14 octubre 2026

La vivienda marca nuevo récord como primer problema en el CIS, tras un repunte de 18 puntos en octubre

La vivienda marca nuevo récord como primer problema en el CIS, tras un repunte de 18 puntos en octubre
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   La preocupación por la vivienda ha repuntado 18,2 puntos y se ha anotado un nuevo récord como primer problema de España, superando por primera vez el 55% de menciones en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, el primero tras el desahucio de Maricarmen Abascal que provocó la que hasta ahora es la mayor movilización por la vivienda registrada en España, con acampadas en varias ciudades.

   El desalojo forzoso de esta madrileña de 87 años, que fue sacada en camilla de la casa en la que había vivido de alquiler durante siete décadas y que murió dos semanas después, facilitó la aprobación por el Gobierno de dos decretos leyes con medidas para atajar la crisis habitacional, pero ambos fueron derogados en el Congreso, lo que propició el adelanto de las elecciones generales.

   El trabajo de campo de esta encuesta se realizó entre el 1 y el 6 de octubre, justo después de la derogación de los decretos. En la encuesta, la vivienda es señalada como el primer problema, con un 55,7% de menciones, seguida de la inmigración que sube del tercer al segundo puesto (20,9%) y de la crisis económica (20,3%).

   Con el barómetro de octubre, la vivienda acumula ya 21 meses ininterrumpidos como primer problema nacional. La primera vez que se situó en la cúspide de esta lista fue en diciembre de 2024, con un 22,3% de menciones, un porcentaje que no ha hecho más que aumentar. Un año después estaba en el entorno del 40% y el pasado mes de mayo alcanzó su anterior récord, un 48,8%.

   Aquel repunte se produjo después de que el Congreso tumbara con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y la abstención del PNV, el decreto ley que incluía el tope del 2% para el precio de los alquileres y la prórroga extraordinaria de los contratos hasta finales de 2027.

   El segundo problema del país –a 34,8 puntos de distancia de la vivienda– es la inmigración, que se anota en octubre un 20,9% de menciones, 1,2 puntos más que en septiembre, cuando ocupaba la tercera posición. Y la que ha bajado del segundo al tercer puesto es la crisis económica, con una caída de tres décimas, hasta el 20,3%.

LA MALA CALIDAD DEL EMPLEO TAMBIÉN MARCA RÉCORD

   La lista continúa con los problemas relacionados con la calidad del empleo, que figuran como cuarto problema marcando un nuevo récord con el 19,4% de respuestas. Son 5,7 puntos más que en septiembre, cuando estaba en la sexta plaza.

    Por contra, la censura al Gobierno y los partidos baja en 3,7 puntos y queda en quinta posición (15,1%), seguida de la sanidad, que aumenta 3,3 puntos, hasta el 14,4%. La séptima plaza son los problemas políticos (10,1%), la octava el paro, que se anota un nuevo mínimo histórico (9,6%), la novena la educación (8,7%) y el ‘top ten’ lo cierra el mal comportamiento de los políticos, con un 8,6% de alusiones.

   La lista de problemas personales la encabeza también la vivienda, con un 33,8%, lo que supone 5,9 puntos más que en septiembre cuando era el segundo problema subjetivo. Ahora en segunda posición está la crisis económica (30,3%) y por detrás aparecen la sanidad (24%), la calidad del empleo (18,85) y la inmigración (11,2%).

   El CIS, que la semana pasada publicó un estudio específico sobre vivienda realizado antes del desahucio de Maricarmen, ha aprovechado el barómetro de octubre para testar la opinión sobre este suceso que casi el 54% asegura haber seguido con bastante detalle y un 34,8% de manera general. De este colectivo, el 75% le otorga mucha o bastante importancia al desahucio de la fallecida octogenaria, por un 22,7% que le concede poca o ninguna.

   Siempre entre quienes han seguido el caso, el 57,1% cree que en estas situaciones debe primar la protección de las personas vulnerables, mientras que el 32,7% considera que hay que anteponer «el cumplimiento de la ley y los contratos». En todo caso, el 82,3% de las personas entrevistadas sostiene que debe priorizarse la vivienda como un derecho constitucional.

   El instituto que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos también ha incluido en el barómetro preguntas sobre las medidas aprobadas por el Gobierno que después derogó el Congreso y que el Ejecutivo ha vuelto a aprobar con modificaciones con intención de que sean convalidadas en la Diputación Permanente de la Cámara Baja antes de las elecciones del 29 de noviembre.

UN 30%, EN CONTRA DE PROHIBIR LA COMPRA A FONDOS BUITRE

   Del 80,4% que dice saber de la aprobación de estos decretos ley, el 57,2% los valora positivamente, frente al 42,3% que los critica. Las medidas con más apoyo son el IVA rebajado al 4% en la construcción de vivienda protegida (95,1%) y la línea de crédito de 50.000 para la compra de primera vivienda (87,9%).

   También logran bastante consenso las rebajas de impuestos a inquilinos y a los propietarios que bajen o congelen el alquiler (81,4%), así como el impuesto generalizado del 10% a los pisos turísticos (75%).

   La prohibición de compra de vivienda a fondos buitre o grandes tenedores hasta 2028 tiene un respaldo del 67%, la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2020, del 65%, prácticamente lo mismo que el endurecimiento de las condiciones de los alquileres de temporada y habitaciones.

LA MITAD QUIERE MÁS COMPETENCIAS PARA EL ESTADO 

   Por contra, la medida más contestada es la prórroga automática e indefinida de los alquileres, pues la critica el 52%. La ampliación por dos años de los arrendamientos que terminen antes de 2029 recaba el apoyo del 58,6% y el rechazo del 37,4% y el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a vivienda vacías y turísticas lo respalda cerca del 60%, pero lo censura el 36,2%.

   El CIS se interesa también por el grado de conocimiento de la población acerca de quién tiene más competencias en vivienda y el resultado es el siguiente: comunidades autónomas (40,7%), Estado 35% y ayuntamientos 10,2%. Pero cerca de la mitad (48%) es partidaria de que el Estado tenga más competencias para mejorar el acceso a la vivienda, un 24% quiere que se refuercen las autonómicas y cerca del 22%, las municipales. 

CL4