El Gobierno autoriza una inversión de 1.006 millones para la conservación de carreteras en diez comunidades
MADRID 16 Jun. –
El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros (IVA no incluido) para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en diez comunidades autónomas, unos contratos destinados al mantenimiento de casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales, incluyendo 2.261 kilómetros de autovías.
Según ha informado el ministerio en un comunicado, se ha dado luz verde a licitar seis contratos, divididos en 29 lotes, que contemplan actuaciones en varios tramos de carreteras estatales en 20 provincias.
Así, los trabajos se enmarcan en el programa del ministerio para «mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad», asegurando que la red sea accesible «en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos».
En este sentido, la duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses. En concreto, el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) persigue «ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos».
A través de ellos, según han indicado desde el ministerio, se realizarán trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales «dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles». Entre las actuaciones se recogen la vigilancia, gestión de incidencias, vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial.
Asimismo, los pliegos contemplan condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la Dirección General de Carreteras. Se incorporan, también, medidas como el autoconsumo, el ahorro energético en iluminación o la implantación de vehículos eléctricos.
Por otro lado, las empresas adjudicatarias deberán presentar un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato. Este plan contará con medidas reductoras y de compensación de emisiones para «conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo».
Por comunidades autónomas, Catalunya recibirá la mayor inversión con 216,32 millones de euros para las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, centrada en las vías AP-7, AP-2 y B-30. Le sigue Castilla y León, con 188,4 millones de euros, para actuaciones en Burgos, León, Valladolid y Soria.
Por su parte, Castilla-La Mancha cuenta con una partida autorizada de 183,9 millones de euros repartidos en Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, mientras que Aragón dispondrá de 148,68 millones de euros para cuatro lotes en la provincia de Zaragoza.
El resto de las inversiones se distribuyen en la Comunitat Valenciana, con 83,78 millones para Alicante y Castellón; la Comunidad de Madrid, con 60,76 millones; La Rioja, con 45,36 millones; el Principado de Asturias, con 32,35 millones; Galicia, con 26,58 millones en A Coruña; y Andalucía, con 20,42 millones de euros en la provincia de Huelva.
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