Cuba permite modificar el sexo en documento de identidad… sin cirugías

LA HABANA – Antes de que acabe octubre, Larian Arias, un hombre trans de 25 años, residente en la capital de Cuba, piensa modificar legalmente el sexo que le fue asignado al nacer, una posibilidad que permite con mayor facilidad la nueva Ley del Registro Civil, en vigor desde el 16 de septiembre.

“Lo primero que se suele aprender acerca de uno es el nombre, y hay pocas cosas comparables a tener un nombre que vaya con nuestra identidad. Que coincida el sexo en el documento de identidad con lo que expresamos externamente” es una forma de validarlo, dijo a IPS.

En 2021, tras un año implicado en el activismo relacionado con las trans-identidades, Arias empezó a identificarse públicamente por ese nombre que, dijo, modificó a partir de “Lórien”, como se llama el dios de los sueños y las ilusiones dentro del universo de fantasía épica de El Señor de los Anillos, creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien.

Lo registró finalmente en 2023, antes de que la actual norma facilitara el procedimiento legal para hacerlo, y un año después de que se permitiera solicitar el cambio registral del nombre sin tener que someterse a una cirugía de adecuación genital, requisito eliminado por la Instrucción Número 1 de 2022 del Ministerio de Justicia, que derogó otra de 2012.

“La comunidad trans ha pedido que exista este mecanismo registral durante años, y ahora que existe, las personas trans cubanas podrán vivir con más plenitud, pues nos da el respaldo legal que necesitamos para validar nuestra identidad en espacios oficiales”: Larian Arias.

Las personas trans ya podían entonces modificar su nombre sin un requerimiento quirúrgico, pero como hizo Arias, aún tenían que acreditar el uso social del nombre solicitado.

De acuerdo con Yoelkis Torres, activista por los derechos humanos y las personas en estado de vulnerabilidad, ese proceso conllevaba recibir avales de más de 10 personas, e incluso del presidente del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) –una organización barrial institucionalizada en Cuba–, de que se reconociera a la persona por el nuevo nombre y de otros requisitos

Debía tenerse “una representación social avalada por una sociedad que es totalmente homofóbica y transfóbica”, dijo Torres a IPS.

Arias, quien lleva tres años activo en el Grupo Trans Masculinos de Cuba, consideró que el proceso era “extremadamente engorroso” para una persona trans.

“Desde el mismo inicio podías chocar con funcionarios homofóbicos que inmediatamente se negarían a hacerte cualquier trámite”, dijo.

Sin embargo, cuando no había “esta transfobia de por medio”, dijo, era necesario presentar “toda una colección de cartas” del CDR, su centro laboral o de estudios, documentos oficiales con el nombre social que se quería adoptar y un aval del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución subordinada al Ministerio de Salud Pública.

“En mi caso fue más o menos sencillo, pues en el registro civil de mi zona había una notaria y una abogada sensibilizadas con el tema, y que me acompañaron durante todo el proceso”, acotó.

Por otra parte, el cambio de la categoría registral del sexo “sí dependía de que la persona fuera sometida a intervenciones quirúrgicas de reafirmación de género, específicamente en el área genital”, explicó en entrevista con IPS el médico Alberto Roque, activista por los derechos sexuales y reproductivos.

Según Roque, luego se realizaba un proceso judicial en el que la persona trans no tenía que estar presente y los especialistas eran quienes presentaban “aportes periciales para que se reconociera el cambio del sexo en todos los documentos registrales civiles de la persona”.

“La nueva ley cambia eso, porque no es necesario someterse a una cirugía de reasignación sexual ni debe la persona pasar por un proceso judicial, y sin la necesidad de intervenciones  médicas sobre cuerpo como la castración hormonal o quirúrgica”, agregó.

Muchos parlamentarios ya consideraban obsoleta la Ley 51 del Registro del Estado Civil, de 1985, derogada cuando se aprobó la legislación actual en julio de 2025 por el unicameral parlamento cubano, pues no respondía a las transformaciones introducidas por el Código de las Familias y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas de 2022.

Ese primer código entró en vigor en 2022 tras el voto favorable en la consulta de 66,85 % de los emitidos en total, y aporta nuevas garantías para la comunidad Lgbtiq+, al establecer una política de discriminación cero por orientación sexual o identidad de género, derechos reproductivos, matrimonio igualitario y reconocimiento de familias homoparentales.

“La comunidad trans ha pedido que exista este mecanismo registral durante años, y ahora que existe, las personas trans cubanas podrán vivir con más plenitud, pues nos da el respaldo legal que necesitamos para validar nuestra identidad en espacios oficiales”, comentó Arias.

