Acuerdo de Escazú naufraga en una América Latina asediada por conflictos ambientales
MÉXICO – Un derrame de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) trastocó la pesca y el turismo en el sudeste y nordeste de México en febrero y marzo, con impactos que aún son perceptibles.
“Nos encontramos mal económicamente, pues nos dedicamos a la pesca. Afectó de lleno al sector pesquero, entre el trabajo, los equipos y las artes de pesca. De ahí dependen muchos negocios”, aseveró la pescadora mexicana Eunice Contreras a IPS, desde la comunidad de Olapa, en el municipio de Mecayapan, en el suroriental estado de Veracruz.
El vertido, surgido a inicios de febrero en un oleoducto de Pemex situado en el golfo de México frente a las costas de Campeche, se extendió por más de 1100 kilómetros del litoral e impactó ese estado, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. El primer día de marzo, pescadores denunciaron que sus redes estaban contaminadas.
Pero Pemex reconoció solo a inicios de ese mes el ecocidio y al principio negó cualquier responsabilidad. Además, la Secretaría (ministerio) de Marina demoró hasta el día 13 de marzo la activación del Plan Nacional de Contingencia para Derrame de Hidrocarburos.
Un mapa construido por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y las comunidades y colectivos afectados identificó 23 sitios con partículas de hidrocarburos en abril. Hasta ese mismo mes, habían recolectado unas 900 toneladas de hidrocarburos, según el gubernamental comité interinstitucional formado para atender el desastre.
“No hemos tenido información adecuada. Vino un encargado de Pemex y nos dijo que no podía hacerse responsable, ni recibir ningún documento. No nos reunimos con nadie, ninguna dependencia vino. Lo que les interesa es limpiar la playa y nada más”: Eunice Contreras.
Las comunidades afectadas nunca recibieron información puntual, oportuna y adecuada, como lo marca el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, vigente desde 2021 y del que son signatarios 19 de los 33 países de la región.
Por ejemplo, se ignora la causa del derrame y el estado actual de los ecosistemas de la gran área, como los 17 arrecifes existentes en la zona parte del Corredor Arrecifal del Suroeste del golfo de México.
“No hemos tenido información adecuada. Vino un encargado de Pemex y nos dijo que no podía hacerse responsable, ni recibir ningún documento. No nos reunimos con nadie, ninguna dependencia vino. Lo que les interesa es limpiar la playa y nada más”, denunció Contreras, de 33 años, integrante de la Cooperativa Punta del Salado, que agrupa a unos 60 pescadores desde 2003.
El Acuerdo de Escazú, el primer pacto intergubernamental de una región del mundo con gran calado ambiental, tiene cuatro principios medulares: acceso a información pública y a la justicia ambientales; participación pública en la toma de decisiones ambientales y protección de los defensores ambientales.
En el caso del derrame mexicano, el proceso para acceder a la justicia ambiental ha sido tortuoso por la postura negacionista de las autoridades locales.
Alcaldes de varios municipios veracruzanos y la no gubernamental Greenpeace México demandaron por los daños del vertido a Pemex y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, el inspector mexicano en materia de hidrocarburos.
“Así como vamos, creo que ya no se va a hacer nada. Siendo sincera, no sé si vamos a obtener justicia ambiental. Pareciera que las dependencias tienen un acuerdo con Pemex. Pareciera que la justica es algo malo y lo que está mal está bien, porque todo lo que se afectó, no importa. Está tremendo”, lamentó Contreras, perteneciente a una saga familiar de pescadores.
Frenos y retrocesos
El caso muestra los problemas de aplicación del acuerdo, firmado en la ciudad costarricense de Escazú en 2018, y que aún no ratifican países como Brasil, Honduras y Perú.
Si ya enfrentaba obstáculos en su cumplimiento, la llegada de más gobiernos de derecha extrema, como en Argentina, Ecuador y Chile, han complicado aún más el futuro del tratado.
Una revisión de cinco países latinoamericanos, de diferentes signos políticos, arroja avances y brechas importantes, sin un cumplimiento pleno del acuerdo.
Chile presenta la arquitectura institucional más avanzada; México cuenta con un marco legal robusto, pero enfrenta graves desafíos de protección; Argentina registra retrocesos recientes; Colombia apenas inicia la aplicación; y Ecuador mantiene avances normativos relevantes, aunque con importantes desafíos de ejecución territorial y protección de defensores ambientales.
“Hoy tenemos una aplicación nula, paralizada. Sistemáticamente se viola el acuerdo desde que asume Javier Milei. El estado va en sentido contrario. Hay un retroceso burocrático y luego vemos retrocesos presupuestarios. Si ni siquiera tenemos el derecho de acceso y participación, se complica también el acceso a la justicia ambiental”: Cristian Fernández.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que acoge a la Secretaría del acuerdo en su sede en Santiago, informó en la 4 Conferencia de las Partes (COP4), escenificada en Nassau, Bahamas, en abril, que Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México presentaron avances nacionales, aunque persisten importantes brechas de instrumentación.
Un barómetro del acuerdo, creado por la organización no gubernamental argentina Asuntos del Sur, halló que la falta de ratificación y de aplicación efectiva; la dificultad para garantizar la participación del público en la toma de decisiones; la resistencia de empresas y grupos de interés y las agresiones contra defensores ambientales figuran entre los principales desafíos.
Además, existe desconocimiento del acuerdo entre muchas organizaciones y comunidades en la región, por falta de difusión y traducción a idiomas indígenas, lo que también entorpece su acatamiento.
En Argentina, la llegada a la presidencia ultraderechista Javier Milei en diciembre de 2023 detuvo su ejecución y marcó pasos hacia atrás.
