Cuba limita racionada y subsidiada liberta de alimentos a los más vulnerables
LA HABANA – La mayoría de las familias en Cuba, excepto los más ancianos, nació con una Libreta de Abastecimientos, el elemento insignie de un sistema de distribución de alimentos y otros productos básicos, subvencionados y racionados por el Estado, al que accedían todos los habitantes.
Sin embargo, hoy permanecen cerradas casi todas las bodegas, el nombre local de las tiendas alimentarias estales, donde antes se comercializaban estos bienes, mientras unas pocas se ocupan de una asistencial distribución de alimentos a las personas más vulnerables, y otras han sido arrendadas al sector privado.
“Mira, no he recibido arroz desde hace meses. Ni azúcar, café ni frijoles. El pollo, desde 2025, si mal no recuerdo. Ahora dicen por ahí que van a quitar la Libreta, pero creo que en la práctica ya la habían quitado”, dijo a IPS el albañil Carlos Garrido, un residente en La Habana de 63 años, mientras enseñaba la Libreta de su núcleo familiar.
Este sistema de distribución surgió mediante la Ley 1015 de 1962 para sortear la escasez generada, entre otros factores, por la postura de Estados Unidos, principal abastecedor del país entonces, que descontento con el rumbo de la revolución cubana interrumpió sus relaciones de todo tipo con esta nación insular caribeña.
Arroz, pollo, azúcar, leche, huevos, aceite, frijoles, espaguetis y gas para cocinas se vendían por Libreta hasta hace unos cinco años.
Después de la covid-19, mientras iba arreciando la crisis multidimensional de Cuba, con una mayor inflación, contracción económica y tras un ordenamiento monetario fallido, la cantidad de productos que se ofertaban por la Libreta fue siendo cada vez más exiguo.
En 2026, el bloqueo petrolero y nuevas sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a la isla agudizaron la crisis y redujeron al extremo las raciones de las bodegas.
A los cubanos, que antes cubrían parte de sus necesidades calóricas gracias a la distribución de alimentos subsidiados, ahora no les queda otra opción que someterse a los elevados precios de un mercado de oferta y demanda, principalmente privado, sin los topes administrativos de precios, usados antes para contener, fallidamente, las subidas.
La Libreta, también conocida como cartilla de racionamiento, “ha desaparecido en la práctica, se puede decir que se ha extinguido, y entre las medidas aprobadas se indica que en el futuro se concentrará solo en sectores vulnerables de la población”, escribió en un artículo para IPS el economista Omar Everlerny.
En el programa radial Haciendo Radio, Marpessa Portal, directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, anunció que fueron seleccionadas “1913 bodegas para la atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad”, de las 12 000 existentes en todo el país.
Según Everlerny, este nuevo enfoque “conllevaría al Estado el definir quién es o no vulnerable, por lo que debe hacerse una clarificación necesaria al respecto”.
En un recorrido de IPS por varias bodegas aún activas, cada una de estas se encarga de repartir en una comunidad productos, gratuitos o al costo de un centavo de dólar o menos, a mayormente receptores de la asistencia social o en edad de jubilación, que es 60 años para las mujeres y 65 años, los hombres.
Asimismo, entre los beneficiados están, en menor medida, niños con enfermedades crónicas o bajo peso, mujeres embarazas críticas o jefas de hogar con más de tres hijos, y otros casos puntuales.
Según coincidieron los encargados de las bodegas, el censo para identificar a estas personas se realizó con trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, delegados políticos de la zona y autoridades de la salud y la educación.
A través del nuevo sistema una persona puede recibir mensualmente arroz, frijoles, azúcar, e incluso aceite de girasol, muy demandado y caro en el mercado, garantizado en este caso por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Así que son muchas las personas que anhelan integrar estas listas de personas vulnerables.
Una madre de tres hijos y beneficiada de la nueva modalidad de las bodegas, quien prefirió mantenerse en anonimato al ser entrevistada por IPS, mintió durante el censo al decir que mantenía sola a sus hijos, cuando en realidad vive junto a su esposo y recibe su apoyo económico.
“Tuve que decir que no tenía marido, porque la cosa está muy mala. A nosotros no nos alcanza el dinero para nada. El otro día no pudimos comer hasta que buscamos el módulo en la bodega”, reconoció.

El viejo debate sobre si quitar la Libreta
Desde hace años se hablaba de eliminar la Libreta.
El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018), en 2011, en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, el único permitido en el país), ya hizo referencia a eliminar la asistencia universal y focalizarla en las personas más vulnerables, con un discurso de subsidiar personas, en vez de productos.
El entonces mandatario redujo incluso la cantidad de artículos en la Libreta con tal de eliminar amplios subsidios que todavía en 2012 representaban un gasto superior a 1000 millones de dólares anuales, y del cual solo se recuperaba 12 % del valor real de los productos.
