El agua revela las grietas del crecimiento urbano en El Salvador
APOPA, El Salvador – Para amplios segmentos de la población salvadoreña, el acceso al agua potable, de calidad y en cantidad, sigue siendo una aspiración que se topa con décadas de ineficiencia en la gestión del recurso y con políticas de libre mercado que generan aún más inequidad para que llegue a todos por igual.
“El agua nunca nos ha caído realmente como debe de ser, y desde hace aproximadamente dos meses vivimos una crisis, no cae a ninguna hora del día”, dijo a IPS Abigaíl Hernández, una de las residentes en Valle Verde I que han sufrido, por dos décadas, un servicio de agua deficiente en ese populoso vecindario obrero, en el distrito de Apopa, en el norte de San Salvador.
Esa realidad la viven a diario miles de personas en El Salvador, un país de algo más de seis millones de habitantes dentro del istmo centroamericano.
En Valle Verde I, así como en Valle Verde II, dos colonias o barrios residenciales, el servicio de agua potable, gestionado por una empresa privada, lejos de aliviarse, ha ido empeorando con el tiempo, afirmó a IPS Luis Montoya, residente de Valle 1 desde hace 28 años. Unas 15 000 familias sufren actualmente la falta de agua en sus grifos.
“Cuando se construyeron estas colonias, hace como tres décadas, el servicio de agua ya venía como parte del proyecto residencial, privado, y al principio funcionó bien, pero luego se fue deteriorando hasta los niveles críticos que tenemos ahora”, agregó Montoya, un mecánico de vehículos de 57 años.
El servicio de agua es suministrado por la Administradora de Pozos (Ampo), compañía que en 2024 fue multada con 274 000 dólares, por extraer el agua del acuífero sin el permiso de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el ente rector del recurso.
Pese a esa sanción, la compañía continuó como proveedora de agua a las colonias Valle Verde I y II, pues no fue suspendida.
“El agua nunca nos ha caído realmente como debe de ser, y desde hace aproximadamente dos meses vivimos una crisis, no cae a ninguna hora del día”: Abigaíl Hernández.
Montoya contó que el suministro se volvió cada vez más irregular, mientras la tarifa mensual se mantuvo en 9,64 dólares, muy por encima del cargo fijo mensual cobrado a las personas cuyo servicio es provisto por la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda).
El cargo mínimo mensual es de 2,29 dólares, e incluye el consumo de hasta 10 metros cúbicos de agua.
«Al principio hasta caía en la ducha, ahora eso es un lujo ya, un sueño», dijo, sentado bajo la sombra de un árbol, en el parquecito del vecindario, lugar al que poco a poco fueron llegando más afectados para contar a IPS la dura situación que atraviesan.
Cañerías vacías
De la población salvadoreña, 90,7 % tiene acceso al agua por cañería y en las áreas urbanas esa cobertura alcanza el 95,7 %, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025. Sin embargo, ese indicador no significa que los hogares reciban agua de forma continua.
De acuerdo con la hidróloga Marcia Barrera, coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Gestión Integral del Agua, de la pública Universidad de El Salvador, la medición únicamente registra si existe una fuente de abastecimiento, pero no con qué frecuencia llega el agua a las viviendas.
«No es lo mismo que me caiga agua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, que me caiga agua de 2:00 a 4:00 de la madrugada», ejemplificó la especialista.
Esa diferencia, añadió, explica por qué las estadísticas pueden mostrar una cobertura elevada mientras numerosas comunidades siguen enfrentando racionamientos y se ven obligadas a almacenar agua para cubrir sus necesidades diarias.
Barrera sostuvo que las dificultades de abastecimiento responden a una combinación de factores. Entre ellos mencionó el deterioro de las redes de distribución, las fugas, la pérdida de presión en las tuberías, la ubicación de las viviendas respecto de los tanques de distribución y el desperdicio de agua por parte de algunos usuarios.
También reconoció avances en la modernización de la infraestructura de potabilización y en la reparación de fugas, aunque consideró que aún existen limitaciones propias de sistemas construidos hace décadas.
La académica distinguió entre dos formas de escasez de agua. La primera es la escasez física, cuando la disponibilidad natural del recurso resulta insuficiente para atender la demanda. La segunda es la escasez económica, que ocurre cuando existe agua, pero faltan los recursos o la infraestructura necesarios para extraerla, tratarla y distribuirla.
En algunas zonas del país, particularmente en el oriente, ambas condiciones comienzan a coincidir debido a la reducción de caudales y a las limitaciones para ampliar los sistemas de abastecimiento, acotó.
Menos agua por persona
Las Naciones Unidas estiman que El Salvador registra un nivel de estrés hídrico cercano a 13 %. Ese indicador mide la presión que ejercen las extracciones sobre los recursos hídricos disponibles, pero no la cantidad de agua que corresponde a cada habitante. Bajo este último indicador, el país presenta la menor disponibilidad de agua por persona entre los siete países centroamericanos.
Según Barrera, la disponibilidad ronda los 3500 metros cúbicos por persona al año, mientras Guatemala prácticamente duplica esa cantidad y Nicaragua supera los 25 000 metros cúbicos por habitante.
Para la especialista, esa condición obliga al país a administrar el recurso con mayor eficiencia.
“Esto nos dice: ojo, El Salvador, hay que hacer más eficiente el uso del agua”, subrayó.
Si bien el estrés hídrico nacional no figura entre los más altos a escala mundial, advirtió que El Salvador dispone de un margen mucho menor que el resto de países de la región para responder a períodos de sequía o a una disminución de las precipitaciones asociada al cambio climático.
El balance hídrico elaborado para el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos estimó que El Salvador dispone de alrededor de 20 292 millones de metros cúbicos de agua al año, considerando tanto las aguas superficiales como las subterráneas.
