Koldo recurre al TC para anular su condena y solicita quedar en libertad hasta que se responda a su recurso

MADRID, 11 Nov. (Agencias) –

El exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que anule la condena a 19 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el ‘caso mascarillas’, así como salir de prisión mientras la corte de garantías resuelva el recurso.

Así consta en su recurso de amparo, al que ha tenido acceso Agencias, en el que reclama al Constitucional que deje sin efecto la sentencia y «retrotraiga las actuaciones al momento procesal que corresponda para que el órgano judicial competente dicte nueva resolución respetuosa con los derechos vulnerados».

Koldo considera vulnerados sus derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia letrada, a un proceso con todas las garantías, a la prueba, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, sancionadora y punitiva.

Además, el que fue asesor del exministro José Luis Ábalos –condenado a 24 años de prisión– solicita que se suspenda la ejecución de las penas privativas de libertad «mientras se sustancia el recurso, porque su cumplimiento haría perder al amparo su finalidad», algo que igualmente pidió el extitular de Transportes.

«La suspensión no ocasiona perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona, que son los límites que el propio precepto establece. No afecta a la responsabilidad civil ni a los derechos de los perjudicados, que conservan intacta la posibilidad de ejecutarla», argumenta.

De forma subsidiaria, interesa que se sustituya la permanencia en prisión por las medidas que el Constitucional considere suficientes, como «comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional o control telemático».

Este recurso lo firma la que venía siendo su abogada, Leticia de la Hoz, que esta semana ha renunciado a su defensa por discrepancias. No obstante, fuentes jurídicas han confirmado a Agencias que la letrada seguirá representando de momento a Patricia Uriz, expareja del exasesor, y a Joseba García, su hermano, imputados en la Audiencia Nacional.

Koldo critica que la competencia del Supremo para juzgar el caso «traía causa exclusivamente del aforamiento del coacusado Ábalos» porque era diputado en el Congreso, pero no él, que «nunca ha tenido condición de aforado».

«El suplicatorio se concedió por los contratos de material sanitario y determinados alquileres. La condena alcanza hechos ajenos a él, como Air Europa, Ineco y Tragsatec», agrega, para referirse a que en el juicio se incluyó el rescate de esa aerolínea y la contratación de una expareja de Ábalos en esas empresas públicas.

Asimismo, el exasesor sostiene que la condena se apoya en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «sobre 26 dispositivos, unos diez ‘terabytes'», y «se negaron a la defensa el clon y los códigos ‘hash'». «Y los dispositivos devueltos eran inaccesibles», añade.

También incide en que la Audiencia Nacional le sigue investigando por «la misma operativa» en el marco del ‘caso Koldo’, de forma que considera que se quebrantó «la prohibición de doble proceso».

Y carga contra la rebaja de pena concedida al empresario Víctor de Aldama, al que el Supremo condenó a cuatro años pero le evitó pisar la cárcel por colaborar con la investigación.

«El coacusado se conformó con la acusación del fiscal, obtuvo dos grados de rebaja y la suspensión, y declaró después contra el recurrente. Es una conformidad parcial que la ley no admite, porque un mismo hecho no puede tenerse por cierto por conformidad e incierto por la prueba. El acuerdo no constó por escrito ni se sometió a control judicial, y la defensa no pudo conocer su gestación», expone.

Tanto Koldo como Ábalos, que llevan en prisión desde el 27 de noviembre de 2025 –antes del juicio–, fueron condenados el pasado junio por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama lo fue por organización criminal y cohecho.