El juez descarta imputar por ahora al PSOE en el ‘caso Leire Díez’ y esperará a más diligencias tras pedirlo el PP
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Leire Díez’, Santiago Pedraz, ha descartado imputar al PSOE por el momento y esperará a practicar más diligencias, como la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán, todo ello después de que el PP hubiera solicitado la imputación.
En un auto al que ha tenido acceso Agencias, el instructor de la causa argumenta que aunque los hechos descritos en la investigación «pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad».
Pedraz sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este miércoles emitió un informe en el que veía prematura la imputación de la formación socialista, a pesar de que apreciaba indicios de conductas presuntamente delictivas por parte de la presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
«Lo cierto es que con lo actuado no se acredita lo que se viene denominando un ‘principio de prueba’ para atribuir la condición de investigado», incide el magistrado, que explica que el principio de prueba «es un dato, elemento o fuente objetiva que proporciona un apoyo mínimo a la realidad del hecho afirmado», esto es, que «no demuestra el hecho, pero le da una base objetiva».
El juez indica que «habría que valorar la eventual e indiciaria atribución de responsabilidad criminal al PSOE por los delitos presuntamente cometidos» por Cerdán y también por la gerente del partido, Ana María Fuentes, también imputada en la causa.
De esta forma, Pedraz considera que antes de imputar al PSOE habría que determinar «qué poderes reales tenía Santos Cerdán dentro de la estructura del partido»; «quién autorizó y ejecutó los pagos investigados en la causa» a Leire Díez y otros investigados, supuestamente a cambio de sus servicios; «qué controles internos existían»; «si hubo fallos relevantes en los mecanismos de supervisión» y «si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas», extremos que, por ahora, siguen sin concretarse.
Para acreditar estas cuestiones, el juez estima que habrá que practicar una serie de pruebas como la declaración de Cerdán, analizar documentación incautada en la sede del partido y en el domicilio del exsecretario de Organización y otros investigados, entre los que se encuentran los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Pedraz también quiere averiguar si los pagos a Leire Díez y otros miembros de la presunta trama «fueron ordenados y satisfechos» por Cerdán «desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquel y la estructura patrimonial» de la supuesta red criminal.
Y también concretar «quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable» y «si los órganos de administración conocieron los pagos», entre otras incógnitas.
La acusación popular unificada que lidera el PP pidió la imputación del PSOE al considerar que las diligencias practicadas «confirman» que el partido «sufragó» los gastos de la presunta trama «por indicación» de Santos Cerdán.
El PP apuntaba al PSOE como presunto autor de delitos de cohecho y tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
DECLARACIONES DE ZARRÍAS Y SERRANO
Así, el juez suscribe los argumentos que trasladó la Fiscalía Anticorrupción, que señaló que es necesario previamente «completar la práctica de las diligencias que permitan concretar los indicios de la responsabilidad penal propia que pesan sobre la conducta de Cérdan».
Entre ellas, las fiscales subrayan la importancia de las declaraciones de Cerdán, Díez, Zarrías y de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, según consta en un informe al que también ha tenido acceso Europa Press.
Además, la Fiscalía indicó que de las declaraciones de Fuentes y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como de las secretarias del partido, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, «parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que Cerdán hacía de las cuentas del partido».
El Ministerio Público, que aprecia «múltiples indicios» sobre Cerdán, recalcó la necesidad de diferenciar «la eventual responsabilidad penal personal de esos gerentes de la posible responsabilidad penal autónoma de la organización».
«La responsabilidad de la persona jurídica no puede afirmarse mediante la simple acreditación del delito cometido por la persona física integrada en la organización, será preciso analizar si su comisión fue posible o se vio facilitada por la inexistencia o ineficacia de mecanismos concretos de vigilancia y control», precisa.
Por otro lado, la Fiscalía aseguró que con «las diligencias practicadas hasta la fecha no cabe duda de que Cerdán estaba autorizado para tomar decisiones en nombre de la organización y ostentaba facultades de organización y control dentro de ella».
Pero precisó que Cerdán «debe ser oído» para «concretar sus poderes, funciones efectivamente desempeñadas, capacidad de disposición sobre las cuentas bancarias, autonomía en la contratación y dependencia respecto del órgano de administración, la CEF (Comisión Ejecutiva Federal) y su determinación y responsabilidad en la contratación de los servicios de Díez».
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