Esa cuantificación incorpora no solo el agua generada dentro del territorio nacional, sino también las aportaciones provenientes de las cuencas transfronterizas.
Barrera explicó que esa condición convierte al país en un territorio con una importante dependencia hídrica de sus vecinos Guatemala y Honduras. Precisó que, en el caso de los acuíferos, una parte del agua es recargada en esos dos países y luego migra de forma natural hacia territorio salvadoreño.
Las leyes del mercado: más inequidad
Si bien existen directrices de planificación estatal, en El Salvador la gestión del suelo y de sus recursos hídricos responde más a las dinámicas del libre mercado.
Aunque el Área Metropolitana de San Salvador cuenta con una planificación técnica desde 1950, el desarrollo urbano real ha sido conducido por el sector privado con escasa intervención reguladora del Estado, explicó Carlos Grande, académico del Departamento de Organización del Espacio, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
“En El Salvador nunca ha habido un uso de la tierra sino bajo la forma del libre mercado”, aseguró Grande en diálogo con IPS.
Según el investigador, esta inercia liberal en la construcción de la ciudad reproduce de manera sistemática un patrón de desarrollo territorial desigual, en el cual el acceso al agua potable se distribuye de forma asimétrica.
El crecimiento urbano del Área Metropolitana de San Salvador “no crece desordenado, creció ordenado, pero ordenado en función del libre mercado», afirmó.
Bajo ese esquema, advirtió, “ese crecimiento en función del libre mercado, casi por inercia va a crear injusticia, va a crear inequidad”, al concentrar las inversiones y los servicios en determinadas zonas mientras otras quedan rezagadas.
A su juicio, el papel del Estado debería ser moderar esas desigualdades mediante la planificación territorial y la aplicación de los instrumentos existentes.
Sin embargo, Grande sostuvo que esos mecanismos se utilizan de manera limitada o no se aplican en las áreas más sensibles, lo que perpetúa un desarrollo urbano desigual. “No es un tema realmente técnico. Es un tema político”, resumió.
El marco institucional para corregir estas asimetrías se encuentra además fragmentado, aseguró.
El Salvador carece de sinergias entre las entidades que gestionan el territorio y el recurso, y varias instituciones “meten mano”, destacó.
Por ejemplo, las municipalidades controlan el suelo, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opams) vigila el desarrollo metropolitano, y el agua es competencia de la Anda y la ASA, entre otras.
El Salvador es hoy un país predominantemente urbano. De los 6,37 millones de habitantes estimados por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 3,93 millones, equivalentes a 61,7 %, viven en ciudades, mientras 2,44 millones (38,3 %) residen en áreas rurales.
Aunque la población continúa concentrándose en los centros urbanos, Grande advirtió que el país ha entrado en una etapa de bajo crecimiento demográfico e incluso de eventual decrecimiento, por lo que recalcó que los desafíos del acceso al agua responden menos al aumento de habitantes que a la forma en que se ha planificado y gestionado el desarrollo urbano.
Los costos económicos extras
Mientras tanto, para las familias de Valle Verde, la falta de agua también se tradujo en un gasto adicional.
Lorenzo López, otro afectado, calculó que, además de la cuota mensual del sistema, su hogar gasta entre 24 y 25 dólares al mes para comprar agua suministrada por privados camiones cisterna, llamados “pipas” en El Salvador. Otras “pipas” del gobierno llegan también con agua, gratuita.
López añadió que gasta 12 dólares al mes para comprar el agua purificada para beber y cocinar.
López, de 38 años, dijo que invirtió 350 dólares en un sistema de filtración para aprovechar el agua de la red, pero terminó dejándolo de usar porque la turbidez aumentó y perdió confianza en su funcionamiento.
“Somos una familia de tres personas, mi esposa y mi hijo. Hoy que ya somos más hoy gastamos más agua, porque mi niño toma agua y hay que hacerle refresquitos. Llegamos un momento de hervirle el agua y meterla en la refri para poder amortiguar el gasto”, subrayó.
Lucha colectiva
Mientras tanto, la falta del servicio de agua en Valle Verde I y II llevó a los habitantes a organizarse para exigir una solución.
Representantes comunitarios recolectaron firmas entre los vecinos y solicitaron, el 10 de julio, reuniones con funcionarios de Anda y de la ASA, mientras preparan una denuncia colectiva ante la Defensoría del Consumidor.
“Eso nos motivó a levantarnos, alzar la voz y buscar ayuda por otros medios también”, afirmó Abigail Hernández, de 28 años, una de las representantes comunitarias.
Y añadió: “La gente ha estado pagando recibos y no ha recibido el servicio. Entonces es un robo”.
Aunque reconoció que el servicio es prestado por la empresa privada Ampo y no por Anda, la comunidad busca que la institución estatal asuma el sistema. En la zona existen seis colonias, pero únicamente Valle Verde I y II continúan dependiendo del operador privado.
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Las reuniones con Anda y ASA permitieron conocer que el caso requiere evaluaciones técnicas y legales debido a que el sistema pertenece a una empresa privada.
Ambas instituciones coordinan el suministro mediante pipas gratuitas, una medida que, según los vecinos, no cubre las necesidades de una comunidad donde muchas personas trabajan fuera de casa o tienen dificultades para transportar el agua.
Aunque reconocieron las limitaciones de Anda y los racionamientos que enfrentan muchas comunidades abastecidas por la institución, los afectados sostuvieron que recibir agua algunas horas al día les permitiría almacenarla y cubrir sus necesidades básicas, una situación preferible a la actual, en la que el servicio ya no les llega.
“Ya esperamos lo más, ahora debemos seguir en la lucha”, sostuvo Hernández.
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