El primer ministro surcoreano pide a Samsung y a su sindicato que eviten una huelga potencialmente devastadora
Las partes se reúnen este lunes con el paro laboral del día 21 en el horizonte y la amenaza de pérdidas por 60.000 millones de euros
MADRID, 17 May. (Agencias) – El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, ha pedido al gigante electrónico Samsung y al sindicato de la compañía que resuelvan lo antes posible las negociaciones para impedir la declaración de una huelga el próximo día 21 que tendría efectos económicos devastadores para el país hasta el punto de que su Gobierno no descartaría la posibilidad de comenzar un «arbitraje de emergencia para proteger la economía».
Kim ha avisado que la conversación del lunes será crucial porque marcará el devenir de la próxima semana. «Las negociaciones del lunes representan, en la práctica, la última oportunidad para evitar una huelga. Tanto los trabajadores como la dirección deben tomarse muy en serio la importancia de esta reunión», ha avisado el primer ministro.
Ambas partes, explican las fuentes de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap, siguen profundamente divididas en cuanto a las bonificaciones por rendimiento vinculadas a los beneficios de la empresa procedentes del negocio de semiconductores relacionados con la inteligencia artificial (IA).
El sindicato ha exigido bonificaciones fijas por rendimiento equivalentes al 15 por ciento del beneficio operativo generado por la división de semiconductores de la empresa. Samsung ha ofertado una flexibilización del sistema de bonificaciones actual, más un sistema de compensaciones adicionales.
Si finalmente se declara la huelga, el paro laboral duraría un mínimo de 18 días y, según los cálculos de las autoridades surcoreanas, representaría un coste aproximado de 60.000 millones de euros.
Si el Gobierno invoca el arbitraje de emergencia será la primera vez que activará esta opción en 21 años. Además, el Ministerio de Trabajo puede invocar una medida de ajuste de emergencia que suspende la huelga durante un máximo de 30 días si se considera que la huelga puede perjudicar gravemente la economía nacional o perturbar la vida cotidiana de los ciudadanos.
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