De Miguel (Cepyme) cree que el teletrabajo debe ser una «recomendación» y no una «imposición»
MADRID, 20
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha defendido que el teletrabajo debe ser una «recomendación» y no una «imposición», y que se debe tener en cuenta el tamaño de las empresas, dónde se encuentran y la actividad que realizan.
«El teletrabajo no es viable para todos los sectores y para todos los tamaños de empresa», ha defendido este martes durante un desayuno de ‘Nueva Economía Fórum’ al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.
Sobre la cuestión, la presidenta de Cepyme ha defendido su postura argumentado que «no tiene mucho sentido» aplicar una medida de ahorro energético cuando un trabajador vive en un municipio de 5.000 habitantes y puede ir andando de casa al trabajo o que hay actividades que no permiten teletrabajar.
Durante su comparecencia, Ángela de Miguel ha avisado de la pérdida de pequeñas y medianas empresas, con 25.000 microempresas menos que antes de la pandemia debido a la excesiva regulación que existe en el país y que pone en riesgo la viabilidad de la pyme.
Así, ha lamentado el deterioro del diálogo social, que no tiene en cuenta la realidad de las pymes, sobre todo el diálogo que mantienen las empresas con el Ministerio de Trabajo.
La presidenta de Cepyme ha defendido la necesidad de un diálogo social «eficaz» y ha asegurado que las empresas seguirán sentándose en las mesas de diálogo social tripartito –Gobierno, sindicatos y patronal–, con la confianza de que en algún momento el Ejecutivo deje de tomar decisiones «unilaterales» que debilitan al país y la prosperidad de los ciudadanos.
En esta línea, ha asegurado que desde la patronal de pymes defenderán el diálogo social independientemente de las «vicisitudes políticas» que puedan encontrar y ante cualquiera que lo intente limitar o no crea en el diálogo.
Al ser preguntada por si la presencia de Vox en gobiernos autonómicos pone en peligro el diálogo, Ángela de Miguel ha afirmado que es «fundamental para el país» los acuerdos que alcanzan patronal y organizaciones sindicales a través de la negociación bipartita y ha defendido que las instituciones independientes hacen a España «mejor».
PIDE FORMAR A LOS MIGRANTES QUE SE REGULIZARÁN
La presidenta de Cepyme ha defendido que la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno ha aprobado recientemente favorecerá a todos los españoles si se complementa con formación hacia los no nativos que se van a regularizar para que puedan cubrir las vacantes de empleo que hay en España.
La falta de mano de obra en algunos sectores es una de las principales dificultades que afrontan las pymes, según ha afirmado De Miguel, que ha asegurado que la mejora macroeconómica no está llegando a las pymes porque son «las gran olvidadas de las políticas públicas».
«Lo que queremos es un Ministerio de Trabajo que piense en nuestras empresas, que piense en nuestras pymes, porque sin empresas y sin pymes, ni hay trabajo, ni hay calidad de vida para nuestras familias», ha expuesto.
De Miguel ha asegurado que si se legisla para las pymes, esta legislación servirá para las grandes empresas, pero al revés no es viable, a la vez que ha cargado contra el incremento de los costes laborales que lastran la productividad de pequeñas y medianas empresas.
En esta línea, ha recordado que los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años, que lo han llevado a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, le cuesta a las empresas 1.900 euros al mes por trabajador, y ha pedido valorar esta situación a la hora de negociar subidas salariales aunque la inflación repunte por el conflicto en Irán.
Según ha denunciado la presidenta de Cepyme, incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha alertado en un informe que en España se paga más por trabajar que por consumir, lo que, a su juicio, no incentiva crear puestos de trabajo.
Junto a ello, ha recordado que el absentismo laboral impacta especialmente a las microempresas, ya que en un pequeño negocio, como una panadería, si hay tres trabajadores (contando con el dueño del establecimiento) y falta uno, no se puede abrir.
Por ello, ha pedido mejorar la gestión del absentismo, que cuesta 33.000 millones a empresas y al Gobierno, así como una simplificación administrativa real, porque hay pequeñas empresas que no pueden afrontar el coste administrativo de desarrollar su actividad.
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