Canarias destina 16 millones a subvencionar colegios de Abogacía para garantizar la atención jurídica gratuita
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jul. –
El Gobierno de Canarias ha concedido casi 16 millones de euros (15.995.948euro) en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026.
Así lo ha indicado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario, Nieves Lady Barreto, en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes.
El objetivo, según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio, ha indicado el Gobierno canario en nota de prensa.
Los beneficiarios son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, así como los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Posteriormente son estos colegios los encargados de retribuir a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que necesitan una defensa jurídica y no cuenta con recursos económicos suficientes.
Asimismo se indica que el presupuesto de 2026 incorpora también el incremento de los baremos con los que se retribuyen los servicios prestados por estos profesionales. Así tras la subida del 15% aplicada en 2025, este año se han incrementado un 7%.
Este proceso concluirá en el año 2027 con una nueva subida del 8%, lo que permitirá alcanzar un aumento acumulado del 30% en los módulos retributivos, conforme al acuerdo suscrito con los colegios profesionales para actualizar las cuantías en función del IPC.
Finalmente señala que el coste de la justicia gratuita incluye además la asistencia jurídica a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas de Canarias, un servicio cuyo importe, matiza, «continúa sin ser abonado por el Estado».
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