La propuesta de Ordenanza Cívica obligará a identificarse a quien oculte el rostro en edificios municipales de Zaragoza

ZARAGOZA, 14 May. –

La alcaldesa de Zaragoza, Chueca, ha presentado la propuesta de nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, obligará a identificarse a quien oculte el rostro –ya sea con un niqab, burka, pasamontañas, casco integral de moto o cualquier otro elemento que pueda impedir la identificación visual– cuando acceda a un edificio o equipamiento municipal y posteriormente se lo podrá volver a poner.

«Lo que queremos –ha explicado– es que no entre nadie sin identificación. Vamos, algo lógico, ¿no?. Creo que por un tema de seguridad en cualquier espacio público necesitamos que todo el mundo esté identificado y que nadie venga sin identificación. Y por eso no está permitido el acceso a las dependencias de los edificios públicos con el rostro tapado sin identificarse. De ahí que tendrá que identificarse ante la policía antes de pasar».

Chueca ha abundado más al añadir que esta medida «significa que no puede entrar nadie sin identificarse y como obligación antes de entrar va a tener que identificarse, pero no tiene ninguna sanción», ha aclarado.

En rueda de prensa, ha indicado que, en aquellos edificios en los que no exista presencia de Policía Local, «se requerirá la identificación correspondiente» porque se busca «garantizar la seguridad y, que no hay ningún tipo de discriminación, desproporcionalidad, falta de respeto o ausencia a la legalidad». «Es importante esta convivencia entre la seguridad y la legalidad», ha zanjado la alcaldesa.

SANCIONES

El texto recoge un régimen sancionador clasificado en tres tipos con sus correspondientes multas. Las leves oscilarán entre los 500 y 750 euros de multa; las graves entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves entre 1.500 y 3.000 euros.

Además, se va a pedir «la obligación de reparar los daños que se hayan ocasionado en el patrimonio público» y que por responsabilidad civil no solo se aplique la sanción, sino que también «tengan la obligación de reparar esos daños, que se hayan causado en lo que es de todos». Esta medida es «un paso más», ha destacado Chueca.

Entre las distintas infracciones muy graves, que son las más elevadas con sanciones hasta 3.000 euros, se incluyen todos los actos vandálicos que causen daños en las infraestructuras municipales, mobiliario urbano e instalaciones públicas; y los grafitis realizados con materiales «especialmente agresivos que puedan deteriorar de forma permanente el patrimonio urbano».

También figura el vertido incontrolado de residuos que pongan en peligro la salud o el medio ambiente; el uso del césped y las zonas verdes ornamentales o no y el resto de equipamientos o mobiliarios públicos para «pernoctar o hacer un uso indiscriminado e excluyente», lo que suponga impedir el paso de personas, ha precisado.

«Lo que no queremos es que se produzcan asentamientos en la vía pública, la calle no es para dormir y hay espacios para que las personas que no tienen un hogar puedan tener un lugar donde dormir», ha dicho la alcaldesa para referirse al albergue municipal que ha aumentado la capacidad o las plazas conveniadas con entidades del tercer sector para «evitar que vuelva a repetirse lo que pasó, por ejemplo, en el Parque Bruil hace unos meses».

DERIVARLOS AL ALBERGUE U OTRO CENTRO

Antes de que eso vuelva a repetirse, «hay que tener un instrumento legal que permita a la Policía Local actuar con garantías para poder invitar a esas personas a que vayan al albergue municipal o a otros espacios habilitados para las personas sin hogar», ha contado.

Esta futura ordenanza habilitará a la Policía Local el poder actuar «para derivarlos al albergue y obligarles a que se levanten y que no estén en espacios que puedan ser un asentamiento y que pueda ser molesto para el resto de ciudadanos».

Para facilitar el cobijo a estas personas sin hogar se estudiará «cómo se siguen habilitando más plazas para convivir la norma con la disponibilidad de plazas que se necesitan en el albergue, El Refugio, u otros convenios, pisos y otros espacios que se están conveniando con entidades del tercer sector para habilitar más plazas», ha aclarado.

Dentro de las muy graves también consta la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. A lo que se suma la quema de contenedores, que tendría una sanción de 3.000 euros para los infractores al ser una infracción muy grave.

SANCIONES GRAVES

En el ámbito de las infracciones graves están el ‘botellón’ en parques y plazas; los servicios sexuales retribuidos en espacio público; las despedidas de solteros con alboroto o uso de altavoces que generen molestias; el deterioro de elementos de los servicios públicos como el mobiliario urbano y las fuentes públicas.

En este apartado está también la colocación de pancartas o carteles en bienes municipales calificados como Bien de Interés Cultural (BIC), arquitectónico y con grado de catalogación sin la previa autorización o licencia municipal para «evitar poner carteles donde cada uno considere», ha comentado. Además, se sancionará quien transite por las calles gritando, humillando o insultando a otras personas, ha apuntado la alcaldesa.

Las infracciones clasificadas como leves, de hasta 750 euros de sanción, son hacer necesidades fisiológicas en la vía pública como defecar, orinar, no recoger los excrementos de las mascotas ni limpiar los orines, escupir, arrojar colillas, chicles o basura al suelo, manipular contenedores, partir árboles o robar plantas y el uso indebido de bicicletas y patinetes; así como abandonarlos en la vía pública.

Finalmente, ha apuntado que un aspecto que recoge la futura ordenanza, que ha calificado de «especialmente positivo y ejemplarizante» es sustituir la sanción por trabajos para la comunidad o de voluntariado, como ya se ha introducido en la ordenanza de limpieza, aprobada el pasado mandato.

TRÁMITE

El proyecto comenzará su tramitación para que pueda entrar en vigor «lo antes posible», tal y como ha señalado Chueca, quien ha añadido que esta nueva normativa responde a una demanda ciudadana ampliamente respaldada por los vecinos.

Según ha recordado, el último barómetro municipal refleja que el 91,5 por ciento de los zaragozanos reclamaba una ordenanza cívica y el texto incorpora aportaciones recogidas en una consulta pública celebrada el pasado mes de enero. «Esta ordenanza no nace de un despacho. Nace de la calle. Nace de escuchar a los vecinos», ha aseverado.

La alcaldesa ha recordado también que Zaragoza ya contó en 2008 con una Ordenanza de Protección del Espacio Urbano, pero fue derogada por los grupos municipales de la izquierda en 2014. El nuevo texto, ha asegurado, «recupera la capacidad del Ayuntamiento para actuar contra el incivismo» adaptándola a la realidad actual.

CL11