El 82,3% de financiación del sistema de protección a la infancia en España va a acogimiento residencial, según informe
MADRID, 29 Abr. –
El 82,3% de la financiación del sistema de protección a la infancia en España se destina a acogimiento residencial, frente al 9,2% que se dirige a acogimiento en familias y el 4,4%, a prevención, según el informe ‘¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización’, presentado este miércoles por la Plataforma de Infancia en el espacio Ecooo, en Madrid.
El estudio, incluido en el Observatorio de la Desinstitucionalización de Hogarizar, analiza contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025. En total, se han contabilizado al menos 516,4 millones de euros comprometidos en esos 2 años para financiar el sistema que atiende de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado familiar.
«Observamos una inercia institucionalizadora. La mayor parte de los recursos se dirige a un modelo que separa a los niños, niñas y adolescentes del entorno familiar», ha advertido la experta en datos del área de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Leire Olmeda, en la rueda de prensa para presentar el estudio
Estos datos llaman la atención, según la plataforma –que aglutina a más de 70 ONG–, teniendo en cuenta que el Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, ha fijado como objetivo que, para 2030, el 70% de la infancia en protección esté acogida en familias, cuando actualmente se sitúa en torno al 51%.
Además, el informe detecta «importantes diferencias» entre comunidades autónomas, así como un «uso elevado» de procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación pública, que alcanza los 155,9 millones de euros.
INFANCIA MIGRANTE, MÁS INSTITUCIONALIZADA
Asimismo, revela una «enorme diferencia» en la protección de la infancia migrantes donde «predomina un modelo residencial y reactivo», con un 99,1% de la inversión destinada a acogimiento residencial.
En cuanto a las plazas, aunque el Plan de acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia establece como objetivo para 2030 que los centros residenciales no superen las 15 plazas, el informe de Plataforma de Infancia ha detectado algún centro con hasta 200 y una media superior de plazas cuando los centros están vinculados a infancia migrantes.
«Los datos evidencian que el cambio para hogarizar el sistema de protección no se está produciendo, para eso hay que fomentar el acogimiento, priorizar la contratación pública enfocada en fines sociales y planificar mejor porque es una cuestión de derechos», ha subrayado Olmeda.
En este sentido, la responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, Sara Toledano, ha pedido que la inversión se redirija a acogimiento familiar y ha insistido en la necesidad de mejorar la planificación de los recursos públicos destinados al sistema de protección a la infancia y la adolescencia, reduciendo el uso de procedimientos de urgencia. «La inversión está yendo en sentido contrario», ha avisado.
Para la realización del estudio, Plataforma de Infancia ha contado con Political Watch, que ha recurrido a técnicas de recogida automatizada de datos a partir de múltiples plataformas públicas y ha desarrollado un sistema basado en Inteligencia Artificial para hacer un interrogatorio a los pliegos de condiciones técnicas.
«La información es pública pero no es lo suficientemente accesible ni está 100% centralizada», ha señalado el director de tecnología de Political Watch, Pablo Martín.
CL23
