El Supremo escucha hoy a un diputado de Sumar investigado por presunta prevaricación cuando era alcalde
MADRID 15 Jun. –
El Tribunal Supremo (TS) ha llamado como investigado para este lunes al diputado de Sumar En Comú Podem en el Congreso Félix Alonso Cantorné por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación directa de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre los años 2011 y 2019.
Asimismo, el magistrado instructor de la causa, Vicente Magro, tiene previsto escuchar a doce personas en calidad de testigos, entre los que figuran, según una providencia recogida por Europa Press, Joan Ignasi Elena, diputado de ERC en el Parlament y ‘exconseller’ catalán de Interior.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó investigar a Elena como cooperador necesario de un presunto delito de prevaricación por el que se investiga a Alonso en el Supremo.
La Sala de lo Penal decidió en abril abrir causa a este diputado de la Cámara Baja tras recibir una exposición razonada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la localidad tarraconense de El Vendrell, que había abierto diligencias previas.
Esta investigación gira en torno a la contratación llevada a cabo por el consistorio del que era alcalde Cantorné –ahora aforado por su condición de diputado– con empresas sin sujetarse, supuestamente, a la normativa debida.
A TRAVÉS DE CONTRATOS MENORES
A la vista de la información recibida, los magistrados de la Sala de lo Penal del TS indicaron que Cantorné, «presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era, acudió a una dinámica de contratación a través de la figura del contrato menor, con lo que eludía los requisitos de publicidad».
«Y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario, en lugar de acudir al procedimiento correspondiente, en ocasiones, incluso, sin acudir a procedimiento alguno, con lo que, en principio, podemos considerar que hay indicios que apuntan a los elementos de un presumible delito de prevaricación administrativa», agregaron.
Los magistrados precisaron que no significa que limiten la instrucción a ese delito, porque «esa irregular manera de contratar ha ido acompañada de una dinámica de facturación para hacer pago de los servicios, que no cabría descartar que pudiera apuntar a algún tipo de irregularidad, si así resultase del ritmo de la investigación».
Por ello, resolvieron que deben incoarse diligencias «con la finalidad de confirmar, en su caso, ampliar la existencia de los indicios que se han venido indicando, como de descartarlos, si ese fuere el resultado de la investigación».
Fuentes de los Comuns trasladaron a los medios al conocer la apertura de la causa que confían plenamente en la presunción de inocencia del diputado.
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