Amenazas y extorsión recortan libertad de informar en Perú

LIMA – La extorsión es un patrón de hostigamiento a la libertad de expresión en Perú que se suma a otras formas de hostilidad contra el periodismo que hace vigilancia al poder, en un escenario nacional de pérdida de derechos humanos, recorte del espacio cívico y concentración de poder.

“Desde el 2021 advertimos un clima hostil contra el periodismo que cumple con su deber, esta situación ha venido escalando con el pasar de los años a una velocidad muy fuerte hasta llegar a un culmen con el asesinato de cuatro colegas en el 2025”, dijo a IPS Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Ese gremio se fundó en 1928. Con su sede central en Lima, representa a periodistas, hombres y mujeres, organizados en 121 asociaciones provinciales, nueve regionales, 16 departamentales y cuatro sindicatos.

En este país sudamericano de 34 millones de habitantes, persiste una débil institucionalidad democrática y una anómala concentración de poder en el Congreso Legislativo, que es altamente cuestionado por la ciudadanía. En abril registraba un 90% de desaprobación.

“Desde el 2021 advertimos un clima hostil contra el periodismo que cumple con su deber, esta situación ha venido escalando con el pasar de los años a una velocidad muy fuerte hasta llegar a un culmen con el asesinato de cuatro colegas en el 2025”: Renzo Chávez.

En los comicios generales de abril se eligieron a 60 representantes para el Senado y 130 para Diputados que iniciarán funciones el 28 de julio, junto con el presidente que resulte elegido en la segunda vuelta del 7 de junio.

Pese a que un referéndum votó en el 2018 contra el retorno de la bicameralidad, el cuestionado Congreso la aprobó, entre otras reformas legislativas, para hacerse de mayor poder e inclusive controlar organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Libertad de expresión sin garantías

“En Perú no solo está capturada la institucionalidad que defiende los derechos, sino que se ha vaciado su funcionalidad dando paso a una gobernanza que promueve la impunidad”, expresó Rosario Grados, directora de programas de Amnistía Internacional (AI), que el 21 de abril presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país.

Grados remarcó en entrevista con IPS que existen ataques reiterados a la Fiscalía de la Nación y a las escasas resistencias al interior del Poder Judicial, especialmente a quienes no se alinean con el mandato de impunidad de leyes emanadas por el actual Congreso.

Citó entre ellas la que concede amnistía a integrantes de las fuerzas armadas y policiales que vulneraron derechos humanos en el periodo del conflicto armado interno (1980-2000).

La pérdida de independencia de organismos del sistema de justicia lesiona la garantía de derechos del Estado para con su ciudadanía, y, particularmente, entre las mujeres y hombres de prensa, para quienes ejercer la libertad de expresión puede constituir riesgo de muerte.

Como efectivamente ocurrió en el 2025 con los periodistas Gastón Medina y Raúl Celis, asesinados en abril y mayo en las ciudades donde ejercían su labor. El primero en la costera, Ica al sur de Lima, y el segundo en la oriental Iquitos. Y con Fernando Núñez y Mitzar Vastillejos, ambos victimados en diciembre en sus localidades de origen: en la norcostera Pacasmayo y en la amazónica Aguaytía, respectivamente.

Todos realizaban investigaciones de presuntos actos de corrupción en instancias de poder y autoridades locales.

La representante de AI sostuvo que en el país se están restringiendo las condiciones para la libertad de expresión, con mayores impactos cada vez.

“¿Qué pasa con una sociedad, una ciudadanía a la que le arrebatan la libertad de expresión, no solo desde un medio de comunicación? No puede acceder a la pluralidad informativa y tenemos ya una sociedad que tiene miedo, se preguntó y respondió Grados.

Detalló que “una encuesta que realizamos el año pasado reveló que siete de cada diez peruanos sentían temor de salir a protestar, pese a considerarlo un mecanismo efectivo”.

En el país aún no acceden a la justicia familiares del más de medio centenar de víctimas civiles que perdieron la vida entre finales del 2022 e inicios del 2023 por la feroz represión militar y policial en departamentos del centro y sur andino durante las protestas contra la asunción de Dina Boluarte a la jefatura del Estado, tras la destitución por el Congreso por intento de autogolpe del presidente Pedro Castillo.

