Frente Amplio plantea excluir de los contratos públicos durante 20 años a empresas ligadas a casos de corrupción

MADRID, 13 Nov. –

Frente Amplio ha presentado una batería de medidas de regeneración democrática como ampliar hasta los 10 años –ahora son dos– el veto a expresidentes del Gobierno para trabajar en la esfera privada, acabar con las ‘puertas giratorias’, prohibir a empresas que hayan participado en tramas corruptas contratar con la administración pública durante 20 años y reforzar las capacidades de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en casos de corrupción.

También plantea otras demandas que ya planteó Sumar en el anterior mandato como la recuperación de la creación de una agencia de prevención de la corrupción, entidad que no vio la luz al decaer la Ley de Integridad Pública por la convocatoria de elecciones.

Así lo ha manifestado durante un acto en Madrid la candidata a la Presidencia de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, la integrante de las listas de la coalición por Barcelona, Júlia Miralles, y el jurista jurista Javier Pérez-Royo.

Específicamente, Sumar plantea excluir a empresas vinculadas a casos de corrupción por 20 años mediante una reformar la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 72.6) y el Código Penal (artículo 33.7). Este veto alcanzaría también si esa sociedades forman parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Durante su intervención, la aspirante a la Moncloa ha lamentado que la corrupción se ha utilizado para «desprestigiar» la esfera pública y promover la «antipolítica». Por tanto, toca «devolverle el prestigio» que nunca debió perder garantizando unas instituciones «fuertes y ejemplares» y una política «limpia y honesta».

Dicho esto, ha querido ensalzar que su espacio político no ha tenido ningún caso de corrupción tras gestionar durante muchos años en las instituciones y ha puntualizado que esta lacra afecta básicamente al «bipartidismo», es decir, a PP y PSOE. No obstante, ha precisado que los ‘populares’, bajo su criterio, han protagonizado más tramas corruptas.

Por tanto, ha planteado en materia de regeneración democrática elevar la transparencia de las instituciones, tomar medidas en materia de contratación con el sector privado, donde surgen también los corruptores y están detrás de comisiones a políticos o recalificaciones urbanísticas.

De esta forma, ha llamado a acabar con las «puertas giratorias» que han fomentado el «bipartidismo», al considerar que es fundamental que la política tenga una actitud de «independencia» respecto de los grandes capitales.

Así, ha recetado también medidas que ya auspició durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona como elevar la protección de los denunciantes de corrupción, crear una agencia independiente para prevenirla con recursos suficientes y políticas efectivas.

«Debe haber luz y taquígrafos, focos, exigencia de responsabilidades sin contemplaciones» ha comentado para incidir en que también se tiene que actuar ante los corruptores, reivindicando la prohibición de empresas corruptoras con la administración público al menos durante 20 años.

«No puede ser que sean de facto amnistiados quienes han practicado la corrupción pagando comisiones, comprando favores desde el sector privado. Hay que ser inflexibles con los corruptos desde el ámbito político, pero también hay que ser igualmente inflexibles con aquellos que han querido corromper lo público», ha apostillado.

Por su parte, Miralles ha explicado en su intervención una serie de iniciativas como la necesidad, como retomar una ley de integridad pública –dado que había un proyecto de ley que decayó en el Congreso ante la convocatoria de elecciones– que contribuya «jurídicamente al levantamiento del velo societario» y que «nadie se oculte detrás de tramas empresariales complejísimas que ni los jueces mismos a veces son capaces de investigar».

«Hay que saber siempre quién es lo que llamamos el beneficiario final, el propietario último de las empresas y por lo tanto el que al final se está beneficiando cuando encontramos esas tramas de corrupción que implican a a empresas privadas», ha razonado.

Luego, ha aludido a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que tiene que reforzar para mejorar sus decomisos cuando hay bienes sospechosos de haber sido adquiridos por tramas corruptas.

También se comprometen a recuperar la proposición de ley que ya registró Sumar en la pasada legislatura para reformar la oficina de los expresidentes del Gobierno, elevando a 10 años la prohibición de trabajar en empresas privadas tras dejar el cargo en lugar de los dos actuales.

Asimismo, ha detallado que aspiran a que todos los recursos de los que pueden disfrutar los expresidentes para su actividad diplomática e institucional sean «inmediatamente retirados cuando empiezan a hacer una actividad privada lucrativa», en alusión por ejemplo a las oficinas y personal asistente.

«No puede ser es que estemos financiando personas que en vez de dedicarse al fomento de su actividad pública, que puede tener por supuesto todo el sentido, cuando uno se dedica a lo privado, que no siga usando recursos públicos», ha agregado.

Por último, la candidata de Frente Amplio ha apelado a la necesidad de disponer una ley de ‘lobbies’ como una de las cuestiones indispensables para España.

CL9