Baleares distribuirá cerca de 161 millones entre diferentes sectores afectados por la guerra en Irán

PALMA 27 Mar. –

El Govern balear destinará alrededor de 161 millones de euros a distintos sectores de la economía balear que se puedan ver afectados por la guerra en Irán y Oriente Próximo, con el objetivo de «proteger a las empresas, preservar los puestos de trabajo y evitar el incremento de los costes en la cesta de la compra».

Así lo ha indicado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha anunciado este primer paquete de medidas, después de haber mantenido una reunión en la que han estado presentes varios consellers, los Consells insulares, corporaciones locales y representantes de los agentes sociales.

El paquete se aprobará el próximo miércoles en el Consell de Govern extraordinario para incorporar las aportaciones de los actores implicados y se articulará en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales.

CASI LA MITAD SON LÍNEAS DE CRÉDITO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

En primer lugar, el Govern activa un importante mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA.

Estas líneas incluyen una aportación pública destinada a financiar el 100% del coste de los avales y el 90% de los intereses, con el objetivo de «facilitar al máximo el acceso al crédito en un contexto de incertidumbre e incremento de costes».

En segundo lugar, el paquete incluye 36,75 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados. De esta cantidad, 13,5 millones de euros se destinan al sector primario, con medidas para compensar los sobrecostes en gasóleo agrario y pesquero, alimentación del ganado –3,5 millones–, fertilizantes –1,5 millones– y otros insumos.

También ha concretado que habrá cinco millones para inversiones en explotaciones agrarias, transformación y comercialización de productos, junto con otro millón para bonos que fomenten el consumo de producto local.

Además, habrá 9,75 millones de euros para al sector del transporte, con ayudas específicas para el transporte de mercancías –seis millones–, el transporte discrecional y el sector del taxi, así como una línea para el desguace de vehículos –2,5 millones–, una «demanda del sector».

Otros 13,5 millones de euros se destinan a los sectores industrial, de la construcción y el comercio, con ayudas para compensar los sobrecostes del transporte y de las materias primas –ocho millones para autónomos–, apoyo a empresas exportadoras –dos millones– y una nueva convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y de alimentación –3,5 millones–.

En tercer lugar, el Govern incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, mediante modificaciones normativas que permitan reducir la «carga administrativa» y programas temporales para reforzar los equipos de gestión con más personal público, con el objetivo de «acortar los plazos de resolución».

El cuarto bloque hace referencia a las medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros. Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable –dos millones–, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre –calculado en dos millones–.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de «adaptarlos a la escalada de precios y garantizar la viabilidad de las adjudicaciones».

En ese punto, ha aclarado que desde la administración autonómica se irá al «máximo» subvencionable pero ha alegado que reivindicarán al Gobierno de España que apruebe una revisión de las adjudicaciones de obra pública para tener un margen «más amplio» y englobar a los Consells insulares y ayuntamientos.

«DOBLE Y TRIPRE INSULARIDAD» EN LAS AYUDAS

Prohens ha detallado que todas estas medidas tendrán en cuenta la realidad de la «doble insularidad» de Menorca y Eivissa, y, en el caso de Formentera, la «triple insularidad».

Prohens ha remarcado que este es un primer paquete de medidas, con importes ampliables en función de la evolución del conflicto, ya que ha destacado que se trata de una situación de «incerteza» porque «no se sabe hasta dónde llegarán los efectos».

Aún así, ha expresado sus deseos de que «acabe lo antes posible» pero ha reconocido que mantiene la mano tendida a los diferentes sectores para evaluar los efectos de la guerra y, si fuera necesario, aprobar nuevas medidas o ampliar las existentes.

En paralelo, ha concretado que ya se trabaja en nuevas actuaciones de carácter social dirigidas a los colectivos más vulnerables y que se anunciarán próximamente, tras la ronda de contactos que mantenga la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, con entidades sociales.

Al hilo de esta cuestión, se ha preguntado a la presidenta si el Govern había pensado en medidas centradas en vivienda o si, como presidenta del PP en Baleares, podría solicitar a los diputados baleares un voto favorable al decreto de la prórroga de los alquileres.

En cuanto a la segunda cuestión, Prohens ha evitado contestar y sobre la primera se ha remitido a las medidas que puedan surgir de estos encuentros, ya que ha recalcado que fueron los grupos parlamentarios quienes le solicitaron tratar estas medidas por separado.

Además, ha aclarado que los Consells insulares ya le han trasladado su intención de impulsar medidas «complementarias» dentro de su ámbito competencial.

La presidenta ha avanzado que el Govern reclamará al Gobierno de España «compensaciones económicas adicionales» para Baleares o la financiación de parte del paquete de medidas, con el objetivo de «tener en cuenta la realidad insular».

«Es una reclamación que suscita consenso, ya que todos los sectores económicos de Baleares coinciden en que las medidas estatales son insuficientes para el archipiélago, al obviar la realidad insular», ha resaltado.

A este montante, Prohens ha sostenido que habría que añadir otros 40 millones de euros, por los efectos que tendrá la rebaja del impuesto de los carburantes y la generación eléctrica, aprobada desde el Gobierno central, en la recaudación de la Hacienda autonómica.

Asimismo, ha agradecido el «tono» de los asistentes a las reuniones previas que se han mantenido para elaborar este paquete de medidas, ya que ha considerado que la sociedad «exige superar las diferencias partidistas» y «estar a la altura de lo esperan los ciudadanos».

CL8