Inquilinas, Justicia Alimentaria y Facua convocan una huelga de compras todos los miércoles hasta el 11N
MADRID 27 Oct. –
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), Justicia Alimentaria y Facua han anunciado este martes una huelga de compras conjunta dirigida a no consumir en supermercados, hipermercados ni grandes cadenas todos los miércoles hasta el día de la huelga general del 11 de noviembre.
Así, los consumidores están llamados a no efectuar compras en grandes superficies este miércoles, 28 de octubre, y el próximo 4 de noviembre, en el marco de las movilizaciones previas a la huelga general por la vivienda y el coste de la vida convocada para el día 11.
Durante esa jornada de huelga general, las entidades llaman a paralizar por completo el consumo, tanto en tiendas físicas como por internet.
Los colectivos promotores de la huelga de compras han aclarado que la acción de protesta de los miércoles «no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados», a quienes invitan a unirse a la huelga general.
Por ello, instan a la ciudadanía a derivar sus compras hacia mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o compra directa a productores, indicando además que el 11N el comercio de proximidad también puede sumarse mediante el cierre.
«La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacer huelga en el trabajo», han explicado desde las organizaciones, animando a participar a colectivos de trabajadoras precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras.
Las tres organizaciones han sellado una alianza bajo el diagnóstico de que «trabajar ya no garantiza llegar a fin de mes». Según denuncian, el coste del alquiler absorbe los salarios y la cesta de la compra continúa al alza, «mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa».
En este sentido, señalan que la cesta de la compra cuesta actualmente más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio se ha incrementado un 21,9% en el mismo periodo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, recuerdan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9%.
Entre sus principales exigencias figura una reducción de los alquileres del 50%, vinculados a los ingresos, en sintonía con las reivindicaciones de la huelga general del 11N, así como la aplicación de controles de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte.
De forma específica, Justicia Alimentaria demanda una cesta de alimentos básicos a precio justo, asumiendo que la rebaja debe repercutir en los beneficios de la gran distribución y no en los productores. Por su parte, Facua reclama fijar topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas e implantar un sistema de doble etiquetado para que los consumidores conozcan el precio abonado en origen.
«El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan», ha aseverado Aldo Reverte, representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.
En palabras del director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, «comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos».
En la misma línea, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha defendido el derecho de la ciudadanía a «saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución», insistiendo en la necesidad de limitar los márgenes comerciales de las grandes superficies.
La huelga general del 11 de noviembre está convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y sus estructuras territoriales junto a CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otras organizaciones sindicales.
CL6
