Falsos culpables: cuando el Estado indemniza por un error judicial
MADRID 15 Nov. Agencias –
El Estado ha tenido que indemnizar a ciudadanos que pasaron meses e incluso años en prisión por delitos de los que posteriormente fueron absueltos o por los que se reconoció que no debían haber sido privados de libertad. Las compensaciones, sin embargo, presentan grandes diferencias en función de las circunstancias de cada caso y de los perjuicios que hayan podido acreditarse.
Desde los 126 días que S. S. M., investigado por el asesinato en 2019 de Miriam Vallejo en Meco, permaneció entre rejas hasta los 2,5 millones de euros reconocidos a A. T. tras pasar 18 años encarcelado por un error judicial. Estos casos reflejan el coste humano y económico de las privaciones de libertad que terminan sin una condena válida y las dificultades para obtener una reparación por sus consecuencias.
La indemnización por haber sufrido prisión preventiva y resultar posteriormente absuelto o beneficiarse de un sobreseimiento libre se articula a través de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia, regulada específicamente en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2019, que anuló la limitación legal que vinculaba la indemnización a determinados motivos de absolución, quienes hayan sufrido prisión preventiva y posteriormente sean absueltos por cualquier causa o reciban un auto de sobreseimiento libre pueden reclamar una compensación, siempre que acrediten los perjuicios sufridos.
Entre los daños que pueden alegarse figuran los morales, el lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos o de actividad laboral, el perjuicio reputacional, las secuelas psicológicas y los gastos extraordinarios ocasionados por el encarcelamiento.
S. S. M. permaneció 126 días en prisión preventiva acusado de un asesinato que continúa sin resolverse. Casi siete años después de la muerte de Miriam Vallejo, la Justicia ha reconocido su derecho a recibir 14.000 euros del Estado por los daños derivados de aquel encarcelamiento.
La Audiencia Nacional estimó su recurso contra la desestimación de la reclamación presentada ante el Ministerio de Justicia. Para fijar la cuantía, los magistrados tuvieron en cuenta el tiempo efectivo que permaneció privado de libertad, la gravedad del delito que se le atribuía, la repercusión mediática de los hechos en su entorno residencial y laboral, la pérdida acreditada de ingresos y las consecuencias personales y familiares de su estancia en prisión.
S. S. M. estuvo encarcelado entre agosto y diciembre de 2019. La investigación acabó descartando su participación en el asesinato de Miriam Vallejo, cuyo autor continúa sin ser identificado.
Mucho más elevada fue la compensación reconocida a un matrimonio detenido en una operación contra el supuesto proselitismo yihadista en la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional ordenó indemnizar a la pareja con 495.386 euros después de que ambos fueran absueltos de los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista.
El hombre permaneció 1.044 días en prisión preventiva, cerca de tres años, mientras que su esposa estuvo encarcelada durante 333 días. La operación se desarrolló en 2016 y las detenciones se practicaron, entre otros lugares, en Pinto y Ciempozuelos.
La primera condena fue anulada por el Tribunal Supremo y, tras la celebración de un nuevo juicio, ambos terminaron absueltos ante la falta de pruebas objetivas que acreditaran las acusaciones.
La resolución de la Audiencia Nacional describió las consecuencias que el encarcelamiento había tenido sobre sus vidas, entre ellas la ruptura de su proyecto vital y los graves efectos psicológicos sufridos por el hombre, al que se reconoció un grado de discapacidad del 76 por ciento.
El caso refleja que las consecuencias de una prisión preventiva pueden prolongarse mucho más allá del tiempo pasado entre rejas. La pérdida del empleo, la separación de los hijos, la alteración de los planes familiares y el deterioro de la salud mental son algunas de las secuelas que pueden persistir incluso después de una absolución.
No existe un baremo único que establezca cuánto debe abonar el Estado por cada día de prisión preventiva cuando una persona acaba siendo absuelta. Los tribunales valoran las circunstancias de cada reclamación, el tiempo de encarcelamiento y los daños personales, familiares y económicos que se hayan acreditado.
En un caso difundido por el Consejo General de la Abogacía Española, la Justicia reconoció una indemnización de 3.000 euros a un hombre que había permanecido 117 días en prisión preventiva antes de resultar absuelto. La cantidad vuelve a poner de manifiesto las diferencias que pueden existir entre el tiempo que una persona pasa privada de libertad y la compensación económica que finalmente recibe.
Las cuantías no dependen exclusivamente del número de días de encarcelamiento. También influyen la naturaleza de los perjuicios alegados, la documentación aportada para acreditarlos y la relación que pueda establecerse entre esos daños y la privación de libertad.
El artículo 121 de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en los términos previstos legalmente.
Por su parte, el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula específicamente la indemnización de quienes han sufrido prisión preventiva y posteriormente son absueltos o reciben un auto de sobreseimiento libre, siempre que se les hayan ocasionado perjuicios.
La regulación cambió tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que declaró inconstitucional y anuló la limitación que vinculaba el derecho a indemnización a los casos en los que la absolución se fundamentaba en la inexistencia del hecho imputado.
Desde entonces, la posibilidad de reclamar se extiende a los supuestos de absolución por cualquier causa o sobreseimiento libre, aunque ello no supone que la compensación sea automática ni que se reconozca necesariamente la cantidad solicitada.
Distinta es la vía de reclamación cuando existe un error judicial en una condena que posteriormente queda sin efecto. En esos supuestos, la indemnización se fundamenta en las previsiones generales de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia.
Este último es el caso de A. T., un ciudadano marroquí que pasó alrededor de 18 años privado de libertad, entre prisión preventiva y cumplimiento de condena, por delitos sexuales que finalmente no había cometido. El Tribunal Supremo reconoció su derecho a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por los daños y perjuicios sufridos.
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