Miguel y Álvaro, pendientes de que la aplicación del nuevo Decreto Maricarmen impida su desahucio

Miguel y Álvaro son vecinos del barrio madrileño de Chamberí y tienen un casero muy especial: la Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería había iniciado un proceso de subasta de su parque de viviendas, según el Ministerio, a petición del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la presión de los vecinos y las acciones del Sindicato de Inquilinas llevaron a un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el de Seguridad Social, para que estas casas pasaran al parque público de Casa 47. Además, el último Decreto Maricarmen, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y que pasará el visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso, recoge, entre otras medidas, que los cientos de viviendas que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene repartidas por todo el país pasen al parque público de viviendas de Casa 47. De manera, que los inquilinos que ya habiten estas casas podrían subrogar su contrato y continuar en las viviendas. De hecho, fuentes del Ministerio de Seguridad Social aseguran que se han detenido las subastas y que las viviendas pasarán a Casa 47. Y por su parte, el Ministerio de Vivienda, confirma su intención de subrogar estos contratos.

Esta es la teoría, pero la realidad sigue siendo la incertidumbre y el miedo al desahucio. De hecho, aunque el acuerdo es de mayo, Miguel ha recibido el pasado 10 de septiembre la demanda de desahucio. Y Álvaro teme recibirla en breve, después de haber recibido un apercibimiento en el que se da por concluido el contrato de alquiler y se le insta a abandonar su casa con fecha mayo del 2026. Desde entonces está litigando, como Miguel, que explica que lleva 20 años pagando religiosamente el alquiler y que ya ha gastado 200.000 euros que han ido a las arcas públicas. Ambos dicen no entender cómo es posible que estas viviendas, que ya son públicas, se subasten, ya han documentado una decena de casos solo en Madrid, al mejor postor. Viviendas que se venden en cerca de 800.000 euros y que acaban en las inmobiliarias a precios de más de dos millones de euros. Aunque la ley está de su lado, con este último Decreto, lo que dicen que les han comunicado hasta ahora es que no está claro que sus casas entre en este paquete de viviendas que se va a traspasar, mientras el procedimiento administrativo y judicial de desahucio sigue su curso.

Aseguran que seguirán en la pelea y que si es necesario escalar el conflicto lo harán. Cuentan con el apoyo del Sindicato de Inquilinas y lo van a luchar hasta el final, al menos, para que si ellos deben salir de sus viviendas, las casas permanezcan en el parque público y no caigan en manos de la especulación.