20 octubre 2026

Guatemala investiga las revertidas detenciones tras el tiroteo del exfiscal y advierte que pueden «rodar cabezas»

Guatemala investiga las revertidas detenciones tras el tiroteo del exfiscal y advierte que pueden "rodar cabezas"
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MADRID, 20 Oct. Diario Dia –

El Gobierno de Guatemala ha advertido que pueden «rodar cabezas» si la investigación sobre la detención de los dos hermanos arrestados tras el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa –liberados poco después tras descubrirse que eran repartidores– confirma las alegaciones de los mismos, según las cuales los policías que los capturaron fueron quienes colocaron la carabina que se les incautó.

«Se ha abierto una investigación. Se le ha pedido a la Inspectoría General de la PNC que investigue cuál ha sido la actuación, y se actuará de acuerdo con el resultado de esa investigación y de las investigaciones del Ministerio Público», ha declarado el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una breve comparecencia ante los medios.

Al hilo, ha precisado que «se va a investigar cuáles fueron las condiciones que llevaron a su detención y, si hay alguna irregularidad o alguna ilegalidad, se tomarán todas las medidas necesarias». «Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa o si es que hubo irregularidades en el arresto de los hermanos Choc (los detenidos), sufrirá las consecuencias», ha agregado.

Con todo, en la misma intervención, el mandatario ha defendido la integridad del proceso posterior al arresto, afirmando que los detenidos fueron puestos ante los tribunales «y, cuando se identificó por el juzgado que no había mérito, fueron liberados». Puntualizando que esto se produjo «en menos de 24 horas», ha defendido que «quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón están viendo que esa posibilidad no existe».

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha remarcado que las autoridades están «haciendo un análisis y una investigación de qué fue lo que pasó con respecto a la detención de estas personas». «Queremos analizar cuál fue la actuación de los agentes captores, cómo procedieron, qué fue exactamente lo que pasó», ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que las autoridades investigan las alegaciones que apuntan a que fueron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes colocaron el arma en las pertenencias de los arrestados. «Asumir que hubo una implantación de arma en este momento, pues no lo sabemos. Tenemos que investigarlo, tenemos que probar esa hipótesis», ha explicado. «Lo que no podemos hacer en ese momento es descartar la hipótesis», ha proseguido, destacando que el crimen «se había cometido hacía, en ese momento, 15 ó 20 minutos».

«Yo lo dije el sábado claramente: una detención no determina la culpabilidad de una persona; es solamente un procedimiento para poder investigar su participación en los hechos o no», ha continuado, sosteniendo que «había que ver el arma que supuestamente a ellos se les incautó, si coincidía con la que fue utilizada en el hecho criminal, entrevistar testigos y ver fotogramas de vídeos», así como «una serie de investigaciones que al final determinaron que el Ministerio Público considerara que no estaban involucrados en los hechos y solicitara de oficio la falta de mérito ante el juez».

En cuanto a las alegaciones de los dos detenidos «de que la policía les implantó el arma y que los capturó sin ninguna razón», Villeda ha indicado que no puede «darlo por hecho sin hacer una investigación y determinar que efectivamente eso fue lo que sucedió».

«Al escuchar las declaraciones de ellos, ordené a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil que llevara a cabo una investigación muy objetiva, muy imparcial y muy rigurosa sobre cuál fue el procedimiento que realizaron los agentes captores», ha manifestado, antes de espetar que, cuando «tenga evidencia clara de qué fue lo que pasó (…), claro que van a rodar cabezas, por supuesto».

Además, ha advertido que, dependiendo de las conclusiones de las pesquisas, el Ejecutivo va a «analizar» la posibilidad de realizar destituciones en la cúpula policial. «Si en algún momento es necesario hacer destituciones, las vamos a hacer; pero, por favor, necesito que tengamos claro que para eso necesitamos realmente tener evidencia y tener claro qué es lo que está pasando», ha incidido.

Por su parte, la Policía Nacional Civil ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que «se agilizará la compra e implementación de equipos y servicios de cámaras corporales (Body Cams) para ser portadas por el personal policial en sus uniformes, así como sistemas de videovigilancia para las patrullas».

Esta medida, ha subrayado la Dirección General del cuerpo, «busca generar confianza ciudadana, dotar de evidencias objetivas a cada procedimiento y respaldar la actuación de las fuerzas de seguridad».

Así las cosas, y a raíz de esta decisión, la PNC ha solicitado «de carácter urgente la asignación y disponibilidad de los recursos financieros ante las instancias correspondientes para la adquisición inmediata de este equipamiento».

«La implementación de tecnología de grabación en los uniformes policiales es una necesidad imperiosa para evitar injusticias contra la población, pero también para proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones en contra de los agentes que cumplen dignamente con su deber», reza el documento.

El exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) guatemalteca, Juan Francisco Solórzano Foppa, murió asesinado el sábado en un tiroteo que también se cobró la vida de otra persona en un campo de fútbol de la capital de su país.

Solórzano Foppa contaba con escolta, pero los agentes de seguridad que tenía asignados se quedaron en el borde del campo protegiendo al hijo de su cliente por petición de este último, por lo que no pudieron intervenir a tiempo, según explicó la Policía Nacional Civil (PNC).

En el tiroteo falleció también una segunda persona, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, si bien el ministro de Gobernación guatemalteco, Marco Antonio Villeda, precisó que desde su cartera consideran «que fue una víctima colateral y se presume que el ataque no iba dirigido hacia él».

CL11