20 noviembre 2026

El Supremo exige a la JEC garantizar que más de 160.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no voten

El Supremo exige a la JEC garantizar que más de 160.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' no voten
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   El Tribunal Supremo (TS) ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que más de 160.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre si no demuestran que son descendientes de exiliados.

   A través de una providencia de este viernes, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda que tanto la JEC como la Oficina del Censo Electoral Central «deberán estar a lo acordado» en los autos con los que el alto tribunal suspendió de forma cautelar el voto para los nacionalizados por esa disposición de la Ley de Memoria Democrática.

   «En consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados», ordena.

   Los magistrados toman esta decisión ante la «difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal», según señalan, de los informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral relativos al cumplimiento de las medidas cautelares acordadas.

   La semana pasada, la Abogacía del Estado, en nombre del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentó uno en el que indicó que cuando se cerró el censo para estas elecciones, el pasado 1 de agosto, había registradas 163.355 personas que adquirieron la nacionalidad española, pero añadió que, «como resultado de las comprobaciones realizadas», la cifra se reducía a 113.326.

   Además, en otra providencia, el Supremo da dos días de plazo a las partes –hasta el lunes– para presentar alegaciones sobre documentación aportada por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior respecto a los controles de seguridad de los dispositivos para votar con DNI digital en las generales. 

   Los magistrados también dan cuenta de que el PP ha solicitado personarse en este proceso, para lo que le exigen que precise en qué concepto pretende personarse en las actuaciones, toda vez que «únicamente podrán actuar como codemandados en el procedimiento».

   En este proceso, el alto tribunal ha suspendido el voto para nacionalizados por la ‘ley de nietos’, pero no para los hijos de estos, al considerar que los recurrentes, Iustitia Europa y Vox, lo pidieron muy avanzado el período electoral, por lo que ampliar la suspensión ahora, a su juicio, afectaría a «los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

   Iustitia Europa denunció, tras el informe del INE, que existían 35.925 registros que no habían sido localizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y «cuya situación censal no había sido suficientemente esclarecida por la Administración», por lo que reclamó al Supremo que se determinara su situación y se garantizara la suspensión cautelar, tanto en España como en el extranjero. 

   Así lo ha recordado en una nota de prensa este viernes el partido que dirige el abogado Luis María Pardo, señalando que la orden judicial «comprende por tanto a 162.454 personas, sin perjuicio de las nuevas certificaciones que puedan aportarse antes del 29N».

CL9