20 noviembre 2026

Amnistía Internacional documenta 61 casos para denunciar el «uso excesivo de la fuerza policial» en la huelga del 11N

Amnistía Internacional documenta 61 casos para denunciar el "uso excesivo de la fuerza policial" en la huelga del 11N
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MADRID 20 Nov. –

Amnistía Internacional ha documentado 61 casos para denunciar el «uso excesivo de la fuerza policial» contra manifestantes y periodistas que actuaron de manera «pacífica» en la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, a la vez que ha exigido al Ministerio del Interior que las investigación interna para esclarecer las actuaciones de la Policía se hagan públicas «al detalle» y se revise «todo el armamento menos letal usado en protestas».

En un comunicado, la organización ha señalado que, a través de los equipos de observación que desplegaron y la visualización de material audiovisual, junto a 24 entrevistas personales a los testimonios que denuncian el uso desproporcional, ha podido documentar «golpes de porra contra personas que no suponían una amenaza», muchos de ellos «en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, y también contra personas de espaldas que huían o se alejaban de los agentes».

Amnistía Internacional también ha denunciado «el uso indiscriminado de espray pimienta contra personas y grupos de manifestantes pacíficos», en ocasiones lanzados «a muy corta distancia», así como botes de gas lacrimógeno dirigidos contra «una multitud pacífica que acabó encapsulada», y el disparo pelotas de goma «por la espalda».

«Estas actuaciones son incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la policía en una manifestación», ha subrayado la organización, que ha destacado que la jornada del 11 de noviembre «fue, en su inmensa mayoría, una protesta pacífica» y considera que «hechos aislados» que hubo de violencia, especialmente en Barcelona, no justifican el uso de la fuerza «contra quienes se manifiestan pacíficamente».

En este contexto, Amnistía Internacional pone el foco en la manifestación del 11 de noviembre celebrada en Madrid por la tarde donde, según ha resaltado, la marcha «transcurría de forma pacífica por la Gran Vía y tenía previsto finalizar en la Plaza de España», pero la Policía Nacional «bloqueó el paso de la mayoría de los participantes mediante un cordón policial y varios furgones, impidiendo que continuaran su recorrido».

Amnistía Internacional ha denunciado que esta intervención se produjo sin que los manifestantes recibieran avisos claros de dispersión, por lo que muchos no comprendían por qué se les impedía avanzar. Entonces, según el relato de la organización, la Policía inició una actuación para dispersar a la multitud mediante cargas policiales, golpes de porra, botes de gas lacrimógeno y pelotas de goma, mientras en las calles aledañas los manifestantes tenían las vías de salida limitadas por la propia presencia policial.

Al respecto, ha recordado que la Observación General nº37 del Comité de Derechos Humanos «establece que el gas lacrimógeno tiende a tener efectos indiscriminados, y que solo pueden emplearse como último recurso» y, por lo tanto, «solo debe utilizarse en situaciones de violencia tan generalizada que no es posible actuar contra las personas concretas que la ejercen».

«Su uso debe ir precedido de avisos claros, dejar tiempo y vías de salida seguras, y nunca producirse donde las personas no pueden dispersarse. En Madrid no se dio ninguna de esas condiciones», ha remachado la organización, que ha recordado que el uso desproporcional de este material provocó golpes, quemazón y dificultades en la respiración entre los asistentes.

Al respecto, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que garanticen el derecho a la protesta pacífica y que las actuaciones policiales potencialmente lesivas contra manifestantes pacíficos ocurridas desde el 11 de noviembre sean objeto de una investigación «pronta, exhaustiva e imparcial», cuyas conclusiones se publiquen. La organización ha reclamado además que estas investigaciones alcancen también a la cadena de mando, incluidas las órdenes dadas a los agentes.

Ha solicitado al Ministerio del Interior y a las Delegaciones del Gobierno una revisión «en profundidad » de los protocolos y regulaciones relativas a las actuaciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta, especialmente en lo referente al empleo de armamento menos letal, para asegurar que «cumple los estándares internacionales de derechos humanos».

En relación con los botes de gas lacrimógeno, Amnistía ha pedido que la orden de no utilizarlos «se concrete en un protocolo público» y que, mientras se mantenga su uso, solo se empleen ante una violencia generalizada que no pueda abordarse actuando contra las personas concretas que la ejercen. También ha reclamado que su utilización vaya precedida de «avisos claros, con tiempo y vías de salida seguras», que no se empleen en espacios donde las personas no puedan dispersarse ni contra multitudes encapsuladas y que los botes nunca se disparen directamente contra las personas.

Del mismo modo, respecto al espray pimienta, la organización ha solicitado que la Policía Nacional y la Guardia Civil adopten y publiquen un protocolo que incluya aviso previo, un intervalo para apartarse, la prohibición de usarlo contra la resistencia pasiva y de proyectarlo a los ojos, así como la obligación de garantizar vías de salida seguras.

Respecto al uso de porras, Amnistía Internacional ha pedido que solo se utilicen contra quien inflige o amenaza con infligir un daño inminente y nunca «contra la cabeza, el cuello o la parte superior del cuerpo», además de la prohibición de las balas de goma «por ser intrínsecamente imprecisas» y que, mientras no se prohíban, nunca se disparen a corta distancia, a la parte superior del cuerpo, contra personas que huyen ni con la finalidad de dispersar una multitud pacífica.

CL11