Expertas de la ONU piden abrir archivos militares de Guatemala

GINEBRA – El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas instó a Guatemala a abrir archivos e instalaciones militares para buscar personas desaparecidas durante su guerra civil (1960-1996), en medio de esfuerzos en ese país por poner fin al sufrimiento de miles de familias.

Décadas después del conflicto armado interno “Guatemala sigue careciendo de registros consolidados sobre personas desaparecidas», dijeron las personas expertas, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.

Advirtieron sobre la fragmentación institucional de los esfuerzos actuales de búsqueda, y señalaron la necesidad de documentar los casos de quienes han desaparecido tras el conflicto.

Los archivos militares, policiales y de inteligencia “son esenciales para localizar a las personas desaparecidas y combatir la impunidad”, dijeron las expertas, refiriéndose a los esfuerzos actuales para restaurar, clasificar, sistematizar y digitalizar los expedientes de la Policía Civil Nacional y el Registro Nacional de Reparaciones.

Expusieron que “el Estado debe garantizar la preservación, organización y accesibilidad de toda la documentación relevante”, luego de que “históricamente, las labores de búsqueda, forense y memoria en Guatemala ha estado en manos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”.

Una vez que el actual gobierno, del presidente Bernardo Arévalo, ha lanzado el primer Mecanismo para la Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas y al establecer un equipo dedicado, “el éxito dependerá del nivel de apertura”, dijeron las expertas en su comunicado tras finalizar una visita al país centroamericano.

El grupo de trabajo de la ONU lo integran las expertas Gabriella Citroni (Italia, presidenta-relatora), Grażyna Baranowska (Polonia) Aua Baldé (Guinea-Bissau), Ana Lorena Delgadillo Pérez (México), y Mohammed Al-Obaidi (Iraq).

Arévalo ordenó en junio que todas las instancias de gobierno participen en el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026-2036.

Ese plan incluye recopilar y registrar toda la información que organizaciones civiles mantienen sobre desapariciones en el período de guerra civil, y unos 54 000 expedientes sobre la materia en diversas instituciones del Estado.

Las personas expertas de la ONU subrayaron los graves desafíos operativos que enfrenta este mecanismo de búsqueda en términos de recursos humanos y materiales, capacidad y sostenibilidad.

Reconocieron los avances en la investigación y enjuiciamiento de casos emblemáticos relacionados con graves violaciones de derechos humanos en el pasado.

Sin embargo, debido al debilitamiento de las capacidades dentro de la Fiscalía y a la criminalización de los operadores de justicia especializados en justicia transicional, mantienen su preocupación por los retrocesos de los últimos ocho años, cuando dirigió la institución la fiscal Consuelo Porras.

“El recién nombrado fiscal general (Gabriel García Luna) debe priorizar la investigación de las desapariciones forzadas y restaurar una institucionalidad que es fundamental para la lucha contra la impunidad”, afirmaron las expertas.

Citaron el principio de que las víctimas de desapariciones forzadas tienen derecho a investigaciones rápidas, independientes, exhaustivas e imparciales que permitan identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas.

“Por encima de todo, debe continuar la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de restos”, agrega la declaración.

Reconocieron “la significativa contribución de las y los supervivientes, familiares, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil a la amplia red de iniciativas de memoria”, y su papel en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria.

“Las consecuencias de la desaparición forzada se extienden a lo largo de las generaciones y afectan de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad”, y la negligencia institucional “contribuye a la exclusión, desigualdad y sufrimiento de las víctimas”, afirmaron.

El conflicto armado interno de Guatemala -con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética como telón de fondo- enfrentó a guerrillas izquierdistas con regímenes a la sombra del poder militar hasta que se firmó un acuerdo de paz en diciembre de 1996.

Comisiones orientadas por las Naciones Unidas estimaron que el saldo de víctimas fue de unos 200 000 muertos, 45 000 desaparecidos y 100 000 desplazados.

A-E/HM

CL14