“Hoy tenemos una aplicación nula, paralizada. Sistemáticamente se viola el acuerdo desde que asume Javier Milei. El Estado va en sentido contrario. Hay un retroceso burocrático y luego vemos retrocesos presupuestarios”, dijo Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) argentina.
En un diálogo con IPS desde Buenos Aires, añadió que “si ni siquiera tenemos el derecho de acceso y participación, se complica también el acceso a la justicia ambiental”.
Argentina cuenta con un Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú, que abarca información, participación pública, justicia, defensores, capacidades y gobernanza, y consta de 24 lineamientos y 73 acciones.
Entre sus primeras decisiones, Milei rebajó la categoría del ministerio ambiental y lo convirtió en una subsecretaría de la dependencia que coordina turismo y deportes. En 2024, su primer año en el poder, publicó un decreto que restringe el derecho a la información pública ambiental, lo que Fernández resumió en “una orfandad de derechos”.
Además, en abril de este año el gobierno promulgó una reforma a la Ley de Glaciares de 2010, que los protegía como reservas estratégicas de agua, para permitir la minería de cobre y litio en esos ecosistemas.
Chile, la nación más avanzada en el cumplimiento del tratado, con el impulso del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), bien puede verse en el espejo argentino, pues apenas un día después de su arribo al cargo el 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast anuló 43 decretos de protección ambiental.
El país andino tiene un Plan Nacional de Implementación Participativa 2024–2030, que se encuentra en la fase de instalación de sus mecanismos de ejecución, seguimiento y gobernanza, y que incluyen sistemas públicos de reporte y difusión de avances. El sentimiento predominante anticipa un freno similar al argentino.
Ecuador cierra la trilogía del desinterés por Escazú. El presidente ultraconservador Daniel Noboa, quien asumió en noviembre de 2023 para un mandato provisional y fue reelegido en 2025, disolvió el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en julio del año pasado y trasladó sus competencias al Ministerio de Energía y Minas.
Posteriormente, adoptó una ley relativa a las áreas ecológicas protegidas, que abre la puerta a la privatización de parques nacionales y reservas forestales, en detrimento de las comunidades locales.
En marzo de este año, Noboa decretó una ley de reforzamiento minero y petrolero, lo que supone una amenaza más para la Amazonia ecuatoriana, asediada por la explotación de crudo y deforestación.
Ecuador tiene una hoja de ruta para el cumplimiento del acuerdo, que no registra avances notables.
Y Colombia está a las puertas de un giro similar, de ganar la segunda vuelta electoral el domingo 21 de junio el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, por encima del izquierdista moderado Iván Cepeda.
Dentro de sus propuestas figura el plan ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, que impone entre ellas la simplificación y agilización de permisos ambientales y consultas previas, lo que supone riesgos para comunidades frente a megaproyectos.
Colombia ratificó el acuerdo en 2024 pero solo en enero pasado el gobierno del izquierdista Gustavo Petro formuló una Hoja de Ruta de Acciones Prioritarias, que identifica 23 medidas. El órgano interinstitucional encargado del cumplimiento de la hoja de ruta está en formación.
Finalmente, México, gobernado desde octubre de 2024 por la izquierdista Claudia Sheinbaum, publicó ese mismo año una guía de aplicación para la protección de defensores ambientales en ese mismo año.
También anunció durante la COP4 de abril un mecanismo de respuesta rápida a agresiones contra defensores ambientales y una hoja de ruta que, según oenegés, el gobierno no consensuó.
Pero en el mismo 2025, el gobierno mexicano suprimió al autónomo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y pasó sus funciones a la gubernamental Transparencia para el Pueblo.
Eso convirtió al gobierno en juez y parte del proceso, en lo que se percibe como retroceso en esa materia y un incumplimiento del acuerdo, que estipula la operación de un organismo independiente.
Asediados
En una región con unos 1500 conflictos ambientales, el cumplimiento del acuerdo es una necesidad apremiante. México encabeza el listado, con 311 conflictos, seguido por Brasil, con 238, y Colombia, con 192.
No extraña, entonces, que estas pugnas se traduzcan en la tromba de balazos y amenazas que han caído sobre quienes defienden el territorio y sus ecosistemas, según registros de 2025, convirtiendo a la región en la más peligrosa del mundo para los ecologistas.
En Colombia, el más riesgoso en la región, hubo 64 casos de homicidios de ecologistas entre 2022 y 2025 durante la gestión de Petro, quien inició su cuatrienio en el primer de esos años.
En México, otra tumba para los guardianes y defensores, mataron a 10 de ellos en 2025, una caída de más de 50 %, y hubo 314 agresiones, por encima de las 236 del año previo.
En Chile hubo 72 agresiones contra 67 personas defensoras durante 2025, un crecimiento de 148 % en relación con 2024, pero sin asesinatos.
En 2024, la COP3 aprobó un Plan de Acción sobre defensores ambientales para que los países lo apliquen dentro de sus fronteras.
Mientras, en México, llega la temporada baja pesquera y los pescadores en Olapa se preparan para el ciclo más generoso a partir de octubre. “Esperamos que todo venga bien, para mejorar un poquito. Y siempre uno sobrevive, estamos acostumbrados a luchar”, confió la pescadora Contreras.
Para el argentino Fernández, la situación actual demanda la aplicación del acuerdo. “Es muy joven, hoy estamos en un contexto en el cual, por determinados liderazgos en diferentes países, tiene más sentido que nunca frente al contexto tan adverso para la defensa del ambiente. El acuerdo se erige en un escudo protector y es fundamental trabajar a nivel regional, es fundamental que sigamos empujando”, planteó.
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