Elogian en la ONU ley contra mercenarios en Colombia

BOGOTÁ – El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Mercenarios elogió este viernes 27 la promulgación por el presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica en Colombia la Convención Internacional sobre Mercenarios, de 1989.
“La revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”, asentaron los expertos en un comunicado al término de su visita al país.
Sin embargo, los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también alertaron sobre los crecientes riesgos que supone el reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados en el exterior.
Hasta 10 000 colombianos, en su mayoría exmilitares, estarían participando en conflictos armados en el extranjero, reclutados tanto por medios legales como irregulares, atraídos por altos salarios y la falta de oportunidades laborales en el país.
El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha dado lugar a la multiplicación de actores armados y empresas de seguridad privadas.
Petro promulgó, el pasado 17 de marzo, la Ley 2569, que prohíbe el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios en el territorio colombiano.
La legislación, elaborada por el Congreso el año pasado, fue una reacción ante incidentes internacionales de alto impacto, como el asesinato en 2021 del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el que se vieron implicados exmilitares colombianos.
Asimismo, la presencia manifiesta de combatientes colombianos remunerados en confliuctos en Ucrania, México, Yemen y la República Democrática del Congo.
La nueva ley faculta al Estado para perseguir judicialmente a las empresas o estructuras que promuevan el mercenarismo desde territorio colombiano, y busca proteger la vida de los nacionales que son engañados con promesas de altos ingresos en el exterior y favorecer la imagen internacional de Colombia.
El Estado procura con la ley que el entrenamiento recibido por los uniformados en la Fuerza Pública no sea capitalizado por negocios privados de guerra o grupos criminales transnacionales.
Los exmilitares colombianos, según los expertos de la ONU, se encuentran entre los más solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad y en conflictos armados.
Los incentivos económicos, la ausencia de oportunidades laborales en el país y el aumento del reclutamiento en línea han llevado a un incremento de solicitudes de empleos en el extranjero, incluidos los del combate activo.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por los expertos es la situación de las familias de los colombianos que han fallecido o desaparecido en el campo de batalla. Estas familias enfrentan grandes dificultades para obtener información, en particular en los casos de reclutamiento predatorio o engañoso.
“El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y las herramientas de vigilancia sofisticadas, plantean riesgos para los derechos humanos y la seguridad”, señalaron los expertos.
Para prevenir el reclutamiento en el extranjero, el Grupo de Trabajo recomendó acciones interinstitucionales coordinadas, cooperación internacional, campañas de sensibilización pública y mejores oportunidades económicas en el país.
Los expertos y expertas del Grupo de Trabajo son Michelle Small (Sudáfrica), presidenta-relatora; Ravindran Daniel (India); Joana de Deus Pereira (Portugal); Jovana Jezdimirovic Ranito (Serbia), y Andrés Macías Tolosa (Colombia).
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