El Defensor del Pueblo recibe casi 1.300 quejas por retrasos en la valoración del grado de discapacidad
MADRID 24 Mar. Diario Dia –
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recibió en 2025 casi 1.300 quejas individuales de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin recibir respuesta. Así lo recoge el Informe Anual de la institución, presentado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Según señala el documento, en la «gran mayoría de casos» ya se había superado, «incluso muy ampliamente», el plazo máximo de seis meses que contempla la ley.
El Defensor del Pueblo señala en su informe que comprende «las dificultades objetivas a las que se enfrentan, en muchos casos, las administraciones competentes» para resolver estos problemas de retraso en la valoración de la discapacidad (como ocurre paralelamente en el sistema de valoración de la dependencia), y valora «positivamente las diferentes medidas que cada una de ellas trata de impulsar».
Si bien, reitera «la necesidad de desterrar la resignación como modo de respuesta ante un asunto social que se cronifica».
Además, destaca que, detrás de esas quejas se encuentran «personas de todas las edades, niños y personas muy mayores, para quienes el reconocimiento de su discapacidad puede llegar a constituir una llave de acceso a la inclusión social o, al menos, el modo de paliar razonablemente la desventaja a la que se enfrentan para desarrollar un proyecto de vida».
Como resultado de la tramitación de esas quejas individuales, al margen de las recomendaciones generales, la institución ha formulado hasta en 104 ocasiones un «Recordatorio del deber legal de resolver los expedientes en tiempo y forma y el deber de articular los medios precisos para solventar la situación».
Asimismo, el informe refleja algunas recomendaciones concretas planteadas por el Defensor del Pueblo sobre los retrasos en la valoración del grado de discapacidad.
En concreto, destaca la recomendación de «la inclusión de criterios de ordenación de los expedientes en la normativa reguladora, con el fin de determinar, de forma objetiva y razonable, su carácter urgente, prioritario u ordinario» y dice que la materialización de esta recomendación «no debería sufrir más demora, dada la persistencia de los grandes retrasos en la valoración».
«Es preciso que las administraciones que aún no lo han hecho aprueben y publiquen la norma que excepciona el orden legal de tramitación en función de las circunstancias de mayor o menor vulnerabilidad de cada solicitante», aconseja.
Asimismo, subraya la necesidad de que los ciudadanos, mientras esperan ser atendidos por los servicios de valoración, «cuenten con la información que les permita ordenar y planificar sus expectativas».
«La emisión de una más completa comunicación informativa al inicio del procedimiento ha de dar mejor respuesta a la inquietud generalizada que se aprecia en las muchas quejas recibidas», apunta.
«ATENTO» A LA REFORMA DE LAS LEYES DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
Asimismo, el Defensor del Pueblo expone en su Informe Anual que, durante 2025, continuó «atento» a la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, y celebra que «incorpora determinados planteamientos realizados por esta institución en años anteriores».
Entre otros, destaca «la ampliación de la Escala de Valoración Específica de los tres a los seis años; la supresión del plazo máximo de suspensión en el derecho de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; y la regulación de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, flexibilizando el requisito de convivencia».
CL23
