El Defensor del Pueblo recomienda realizar «un estudio sobre el riesgo de explotación sexual» en centros de menores
MADRID, 24 Mar. (Agencias) –
El Defensor del Pueblo ha recomendado en su Informe Anual realizar «un estudio sobre el riesgo de explotación sexual» en los centros de menores tutelados y ha advertido de que en centros en los que se ha producido algún caso de abusos no han recibido protocolos actualizados para una pronta detección.
«Durante el año 2025 se reabrió la actuación de oficio sobre violencia sexual en el ámbito del sistema de protección, que ya puso de manifiesto la dificultad de contar con datos fidedignos, así como la necesidad de efectuar un estudio específico sobre el riesgo de explotación sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección», señala la institución en el documento, que se ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Según precisa, la institución volvió a dirigirse a las administraciones competentes para actualizar los datos recabados a lo largo del 2023, si bien, señala que, a fecha de cierre de este informe, todavía estaban pendientes de recibirse varias respuestas.
Entre aquellas que sí enviaron sus informes se encuentran: Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Región de Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, así como las diputaciones forales vascas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y, de Islas Baleares, de los consejos insulares de Ibiza y Mallorca.
En conexión con esa investigación general, el Defensor señala que en 2025 efectuaron visitas a cinco centros de protección de menores en distintas comunidades autónomas, en los que habrían estado acogidas algunas menores víctimas de abuso o de explotación sexual.
En concreto, la institución visitó la Residencia de Adaptación Psicosocial para niños, niñas y adolescentes (REAPS) Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama (Comunidad de Madrid); el Centro Educativo Terapéutico (CET) Gasteiz, en Vitoria (País Vasco); la Residencia Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); la Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña), y el Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia). Todos esos centros, excepto el de Cataluña, son centros específicos destinados a menores con problemas de conducta.
El Defensor destaca que en las visitas comprobó, con respecto a la investigación de abusos o explotación sexual de menores, que «los centros no habían recibido nuevos protocolos para la pronta detección e intervención en tales casos».
Asimismo, el informe advierte de que, durante estas visitas, constataron «una falta de adecuación de los perfiles de varios menores allí acogidos» por distintas razones como discapacidad intelectual o salud mental.
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