FSIE presenta una queja ante el Defensor por la «exclusión» de la concertada de la reducción de la carga lectiva docente
MADRID 15 Jun. Agencias –
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la «exclusión» del profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos de las medidas previstas en el proyecto de ley que reduce la carga lectiva semanal máxima del profesorado.
En la queja, el sindicato denuncia «tanto la exclusión expresa de los docentes de la enseñanza concertada de estas medidas de mejora profesional como la ausencia de diálogo y negociación por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con los representantes legítimos del sector».
En este contexto, el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ha advertido de que es «especialmente grave que el Ministerio haya negociado estas medidas únicamente con organizaciones sindicales de la enseñanza pública, negándose reiteradamente a convocar los órganos de diálogo y participación de la enseñanza concertada, pese a las numerosas solicitudes realizadas por el sindicato durante los últimos meses».
La organización recuerda que los centros concertados forman parte del servicio público educativo, conforme reconoce expresamente la Ley Orgánica de Educación, y considera que «no existe ninguna justificación objetiva para privar a su profesorado, alumnado y familias de unas medidas que el propio Proyecto de Ley considera esenciales para mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado, la coordinación docente y las condiciones profesionales del profesorado».
Asimismo, FSIE destaca que el Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad en su Dictamen 1/2026 que la reducción de la carga lectiva debía extenderse también al profesorado de los centros concertados sostenidos con fondos públicos, «reforzando así el carácter razonable y justificado de esta reivindicación».
El sindicato fundamenta igualmente su reclamación en la doctrina del Tribunal Constitucional, que «ha reconocido la competencia del Estado para regular mediante normativa básica aspectos esenciales relacionados con la actividad docente en los centros sostenidos con fondos públicos, garantizando un tratamiento homogéneo dentro del sistema educativo».
Para FSIE, la exclusión del profesorado de la enseñanza concertada «genera una diferencia de trato injustificada entre profesionales que prestan un mismo servicio público educativo financiado con fondos públicos y afecta igualmente al alumnado y a las familias que ejercen su derecho constitucional a elegir centro educativo».
En el escrito remitido al Defensor del Pueblo, FSIE solicita que se examine la actuación del Ministerio de Educación y que se formulen las recomendaciones oportunas para «garantizar un tratamiento homogéneo y no discriminatorio entre todos los profesionales que integran el sistema educativo sostenido con fondos públicos».
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