Vecinos afectados por el PSIR ‘Bosques de Santander’ llevan al Defensor del Pueblo el «bloqueo» de sus viviendas
SANTANDER 30 Oct. –
La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR ‘Bosques de Santander’ ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación de «indefensión, opacidad y vulneración de derechos constitucionales» que, a su juicio, están sufriendo las familias tras el anuncio del «macroproyecto» residencial promovido por la empresa Real de Piasca.
En un comunicado, el colectivo vecinal ha lamentado la estrategia de «desinformación» llevada a cabo por las administraciones, tras mantener reuniones con el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y los representantes de la promotora, puesto que, según ha asegurado, la respuesta obtenida ha sido «el silencio documental».
«Ninguna de las partes ha facilitado planos ni especificaciones técnicas bajo el pretexto de que el proyecto se encuentra en fase de redacción y no ha sido registrado», ha subrayado.
En este sentido, los afectados han considerado «inadmisible» que un plan que prevé levantar hasta 7.850 viviendas se difunda «masivamente» a los medios de comunicación mientras formalmente se oculta a los propietarios legítimos del suelo.
En su escrito al Defensor del Pueblo, la asociación se ha adherido explícitamente a los fundamentos técnicos expuestos por el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, Román San Emeterio, que, según ha informado el colectivo, «criticó abiertamente el uso del mecanismo del PSIR para un monocultivo residencial privado».
Ante ello, los vecinos han denunciado que esta fórmula hurta las competencias urbanísticas municipales, evita la necesaria redacción de un nuevo Plan General (PGOU) y anula la participación ciudadana.
«La sombra del proyecto ya está provocando graves perjuicios económicos y morales en barrios históricos y consolidados como Rucandial, San Román, La Llanilla, La Candia, Ojaiz, Lluja y Bezana», han criticado los vecinos.
Así, la asociación ha señalado que se ha producido una devaluación patrimonial «inmediata» y un «bloqueo inmobiliario de facto», ya que el temor a las expropiaciones paraliza cualquier reforma, inversión o transmisión de las viviendas.
A esto, según ha explicado, se suma «el grave impacto psicológico y la ansiedad crónica» que sufren las familias ante la amenaza de perder sus hogares y su arraigo de toda una vida.
Por todo ello, los vecinos han solicitado la intervención «urgente» del Defensor del Pueblo para que obligue al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander a entregar de inmediato toda la documentación existente y a paralizar cautelarmente cualquier tramitación de este PSIR, garantizando que el desarrollo de la ciudad respete la propiedad privada y se canalice a través de las vías democráticas ordinarias.
CL11
