Con fosas como escudo fronterizo, el Chile de Kast centra política antimigrantes
SANTIAGO – En su primera acción desde la presidencia de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast estableció la construcción de fosas en la norteña y desértica frontera con Perú, un símbolo de la política de choque que aplicará contra los inmigrantes.
El 16 de marzo, apenas cinco días después de asumir la presidencia, Kast viajó al limítrofe puerto de Arica para supervisar la construcción de los primeros metros de 30 kilómetros de zanjas de tres metros de ancho por tres de profundidad, que efectivos del Cuerpo Militar del Trabajo excavan ya en la costa desértica del Pacífico.
Es parte del plan contra la inmigración ilegal y el crimen organizado, explicó Kast, que incluye crear otras barreras a lo largo de la frontera, primero con Perú y luego con Bolivia, dentro de un sistema de contención que incluirá también muros y vallas de cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento.
Además, el llamado escudo fronterizo aumentará la presencia militar y multiplicará los drones y otros sistemas de vigilancia. A cargo de la Zona, Kast nombró al vicealmirante en retiro Alberto Soto cuyo cargo formal, con plenos poderes para el control de la migración y los delitos trasnacionales, es de Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte.
Simultáneamente ordenó tramitar de urgencia en el legislativo Congreso bicameral un proyecto de ley que tipificará el ingreso ilegal como un delito e incluye penas de cárcel.
Kast, el primer presidente electo desde 1990 que reivindica la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), ganó los comicios recogiendo iniciativas ultraconservadoras como las del estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei.
Durante la campaña y en sus primeros días en el gobierno alimentó la percepción de que el país estaba sumergido en una emergencia de seguridad ciudadana, alimentada por la migración ilegal, en un retrato que se contradice con las cifras oficiales que muestran que los ingresos irregulares cayeron netamente desde 2021 y datos de que la delincuencia en el país tiene niveles moderados.
“Privar de los servicios vitales a las personas migrantes da cuenta de una propuesta de deshumanización que despoja a los seres humanos de su condición de personas”: María Emilia Tijoux.
El exdiputado Frank Sauerbaum, del ultraconservador y oficialista partido Renovación Nacional, asumió como director del Servicio Nacional de Migración e informó que en los últimos días se controló en las calles a 2500 migrantes, de los cuales 700 tienen una situación migratoria irregular.
Sauerbaum, anunció que funcionarios de su Servicio y de la Dirección del Trabajo integrarán grupos de tarea para buscar inmigrantes en situación irregular en sus trabajos.
Estos supuestos migrantes en condición irregular suman unos 338 000, según coinciden cifras admitidas transversalmente, incluyendo a 182 000 que aceptaron ser empadronados y a quienes se les tomó medidas biométricas en un proceso impulsado por el precedente gobierno del izquierdista Gabriel Boric.
Isabel, de 38 años, inmigrante ecuatoriana quien vino a Chile hace dos años desde Milagro, cerca de Guayaquil, admitió a IPS que vive una situación de incertidumbre.
Trabaja en una lavandería de ropa y no tiene residencia legal. Tampoco su pareja y sus dos hijos.
Una venezolana de 35 años, quien vive indocumentada desde hace cuatro años en una comuna (municipio) de Santiago y pidió reservar su identidad, reconoció a IPS que respaldaba a Kast, pero ahora tiene temor sobre su futuro y el de sus dos hijos.
“Cuando regreso del trabajo me encierro en mi casa y no vuelvo a salir. Me dicen que en algunas estaciones del Metro están pidiendo a los venezolanos que muestren su documentación”, relató.
El último censo del 2024 en esta alargada nación sudamericana reveló que Chile tiene 18,4 millones de habitantes y el estatal Instituto Nacional de Estadísticas proyecta que asciendan 20,1 millones para el 2026. Los extranjeros son 1,6 millones, un manejable 8,8% de la población total.
La población migrante se duplicó en los últimos siete años especialmente por el flujo de venezolanos, que huyeron de la crisis política y económica de su país.
Rodolfo Noriega, presidente de la Fundación Defensoría Migrante, dijo a IPS que entre los migrantes “hay mucha zozobra e incertidumbre porque no saben qué cosa van a aplicar primero”.
Admitió que los policías chilenos no tienen herramientas tan poderosas como las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para controlar, reprimir y deportar a la inmigración irregular.
“Aquí no pueden encerrar a la gente y la ley establece un máximo de cinco días para una expulsión. La policía no tiene facultad para expulsar”, detalló este abogado peruano.
“La regularización de migrantes es la llave clave para que las personas entren al circuito formal y podamos saber quienes vienen a aportar y quiénes no vienen con esas intenciones”: Waleska Ureta.
Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante, dijo a IPS que el Escudo Fronterizo “es un plan diseñado, implementado y supervisado por militares para abordar un fenómeno social global como es la migración”, lo que supone que es una iniciativa de alcance parcial y efectista.
