La CNMC aclara que el día del apagón había mecanismos «suficientes» para controlar la tensión del sistema

   MADRID, 21

   La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha aclarado este martes en el Congreso que el día del apagón del 2025 existían mecanismos regulatorios «suficientes» para controlar la tensión del sistema y en ningún momento se produjo un «vacío normativo».

    Fernández ha dejado esta conclusión durante su comparecencia en la comisión de economía de la Cámara Baja, donde ha detallado algunas de las actuaciones que Competencia ha llevado a cabo en torno al cero energético del 28 de abril de 2025.

   Uno de los asuntos a los que se ha referido es al Procedimiento de Operación 7.4, que en España regula el servicio complementario del control de tensión en la red de transporte de energía eléctrica y que no se actualizó hasta un mes después de haber ocurrido el apagón.

    La máxima responsable de Competencia ha aseverado que el sistema no estuvo «en ningún momento» en un vacío normativo y ha asegurado que el día del incidente había un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento, y que era conocido por los agentes y por el operador del sistema.

    Esto se traduce, ha explicado Fernández, en que el 28 de abril de 2025 los mecanismos regulatorios y técnicos disponibles ese día «eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema».

PRIMER CONTACTO EN 2020

    Asimismo, la máxima representante de Competencia ha dicho que la CNMC ha estado trabajando sobre este procedimiento de operación desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica hasta su publicación y que la modificación se inició con un primer contacto de la CNMC con el operador del sistema en 2020.

    Fernández ha apuntado que el mercado energético ibérico de abril actual «no se parece en nada» al que había hace cinco años, ni si quiera al que había hace dos o al que habrá dentro de un año. «Está en constante evolución, y nuestra función consiste en adaptar la regulación a esa realidad evolutiva del mercado, mejorando los mecanismos regulatorios», ha argüido.

    La presidenta de la CNMC ha subrayado que esa adaptación «debe hacerse con garantías, siguiendo los procesos necesarios, contrastando las propuestas con el sector, tanto en consultas públicas como en reuniones de los grupos de trabajo o utilizando cuando sea necesario proyectos piloto o sandbox regulatorios.

    Para rematar su intervención, Fernández ha insistido en que pese a los cambios del mercado, en todo momento el sistema dispone de los mecanismos necesarios para asegurar una gestión adecuada del sistema.

ORIGEN «MULTIFACTORIAL»

    A su vez, Fernández ha explicado que pese a la apertura de varios expedientes sancionadores por el apagón tanto a las empresas eléctricas como al operador del sistema, Red Eléctrica, el incidente tuvo un origen «multifactorial».

    «El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión», ha explicado durante su comparecencia, donde ha desglosado los pasos que Competencia ha venido dando en relación al cero energético del 28 de abril de 2025.

    La CNMC en el ámbito de sus competencias, ha explicado, inició la apertura de varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias que provocaron el episodio y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica.

    En este contexto, Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Resultado de estas investigaciones, el organismo incoó formalmente expedientes sancionadores.

MÁS DE 13 GB DE INFORMACIÓN

   La presidenta del organismo ha hecho hincapié en que el proceso ha requerido examinar más de 13 gigavatios (GB) de información y miles de folios de documentación, precisamente por la «complejidad técnica» del incidente y por el volumen de información analizada.

    Fernández ha remarcado que ha elaborado este trabajo a partir de sus propios expedientes informativos como a través de los informes ya emitidos y la participación en los trabajos del panel de expertos europeos (Entso-e).

    «A partir de este momento, se abre una fase administrativa de instrucción, en la que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas», ha apostillado Fernández, que ha señalado que por la separación jurídica en el proceso entre la instrucción y la resolución no puede trasladar más detalles.

COSTE DE LA OPERACIÓN REFORZADA

   Varios grupos parlamentarios han aprovechado la comparecencia de Cani Fernández para preguntar por el sobrecoste que implica en la factura el denominado sistema de operación reforzado que Red Eléctrica activó después del apagón recurriendo a más fuentes de energía convencionales para aportar mayor estabilidad al sistema.

    La presidenta del organismo ha coincidido con los datos que ofrece Red Eléctrica sobre el coste de este modo de operación en unos 660 millones de euros, y ha agregado que esta cifra supone algo más del 4% del coste total de la energía.

    Asimismo, ha apuntado que pese al alza que ha podido suponer en la factura eléctrica, en la actualidad los precios de la energía siguen siendo más bajos que en 2023. «Hemos hecho un cálculo estimativo y para un operador en PVPC que tenga un consumo de unos 300 kilovatios hora aproximadamente, el coste de la operación reforzada supone unos cuatro céntimos por día», ha expuesto.

OPTIMISTA CON EL ACCESO A LA RED

   Por otro lado, la dirigente de Competencia ha asegurado mostrarse «optimista» con algunas medidas que el decreto para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio introdujo en materia de acceso a las redes de transporte eléctricas.

   En concreto, confía en el impacto que pueda tener la prestación por reserva de capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que tienen que abonar los consumidores titulares de permisos de acceso y conexión de demanda.

    Fernández ha explicado que esa prestación ha sustituido a una línea de avales: «El real decreto ley lo que hace es que sustituye el aval por un pago por uso, es decir, aquellos que tienen contratada la capacidad, tienen que pagar por su uso y el momento en que el proyecto ya sea un proyecto real se les descontará de lo que es el pago de peajes».

   La presidenta de la CNMC cree que con esta medida los proyectos más sólidos prevalecerán sobre aquellos que sean «meramente especulativos» o que realmente no tengan una viabilidad. Sumado a la publicación de los mapas de capacidad, Fernández cree que puede ir «aflorando» la capacidad que está disponible en el sistema.

CL4