidades persiste, ahora impulsada por el nuevo esquema de plantas de inversión mixta que promueve el gobierno mexicano.
“Todo se hace a nuestras espaldas. Nos preocupa la insensibilidad con la que tan fácilmente justifican destruir la selva que nos da vida para sembrar fotoceldas que benefician a los ya privilegiados”: Cecilia Uh.
Bajo las nuevas disposiciones, aparecen en el horizonte dos parques solares en Campeche, uno en Quintana Roo y siete en Yucatán, estados que integran la península de Yucatán, un territorio que alberga el segundo macizo selvático de América Latina, detrás de la Amazonia.
Una de ellas es la Planta Solar Haab Kiin, a cargo de la empresa Desarrollos y Soluciones Energéticas Arce y de 155 Mw de capacidad, situada entre los municipios yucatecos de Umán y Hunucmá, a unos 1300 kilómetros de Ciudad de México.
La maestra indígena maya Cecilia Uh, fundadora de la Escuela de Agricultura Ecológica U Neek’ Lu’um, cuestiona la falta de información de los megaproyectos para las comunidades afectadas.
“Todo se hace a nuestras espaldas. Nos preocupa la insensibilidad con la que tan fácilmente justifican destruir la selva que nos da vida para sembrar fotoceldas que benefician” a los ya privilegiados, criticó para IPS desde Hunucmá.
Estas iniciativas forman parte de la Primera Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto, que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que rige el sector, y la Secretaría (ministerio) de Energía lanzaron en febrero para diseñar, financiar, construir, operar y mantener proyectos renovables.
De esa cuenta, CFE adjudicó en junio 37 parques solares a 31 empresas privadas.
Nuevas obras, viejos problemas
Para Rodrigo Patiño, miembro del colectivo Articulación de Energía Sustentable de Yucatán, los proyectos solares y eólicos derivados de la reforma energética de 2013 del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió al capital privado los sectores de hidrocarburos y electricidad, son antecedentes de la nueva ola de emprendimientos.
“La preocupación es que los proyectos avancen de manera arrasadora. Siendo el gas fósil un problema histórico de desabasto en la península, el esquema de renovables se vuelve atractivo, pero no deja de representar impactos para los ecosistemas y las comunidades de la región”, señaló a IPS desde Mérida, la capital yucateca.
A su juicio, la adjudicación de 10 megaproyectos es demostración de una planeación de arriba abajo, “como lo fue con los proyectos derivados de la reforma energética de 2013, sin considerar la vocación ni la capacidad de carga socioambiental del territorio a nivel regional”.
Si bien el despliegue de proyectos renovables puede impedir la proliferación de instalaciones que queman fósiles para la generación eléctrica, esta sustitución debe apegarse a los principios de la transición energética justa, como el respeto a los derechos de la naturaleza, la consideración de daños territoriales y la observancia de derechos durante dicha transición.
IPS revisó las evaluaciones de impacto ambiental de las plantas en la península y halló, entre los impactos más importantes, la remoción de cubierta vegetal (selva baja y vegetación secundaria), el riesgo de erosión, la modificación de la capacidad de infiltración hídrica, la alteración o fragmentación del hábitat.
Además, el autor de este reportaje corroboró la existencia de vegetación mediante la revisión de imágenes satelitales de la ubicación de los proyectos. Por ejemplo, la instalación de la central Haab Kiin significa el corte de 250 hectáreas de selva.
“La preocupación es que los proyectos avancen de manera arrasadora. Siendo el gas fósil un problema histórico de desabasto en la península, el esquema de renovables se vuelve atractivo, pero no deja de representar impactos para los ecosistemas y las comunidades de la región”: Rodrigo Patiño.
Los 10 parques fotovoltaicos totalizan más de 950 Mw sobre unas 1900 hectáreas. Zonas de Campeche y Yucatán poseen alto potencial de energía solar.
En la península, habitada por 5,25 millones de personas, operan tres centrales solares y tres eólicas.
La instalación de paneles solares residenciales está en alza en México desde 2017, con una capacidad acumulada superior a 5000 Mw. Yucatán ocupó el décimo lugar en 2025, con casi 31 000 solicitudes de interconexión con una capacidad de 208 Mw, en una lista que encabezan el occidental estado de Jalisco y los norteños de Nuevo León y Chihuahua.
Debido a su ubicación geográfica y la creciente demanda, que impulsan el crecimiento poblacional y el turismo masivo, la península de Yucatán se ha transformado en la nueva frontera energética nacional.
Con limitaciones para expandir la red eléctrica, de por sí frágil e insuficiente, y así trasladar electricidad de otras zonas, el gobierno mexicano construye dos plantas de generación que queman gas y evalúa la instalación de una barcaza de gas para ese mismo propósito frente a las costas de Quintana Roo, idea que rechazan organizaciones ambientales.
Desde marzo de 2025 ha habido al menos tres apagones masivos que dejaron a la península a oscuras y paralizaron las actividades durante horas.
El Programa Especial de Bienestar Energético y Mitigación de Emisiones 2025-2030 de Yucatán cita transición justa 10 veces, pero menciona derechos solo dos.
Las empresas promotoras de las iniciativas deben presentar una Evaluación de Impacto Social (Evis), que enlista los efectos de sus obras, las acciones de mitigación y planes de gestión social.
Ambiciones
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024, quiere revivir la transición energética que su predecesor y mentor político Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sumió en la penumbra.
Si bien ambos han coincidido en privilegiar la explotación del gas y el petróleo, la presidenta pretende que convivan con las alternativas energéticas limpias.
En 2025, la matriz energética mexicana dependió del gas (60 %), carbón (8 %), petróleo (7 %), hidroelectricidad (7 %), solar (7 %), eólica (6 %), nuclear (3 %), biomasa y geotermia (2 %).
El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 agregaría 22 000 Mw renovables a la matriz energética nacional, para alcanzar 37,8 % de energía limpia, desde el actual 22,5 %, de modo que CFE, la entidad dominante del sector, posea 54 % del mercado y el resto, lo hagan actores privados.
El gobierno de Sheinbaum destinará 12 300 millones de dólares para generación eléctrica, 7500 millones para infraestructura de transmisión y 3600 millones para producción fotovoltaica descentralizada o distribuida en las viviendas.
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“La forma más rentable a nivel económico de los proyectos de energía renovable es a través de sistemas centralizados de gran escala. Este esquema demuestra que la energía es para los grandes consumidores, como la industria, y no para las comunidades locales que ciertamente son beneficiadas de proyectos descentralizados de pequeña escala por su bajo consumo energético”, resaltó Patiño.
Entre las necesidades energéticas de la península de Yucatán y los derechos de las comunidades, el gobierno busca más emprendimientos. En mayo lanzó la Convocatoria para la atención de proyectos estratégicos de generación y almacenamiento de energía eléctrica, alineados a la planeación vinculante bajo esquemas para el desarrollo mixto, con capacidad igual o mayor a 0,7 Mw.
La región peninsular atrajo propuestas por 140 Mw y capacidad de almacenamiento en baterías de tres horas.
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