Castillo, un maestro rural de origen campesino, había asumido la presidencia el 28 de julio de 2021 y el parlamento declaró su vacancia (destitución) el 7 de diciembre de 2022. Desde entonces, el Congreso ha puesto y depuesto a ocho presidentes, y es posible que destituya uno más, antes de que asuma el cargo quien resulte electo en la segunda vuelta.

Grados alertó que una sociedad que vive con miedo se convierte en autoritaria y no permite la libertad de pensamiento ni de protesta. “La libertad de expresión no es solo poder manifestar, tener una voz, sino poder contar con información plural. Porque para expresaron libremente debemos tener información de diversas fuentes”, dijo.

Agregó que de lo contrario ocurrirá que la sociedad naturaliza el uso de la fuerza excesiva de los agentes estatales, los estados de emergencia para acallar a la población, la violencia y desaparición de niñas, niños y mujeres. “Una sociedad que no reclama, será una sociedad que ‘regresione’ en sus derechos”, advirtió.

El riesgo de la autocensura

Entre los patrones de hostigamiento y hostilidad contra periodistas que limitan la libertad de expresión está la persecución judicial, que según registros de la ANP ha llevado entre 30 y 35 colegas anualmente a los tribunales por realizar su trabajo.

Otro patrón es la presentación de recursos de amparo o recursos constitucionales que culminan con la conminación a los periodistas de que borren sus informes publicados, con la prohibición adicional de volver a mencionar a los investigados o sus entornos, con el riesgo, de no acatar, de ser enjuiciados.

“Hasta antes de los asesinatos, ese el patrón más fuerte, no solo por el tema hostil, sino por el impacto directo en el trabajo de los colegas, porque era un amedrentamiento en cuanto a lo económico, el costo de un proceso judicial para un periodista es alto, más en un contexto de precarización y pluriempleo”, explicó  Chávez, de la ANP.

Ello acarrea también, detalló, “el impacto del tiempo, menos disposición para realizar su trabajo”.

Añadió que a esa realidad de judicialización constante e intentos de deslegitimar la actividad periodística por autoridades y cercanos investigados en alguna trama de corrupción, se sumó en el 2024 la extorsión y la amenaza anónima.

“Eso es terrible y lo que los colegas buscan es protegerse a sí mismos y a sus familias como es natural”, puntualizó.

“¿Qué pasa con una sociedad, una ciudadanía a la que le arrebatan la libertad de expresión, no solo desde un medio de comunicación? No puede acceder a la pluralidad informativa y tenemos ya una sociedad que tiene miedo”: Rosario Grados.

Según reportó la ANP al comenzar 2026, el año pasado se cometieron 458 ataques contra periodistas por el hecho de ejercer su labor, entre los cuales estaban los cuatro asesinados.

“Ellos habían recibido amenazas y salvo el caso de Gastón Medina, no era pública esa situación de los demás, justamente por el temor que genera, y que es un hecho muy humano”, remarcó Chávez.

En territorios del país conocidos por la expansión de economías ilegales como la tala y la minería, y presencia de delitos como la trata de mujeres con fines de explotación sexual, existen temas tabúes para el periodismo local.

“Los colegas pueden conocer cómo se desarrollan estas actividades ilícitas, pero no las cubrirán por el riesgo que representa para su integridad personal o familiar”, explicó.

Chávez reflexionó acerca de que esos son escenarios de autocensura frente a situaciones en las que las autoridades deberían actuar previniendo y sancionando el delito, pero no lo hacen.

“Frente a ello el periodista se autocensura porque es evidente la ausencia del Estado, que además no lo protegerá cuando corra riesgos o amenazas. Y sí, repercute en la ciudadanía porque se la priva de información que debe conocer”, analizó.

Mencionó que existen colegas que se mantienen con su cobertura asumiendo riesgos, ante los cuales suele ser débil la protección de las instancias del sistema de justicia debido a que entidades garantes han sido cooptadas y carecen de independencia.

“El escenario es difícil. Antes, por decir, podíamos conseguir un patrullero policial para proteger la casa de un colega amenazado. Ya no. Pero no vamos a descansar de nuestro trabajo porque el Estado tiene un rol garante de derechos y siempre se lo vamos a exigir, en el contexto que estemos”, subrayó.

ED: EG

CL14