El actual presidente, Miguel Díaz-Canel, tras su investidura en 2018, ha reiterado junto a otros miembros del gobierno la necesidad económica de eliminar estos subsidios.
En 2019, IPS consultó a diversos economistas, sociólogos y otros especialistas sobre este tema, y muchas de las opiniones coincidían en que, en efecto, era necesario eliminar la universalidad de un subsidio que, en última instancia, no era necesario para grupos más privilegiados.
Sin embargo, algunos expertos advertían de realizar esa eliminación de forma gradual y cuando la producción nacional de alimentos y la economía cubana pudiera amortiguar el golpe que significaría en la alimentación de muchas familias.
Por esas mismas razones, se aplazó la eliminación de la Libreta para un momento más propicio que nunca llegó y que, en cambio, se fue volviendo menos idóneo desde 2020.
Que se eliminara ahora es consecuencia de la incapacidad financiera del gobierno cubano de mantener esa asistencia, y también del sustento ideológico propiciado por una nueva política económica.
En junio, el PCC y el unicameral parlamento cubano aprobaron un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales que promueven la desregulación, la privatización y el avance de lógicas mercantilistas en un país históricamente centralizado.
Una de las más recientes medidas que acompañan la nueva polílica se aprobó este lunes 16, con la Resolución 108 de 2026, que establece que entidades estatales y privadas pueden invertir en infraestructura social como escuelas, hospitales, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, a cambio de excepciones fiscales.
La asistencia pasaría a ser una carga compartida entre el sector estatal y privado, cuando ya el gobierno identifica unas 883 000 personas en situación de vulnerabilidad, equivalente a 9 % de los 9,4 millones de habitantes en Cuba.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, informó de esa cifra a fines de octubre.
Pero matizó que no todas esas personas sufren inseguridad alimentaria, pues otros indicadores que se consideraron pueden ser la necesidad de cuidados familiares no cubierta, bajos ingresos familiares o la falta de vivienda, en un país con déficit habitacional de 800 000 unidades.
Otros estudios no gubernamentales, como el de la socióloga Mayra Espina, calculan en más de 1,3 millones la cifra de personas vulnerables, mientras 66 % de la población cubana vive hoy en situación de pobreza económica, cuyos ingresos no alcanzan los aproximadamente 14 dólares necesarios al mes para una canasta básica de alimentos.

Nuevos mercados
En sustitución del sistema universal de distribución de alimentos de la Libreta, el gobierno no solo conservará una pequeña porción de sus locales para repartir a personas en situación de vulnerabilidad, sino que tambien se incentivará una nueva modalidad comercial: los “mercados de barrio”.
Aprobados jurídicamente en agosto, los mercados de barrio tienen el propósito de ofertar determinados productos de primera necesidad con precios competitivos, a cambio de incentivos fiscales y la exoneración por dos años del pago por el arrendamiento de esas mismas bodegas estatales.
“Los objetivos del mercado de barrio son comercializar una nomenclatura de productos alimenticios y de aseo de primera necesidad… con una reducción de precios con respecto a los restantes mercados, teniendo en cuenta los incentivos fiscales y comerciales diseñados para el proyecto”, dijo Marpessa, funcionaria de Comercio Interior, a fines de octubre.
En su intervención anterior en el programa radial, había mencionado que existían entonces 47 de esos mercados en el país.
El gran problema de la iniciativa es que los precios, lejos de ser más competitivos, resultaban más caros que en otros mercados privados cercanos, según criticaron muchos clientes en redes sociales.
Algunas explicaciones sobre este fatal resultado recaen en que algunos vendedores no bajan sus precios calculando los ahorros que suponen la exoneración fiscal y del arrendamiento que ofrece este sistema.
Otras, simplemente, apuntan a que las cuentas no dan.
En teoría, las fuentes de aprovisionamiento de los mercados de barrio deberían ser los productores y comercializadores mayoristas estatales y no estatales, que venden por cantidades a precios más baratos.
Junto con estas entidades, se permitió la creación de los llamados “mercados de abasto”, diseñados también para que ambas modalidades hicieran sinergia.
Pero apenas existen aún mercados de ese tipo, ni tienen la capacidad de mantener un flujo estable de suministros que puedan satisfacer la enorme demanda y bajar los precios, además de que la mayoría de los alimentos son importados y sufren las restricciones de las navieras tras las sanciones de Estados Unidos.
“Hoy todo está muy caro. Demasiado caro… sí, cuando veo la situación como está en candela, sí extraño cuando uno podía comer al menos lo básico por la libreta. Hay mucha gente ahora que no le queda nada”, dijo Garrido, el albañil habanero.
ED: EG
CL14
