El TSJA admite a la Abogacía del Estado en el procedimiento para anular la licencia del Algarrobico
ALMERÍA 16 Jun. –
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición formulada este mismo mes de junio por la Abogacía del Estado para personarse en el procedimiento destinado a ejecutar la sentencia que obliga desde 2021 a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería).
En una providencia dictada el pasado 10 de junio, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada permite a la representación del Gobierno sumarse ahora a la pieza destinada a ejecutar la sentencia justo cuando el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras tiene previsto abordar este miércoles el mandato judicial para anular el permiso de obras concedido en enero de 2003.
En un escrito presentado la primera semana de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado incide en el «evidente interés legítimo» de la Administración central para formar parte de este proceso al entender que la anulación de la licencia está relacionada con el procedimiento abierto por el Gobierno de manera paralela para expropiar a Azata del Sol la mitad del hotel que se asienta sobre suelos de su competencia.
Asimismo, recuerda que la Dirección General de la Costa y el Mar también se ha personado en el expediente de revisión de oficio de la licencia que tramita el Ayuntamiento de Carboneras, el cual recibió el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) para declarar nulo el permiso de obras.
En este sentido, la Abogacía abunda, además, en que en la misma Sala del TSJA se sigue un recurso contencioso-administrativo impulsado por la promotora del establecimiento hotelero contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los suelos. Dicho recurso tiene como objetivo paralizar la expropiación parcial de los terrenos en esa vía unilateral emprendida por el Gobierno en febrero de 2025.
Al respecto, alude la Abogacía a que el propio TSJA denegó el pasado mes de diciembre las medidas cautelares que pidió Azata del Sol para suspender la resolución del Gobierno por la que se trazaba el camino destinado a recuperar la mitad de los suelos de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, ya que la otra mitad es competencia de la Junta de Andalucía al asentarse en terrenos de especial protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La decisión del alto tribunal andaluz daba al Ejecutivo vía libre para continuar con los trámites encminados a la expropiación, que se encuentra pendiente de fijar a través del tribunal provincial de expropiaciones de Almería un justiprecio. Cabe recordar que el estado ofrecía 16.500 euros por los suelos mientras que Azata fijó a través de su hoja de apremio una cuantía de 44,5 millones de euros.
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