Para resolver el problema de los migrantes hay que tomar medidas más allá de usar la represión policial y militar, planteó.
“El abordaje de los temas por parte de militares es justamente frente a un enemigo a anular o eliminar, como en una guerra, y la migración irregular no es un factor de guerra”, sostuvo el uruguayo Cardoza.
Sauerbaum reveló que el anterior director del Servicio le dejó una carpeta con 37 000 órdenes de expulsión de migrantes y otras 85 000 en proceso.
María Emilia Tijoux, profesora del departamento de sociología de la pública Universidad de Chile, afirma que las medidas impulsadas por Kast “están en la lógica racista que propone este gobierno que señala a los migrantes como personas excluidas de todo derecho”.
Indicó a IPS que se trata de “medidas que son impracticables como expulsar a 338 000 migrantes que están en condiciones irregulares y como la realización de zanjas que cerrarían las fronteras del país”.
Tijoux lamentó la aprobación en primer trámite, el 24 de marzo en la Cámara de Diputados, por 95 votos a favor y 48 en contra, de una ley que restringirá el acceso de migrantes a programas públicos en salud y educación.
“Privar de los servicios vitales a las personas migrantes da cuenta de una propuesta de deshumanización que despoja a los seres humanos de su condición de personas”, comentó.
El proyecto indica que “se podrá priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de nacionales, frente a extranjeros en condición migratoria irregular”.
El miedo cunde entre los migrantes
La acción antimigración de Kast incluye acciones para evitar su ingreso y declarar esas entradas ilegales como delitos.
Noriega restó eficacia a cavar zanjas fronterizas y afirmó que “mientras más barreras se pongan al ingreso regular, se va a generar un mercado irregular de ingreso. El ingreso irregular va a ser más caro”.
Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita al Migrante, lamentó que mediante un proyecto de ley se apunte a restringir el acceso a salud y educación de los migrantes.
Recordó que Chile adhirió a convenciones internacionales que protegen estos derechos fundamentales.
“Son personas que no se van a ir del país con niños escolarizados. Y por salud pública al Estado le resulta más caro atender a personas que no tuvieron acceso a salud preventiva”, sostuvo Ureta.
Recordó que Chile tiene una baja tasa de natalidad y por eso le sirve acoger a niños migrantes o nacidos en Chile como hijos de migrantes.
“Los niños que llegaron muy pequeños a Chile y se van a escolarizar son el presente y el futuro de Chile. Tenemos una alta escolarización y es un error retroceder en la población que será el futuro de nuestro país”, subrayó.
“¿Queremos que quienes van a ser los adultos del futuro estén desescolarizados y negarles el derecho a la educación?, preguntó Ureta.
La frontera de Chile con Perú, donde se cavan actualmente las fosas, tiene 167 kilómetros y la frontera con Bolivia alcanza a 782 kilómetros.
Según Noriega “mientras más barreras se pongan para la inserción laboral de los migrantes habrá más trabajadores precarizados”.
Muchos migrantes son requeridos como mano de obra en puestos donde los chilenos ya no quieren trabajar. Ureta recordó que la empresarial Sociedad Nacional de Agricultura indicó que Chile necesita anualmente 400 000 personas dedicadas al trabajo de temporada.
“Es importante que las planificaciones, más allá de la estigmatización, vean cómo los migrantes pueden aportar al desarrollo económico del país”, sostuvo Ureta.
Recordó también que la sociedad chilena está envejeciendo y “requerirá personas jóvenes que dinamicen la economía para sostener a su población”.
Para Ureta “la regularización de migrantes es la llave clave para que las personas entren al circuito formal y podamos saber quienes vienen a aportar y quiénes no vienen con esas intenciones”.
Hay una trampa, la excepción
“Si a estas 338 000 personas las vamos a perseguir de tal forma que no puedan ni siquiera trabajar ¿qué van a hacer para vivir?’’, preguntó Cardoza.
Aseguró que “hay interés en sembrar temor y ese temor existe entre los migrantes. Hay muchos que no tienen la posibilidad de irse, aunque quieran”.
“Estamos en una trampa. Lo que quieren armar con la excepción es control social en general de la sociedad a partir de mostrar lo que son capaces de hacer con la migración”, sostuvo.
La situación es compleja porque la migración aporta a Chile 10 % de su producto interno bruto (PIB), según datos revelados por un estudio de la Fundación porCausa Chile y por otras instituciones económicas y sociales.
“No sé qué empresa internacional está dando 10 % del PIB al país”, planteó Cardoza.
Añadió que con los migrantes se están impulsando las mismas políticas que se implementan con muy malos resultados en otros países.
“Estamos absolutamente de acuerdo que se combata la delincuencia. Pero eso no quiere decir que todos los migrantes sean delincuentes y haya que someterlos a estas condiciones que se anuncian”, concluyó.
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