Más Madrid acusa al Gobierno de Ayuso de «perseguir» a los bomberos forestales: «Miserables es poco»
MADRID 24 Jul. (Agencias) –
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado este viernes al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de «perseguir» a los bomberos forestales después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado que estudiará «todas las vías jurídicas y administrativas» contra el «1%» del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) «en huelga».
«Estamos ante el peor incendio que hemos vivido en Madrid y eligen perseguir a quienes nos salvan del fuego. Miserables es poco», ha escrito Bergerot en la red social ‘X’, después de desplazarse hasta el puesto de mando instalado en Cenicientos.
Ha reaccionado así al comunicado en el que el Ejecutivo autonómico califica de «inadmisible» la actuación de este grupo de trabajadores, que representa, según la Comunidad, menos del 1% de los 6.000 profesionales y voluntarios que integran el dispositivo global.
El Gobierno regional sostiene que los 60 bomberos forestales han mantenido una «estrategia de chantaje» para condicionar la organización operativa y ofrecer una imagen «distorsionada» del funcionamiento de los servicios de emergencia en plena emergencia de interés nacional.
Los trabajadores habían comunicado a través de las redes sociales que acudirían «por su cuenta» a los incendios ante lo que describían como una falta de órdenes y medios por parte de la Dirección General de Emergencias, después de asegurar que se encontraban sin vehículos para desplazarse al lugar de prestación del servicio.
La Comunidad ha defendido que la gestión de un gran incendio no puede convertirse en una herramienta de presión laboral y ha advertido de que no caben actuaciones al margen de la coordinación oficial, puesto que los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados y bajo disciplina de mando.
Asimismo, ha asegurado que estos trabajadores conocen sus destinos y los procedimientos establecidos para la campaña de 2026, pero permanecen en la sede de la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, en lugar de encontrarse en las bases operativas que les corresponden.
El Ejecutivo autonómico estudiará las posibles responsabilidades derivadas de conductas que, a su juicio, hayan podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación del dispositivo de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural.
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