PSPV, Compromís y EU-Podem temen que la comisión de VPP de Alicante quede «vacía» tras el informe de Secretaría General

   ALICANTE, 27 Abr. (Agencias) –

   Los grupos de PSPV, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante temen que la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida tras la polémica del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, pueda quedar «vacía» de contenido «real», tras conocerse el contenido del informe en el que el secretario general del pleno indicó que «realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar» algunos «derechos».

   En ese dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, indicó que «solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso» y que «el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria», al tiempo que «se le advertirá que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales».

   En el informe, el secretario apuntó que «no procede la solicitud de comparecencia de Concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes».

PSPV: «NO PUEDE SER LA COARTADA»

   Al respecto, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha asegurado que ese dictamen «no puede ser la coartada» del alcalde de la ciudad, el ‘popular’ Luis Barcala, «para vaciar la comisión que debe aclarar qué controles fallaron en la adjudicación de viviendas».

   En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Barceló considera que el presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar, del PP, «debe dimitir» de esa responsabilidad en este órgano «por ocultar el informe».

   En este sentido, la portavoz socialista ha afirmado que «el único partido que está convirtiendo en un juicio esta comisión es el PP, que está haciendo advertencias a los funcionarios para que no comparezcan».

   «Lo que no vamos a permitir es que se utilice este informe como excusa para vaciar de contenido la comisión», ha afirmado Barceló, quien ha sostenido que «el objetivo del equipo de gobierno» es «bloquear el control democrático del pleno e impedir que se conozca la verdad».

   Asimismo, ha defendido que «los funcionarios cuya comparecencia se solicita son precisamente quienes han intervenido en los procedimientos» y ha subrayado que «es el Ayuntamiento quien debe garantizar que puedan comparecer, no dejarlo a su discrecionalidad».

   «Barcala se está protegiendo a sí mismo», ha aseverado Barceló, quien ha sentenciado: «Y por eso es más necesario que nunca que los técnicos expliquen cómo se han tramitado estos procedimientos. Queremos saber la verdad y Barcala no puede impedirlo».

COMPROMÍS: «CÚMULO DE CASUALIDADES»

   Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha insistido en que «todo es un cúmulo de casualidades». «Ahora, nos facilitan un informe del vicesecretario afirmando que no podemos llamar a declarar a nadie que no sea funcionario», ha apostillado.

   Y ha continuado: «Ahora, que hemos pedido que comparezca Mazón, que hemos pedido que comparezcan responsables de la Generalitat, políticos, hemos pedido que comparezca el alcalde o la señora Mari Carmen de España, ahora, nos dicen que no, que no tenemos competencias».

   Según ha afirmado Mas en declaraciones distribuidas a la prensa, el PP, «con la complicidad de Vox, ha convertido esta comisión» en «un montaje». «No lo vamos a permitir. Vamos a llegar hasta el final. Nos lo están poniendo muy difícil, pero aquí lo van a pagar quienes hayan actuado de forma ilegal», ha sentenciado.

   «Nos sorprende aún más las declaraciones del alcalde en el pleno extraordinario. Con todo lo que ha ido pasando en las sesiones, y con este informe, es evidente que no hay interés en conocer el fondo del asunto. Si el PP votó a favor de crear la comisión, sabiendo su naturaleza política, se supone que pretendían depurar responsabilidades políticas. Pero ahora nos encontramos con este informe», ha concluido el edil de la coalición valencianista.

EU-PODEM: «PREOCUPACIÓN»

   Finalmente, desde EU-Podem han mostrado, en un comunicado, su «preocupación ante el informe emitido por la Secretaría del Pleno sobre el funcionamiento» de la comisión. A su juicio, ese dictamen «plantea una interpretación enormemente restrictiva que puede dejar sin contenido real una comisión aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales».

   «Si una comisión no puede llamar a responsables políticos, no puede contar con comparecencias efectivas, no puede repreguntar y se limita únicamente a recibir documentación, no estamos ante una investigación seria, sino ante un simulacro institucional. La ciudadanía no entendería que se aprobara una comisión para esclarecer hechos relevantes y después se impidiera que pudiera cumplir su función», ha trasladado la coalición que representa Manolo Copé como portavoz.

   Y ha continuado: «Respetamos el trabajo técnico de la Secretaría, pero un informe no puede sustituir la voluntad democrática del Pleno, que acordó la creación de esta comisión precisamente para analizar procedimientos, depurar responsabilidades políticas si las hubiera y garantizar transparencia sobre la gestión del suelo público destinado a vivienda. Además no puede decir que la labor política ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos cuando estos no han sido facilitados a la oposición completos».

   A juicio de EU-Podem, «da la sensación de que algunos quieren cerrar esta comisión antes de que empiece de verdad». «Alicante merece saber cómo se tomaron determinadas decisiones, quién intervino en cada fase y qué garantías existieron en procesos que siguen generando muchas dudas razonables», ha apostillado.

   «No vamos a aceptar una operación de maquillaje institucional. No estamos en política para cubrir expedientes, sino para defender el interés general, la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad», ha sentenciado la coalición, que ha insistido en que «el suelo público no puede gestionarse a golpe de decreto ni protegerse ahora a golpe de informe».

CL11