La FAMP analiza las necesidades a priorizar para avanzar hacia modelos de gobernanza energética más inclusivos
SEVILLA 2 Jul. –
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado una nueva sesión de trabajo del Mapa de Actores del proyecto Bridges, en el marco del Laboratorio Ciudadano de Innovación Social, con el objetivo de profundizar en las conclusiones del Taller de diagnóstico participado de necesidades de gobernanza energética, celebrado el pasado 14 de mayo en Huelva, y avanzar en la priorización de necesidades y propuestas estratégicas para los territorios andaluces.
La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha inaugurado la sesión destacando que «las comunidades energéticas necesitan una dimensión social», recordando que las Comunidades Energéticas Solidarias (CES) no sólo impulsan la producción y el consumo de energía renovable, sino que también «promueven la cohesión social, la equidad y el empoderamiento energético de la población».
Asimismo, ha subrayado que «la transición energética sólo será justa si es inclusiva, equitativa y solidaria», citando que incorporar la dimensión social en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas es clave para garantizar que «todas las personas, sin exclusión, puedan beneficiarse del nuevo modelo energético».
Así se recoge en el resumen de evidencia para políticas sobre comunidades energéticas solidarias, elaborado por Insta Servicios Jurídicos Ambientales, según la información facilitada por la FAMP en una nota. El estudio establece orientaciones de política pública a nivel estatal, regional y local abordando varios ejes principales: las barreras de implementación, para identificar obstáculos regulatorios y administrativos que frenan el despliegue de las comunidades energéticas con un enfoque verdaderamente solidario; el enfoque de Justicia Social con el fin de promover mecanismos para evitar la exclusión, asegurando la participación activa de colectivos vulnerables y la mitigación de la pobreza energética; la cohesión territorial que centra la importancia de adaptar las normativas a las realidades locales y regionales para fortalecer los vínculos comunitarios, y por último las recomendaciones prácticas, es decir, directrices concretas dirigidas a las administraciones públicas para fomentar un modelo de transición ecológica que sitúe a la ciudadanía en el centro del sistema.
El encuentro ha puesto de manifiesto que persisten brechas sociales, de género y digitales, así como barreras estructurales y normativas que dificultan el desarrollo de modelos energéticos solidarios. Sin embargo, también se ha destacado el potencial de las CES como espacios de innovación social y territorial, capaces de generar cohesión, participación y nuevas formas de empoderamiento ciudadano.
Yolanda Sáez Cuevas, ha recordado que «las entidades locales son actores estratégicos para acercar las Comunidades Energéticas Solidarias a la ciudadanía y garantizar su legitimidad social». En este sentido, Bridges se consolida como un proyecto orientado a tejer alianzas, escuchar a los territorios y aprender de la diversidad local, con el fin de impulsar modelos de gobernanza energética que integren la justicia social como eje central.
«La FAMP reafirma su compromiso con una transición energética que no deje a nadie atrás y que sitúe a las personas en el centro». Los resultados de este proceso participativo serán incorporados al desarrollo del proyecto Bridges y se trasladarán a otras entidades Locales y ecosistemas territoriales para favorecer la replicabilidad y escalabilidad de los modelos de gobernanza energética inclusiva.
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