Guatemala: Un pequeño resquicio en un sistema judicial secuestrado
MONTEVIDEO – José Rubén Zamora, fundador de «elPeriódico», el ya desaparecido medio de investigación más importante de Guatemala, pasó 1295 días detenido antes de que un tribunal le concediera el arresto domiciliario el 12 de febrero. Sufrió largos períodos de aislamiento en una cárcel militar, recluido en una oscuridad casi constante y sometido a un trato que, según advirtieron seis expertos de la ONU, podría constituir tortura.
Su delito consistio, sencillamente, en hacer su trabajo. Durante décadas, sacó a la luz las prácticas corruptas de las élites económicas y políticas de Guatemala. La fiscalía del país sigue intentando volver a enviarlo a prisión.
La policía detuvo a Zamora en julio de 2022 a raíz de una denuncia presentada por un antiguo banquero que era objeto de una investigado por delitos financieros, tras la investigación periodística de Zamora sobre la corrupción bajo el mandato del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
En cuestión de meses, elPeriódico había cerrado tras la intimidación a sus anunciantes y la criminalización de su plantilla. Un tribunal condenó a Zamora por blanqueo de capitales en junio de 2023 y, cuando un tribunal de apelación anuló la condena, un segundo proceso lo mantuvo en prisión de todos modos.
Los tribunales ordenaron su puesta en libertad en varias ocasiones, y cada vez las salas de apelación revocaron esas decisiones. El Tribunal Supremo trasladó a un juez que había dictaminado su puesta en libertad a un tribunal de otra parte de Guatemala. Al menos q10 abogados que asumieron su defensa se vieron obligados a abandonarla bajo presión. Algunos fueron procesados y encarcelados.
En mayo de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención de Zamora era arbitraria y constitutiva de represalia, y recomendó su puesta en libertad inmediata.
Tardó casi dos años más en poder volver a casa. En marzo de este año, la Corte Suprema anuló las sentencias que lo habían devuelto a prisión, al considerar que violaban las garantías procesales. La Corte Constitucional examinó en junio el último recurso de la fiscalía para volver a enviarlo a la cárcel, pero aún no ha dictado su fallo.
La maquinaria de la impunidad
El calvario de Zamora no es una aberración; es así como están diseñadas para funcionar las instituciones secuestradas en este país centroamericano. El Estado guatemalteco lleva mucho tiempo en manos de lo que los guatemaltecos denominan «el pacto de los corruptos», una coalición de líderes empresariales, narcotraficantes, militares y políticos que se ha apoderado del sistema judicial para garantizar su propia impunidad.
Cualquiera que amenace ese acuerdo se arriesga a ser procesado por cargos falsos, reforzados por una campaña de desprestigio coordinada. Esto incluye a periodistas que investigan la corrupción, a jueces y fiscales que la persiguen, y a activistas indígenas, defensores de los derechos sobre la tierra y activistas climáticos que se movilizan contra sus consecuencias.
El objetivo, tal y como lo expresó un líder de la sociedad civil guatemalteca, es infundir miedo para que nadie se atreva a cuestionar nada. Más de 100 personas, entre ellas unos 50 jueces y fiscales, se han exiliado antes que enfrentarse a acusaciones falsas.
Dado que el sistema judicial está al servicio del pacto de los corruptos en lugar de al de la ley, cualquier intento serio de desmantelar la corrupción ha requerido apoyo externo.
En 2006, la ONU y el gobierno guatemalteco acordaron crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig).
A lo largo de 12 años, la Cicig y la Fiscalía General investigaron más de 70 estructuras delictivas complejas y presentaron cargos contra más de 1540 personas, entre ellas expresidentes, ministros, diputados y figuras del mundo empresarial. Esto puso en tela de juicio la percepción de que los poderosos eran intocables.
Pero el propio éxito selló su destino. Cuando la Cicig investigó al entonces presidente Jimmy Morales en 2017, este tomó medidas para desmantelarla, negándose a renovar su mandato y nombrando a una fiscal general dócil, Consuelo Porras.
El presidente Giammattei ratificó a Porras, quien procesó o destituyó a decenas de jueces y fiscales que habían colaborado con la Cicig.
Ella convirtió la Fiscalía General en un instrumento de persecución, al tiempo que desestimaba 74 % de las denuncias presentadas ante ella sin investigarlas. Cuando su mandato finalizó en mayo, más de 40 Estados nacionales la habían sancionado a ella y a algunos de sus colaboradores. La institución creada para perseguir el delito se había convertido en la herramienta clave del Estado guatemalteco para cometerlo.
Nuevo presidente, mismo sistema
Los guatemaltecos eligieron a Bernardo Arévalo en 2023 con el mandato de desmantelar este sistema, pero el sistema ha intentado constantemente neutralizarlo. La victoria de este sociólogo, diplomático y político de centroizquierda resultó inesperada. Llegó a la segunda vuelta por los pelos, en gran parte porque el «establishment» no lo había considerado una amenaza lo suficientemente seria como para bloquearlo.
Su triunfo definitivo desencadenó lo que la sociedad civil describió como un intento de golpe electoral, con denuncias legales espurias, redadas en la sede de su partido y al menos dos complots de asesinato creíbles. Fueron necesarios 106 días de resistencia pacífica liderada por las autoridades indígenas para garantizar que tomara posesión de su cargo.
Pero asumir el cargo no era lo mismo que tomar el poder. El partido de Arévalo, Semilla, solo contaba con 23 de los 160 escaños del legislativo Congreso, y su personalidad jurídica fue posteriormente anulada por orden judicial.
El Congreso bloqueó la reforma legislativa que le habría permitido destituir a Porras, y el Tribunal Supremo —cuyos 13 magistrados fueron seleccionados en 2024 mediante un proceso plagado de candidatos vinculados a redes de corrupción— se negó a levantar su inmunidad.
A lo largo de lo que va de mandato de Arévalo, la Fiscalía General siguió criminalizando la disidencia e intentó en repetidas ocasiones privar a Arévalo de su inmunidad.
Una estrecha ventana de oportunidad
Pero el mandato de Porras acabó expirando, y su sucesor, Gabriel García Luna, un juez de carrera sin vínculos con redes de corrupción, ha actuado con rapidez, destituyendo a los fiscales vinculados a Porras y cerrando la fiscalía especial que fabricó casos contra Zamora y muchos otros.
Su llegada ofrece la primera oportunidad genuina en ocho años.
Pero es una oportunidad estrecha. El Congreso sigue en manos de la oposición, y este año deben renovarse tanto el Tribunal Constitucional como la Contraloría General y la autoridad electoral. Los intereses corruptos están bien posicionados para aprovechar estos procesos y afianzar su control.
Ahora depende en gran medida de si Arévalo apoya con su peso político los esfuerzos de García Luna por reconstruir la institución que Porras convirtió en un arma, y de si se consigue mantener los órganos que deben renovarse fuera del alcance del pacto corrupto.
La señal más clara de cambio se producirá si Zamora y las docenas de personas más criminalizadas por denunciar la corrupción y defender los derechos dejan de ser objeto de persecución judicial y, en cambio, son sus perseguidores quienes se enfrentan a la justicia.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
T: MF / ED: EG
CL14