La nueva ley

La nueva Ley del Registro Civil no solo reconoce y garantiza con un procedimiento más dinámico el derecho al cambio de nombre y la rectificación registral del sexo por razones de identidad de género, sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, sino que establece mecanismos de privacidad, acceso restringido y protección de datos sensibles.

Según la norma, “no se otorga relevancia a la correspondencia del nombre con el sexo de la persona”, siempre que tengan claridad identificativa y estén ajenas a marcas comerciales, entre algunos otros requerimientos.

Asimismo, la rectificación del dato registral relativo al sexo solo puede realizarse una vez, y hasta dos si la persona interesada es mayor de edad y la primera modificación se efectuó durante la minoría de edad, una lógica que rige también en el cambio de nombre.

Si bien las personas menores de edad pueden aplicar a esa solicitud, deben tramitarla judicialmente, “con la intervención de la defensoría y la fiscalía”.

Las personas mayores de edad, en cambio, solo tienen que entregar en el Registro Civil un expediente con la solicitud escrita, el certificado de nacimiento y un dictamen de un equipo multidisciplinario coordinado por el Cenesex.

Cenesex publicó en su cuenta de Facebook que el dictamen en cuestión es un documento oficial que conlleva un “análisis” —no especificó detalles de la naturaleza de este— en el que participan “profesionales provenientes de los campos de psicología, sexología clínica y asesoría legal”, aunque “sin pruebas diagnósticas ni exámenes médicos”.

El médico Roque, antiguo colaborador de Cenesex, cree que ese procedimiento debía ocurrir más como en Argentina, donde la persona trans va directamente a un registrador del campo jurídico exclusivamente, sin otras mediaciones.

“En Cuba decidieron de que debía haber un dictamen. Eso complejiza el problema de accesibilidad y universalidad a este servicio que lo ofrece una sola institución de salud en todo el país, la única que puede definir si una persona puede hacer el cambio registral”, dijo.

Una de las pocas ventajas posibles del dictamen sería excluir a quienes no son verdaderamente trans y cuya pertenencia a otro género no obedece a una transición real, sino a un trastorno psiquiátrico o psicótico cuyo componente delirante puede expresarse con elementos del otro género, agregó.

Para Arias, entre las limitantes de la ley, destacó el no reconocimiento de las identidades no binarias.

También advirtió de la necesidad de garantizar que “el personal encargado de realizar estos trámites en la notaría tenga la formación necesaria para tratar estos temas desde el respeto y el conocimiento de la diversidad sexual y de género”.

Temor a la vulnerabilidad de la confidencialidad

Si bien la ley asegura que los datos son sensibles y solo tienen acceso a ellos las personas autorizadas, y que se protege la privacidad en todo momento, entre las personas trans existe el temor de que esa confidencialidad se vulnere en otros espacios ajenos al Registro Civil, y que requieran datos personales sensibles.

Ese es el caso, por ejemplo, del manejo de los historiales médicos y archivos del sistema de salud, que, a consideración de Arias, “sigue uno de los espacios donde más discriminación enfrentan las personas trans”, por su formación bajo una perspectiva “extremadamente biologicista y binaria de lo femenino y lo masculino”.

Arias no cree que sea necesario que un médico conozca su sexo a menos que sea para algunas consultas específicas.

De hecho, Roque explicó que conocer el sexo desde la perspectiva biomédica solo importa para algunas condiciones o enfermedades específicas, sobre todo cuando se trata de cuestiones de urología, gineco-obstetricia, endocrinología y algunas otras especialidades.

Asimismo, advirtió que pudieran surgir conflictos registrales debido a la comunicación entre el sistema jurídico y el biomédico.

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Si un paciente ha sido sometido a tratamientos de transición de orden quirúrgico u hormonales, en ocasiones pudiera tener que advertir a los galenos que se realizó un cambio registral del nombre y el sexo, lo cual sería problemático”, dijo.

“Violentar el principio de confidencialidad ha ocurrido con las personas trans y sigue ocurriendo en el ámbito biomédico. Es un principio ético y de funcionamiento que debe ser sagrado y es irrespetado con frecuencia. El tratamiento de los datos sobre el sexo debe ser siempre privado y enmarcado en la confidencialidad más absoluta”, dijo.

Por su parte, Arias opina que no es un problema que un profesional de la salud capaz no pueda resolver, ya que este hará “los exámenes necesarios más allá de lo que diga el carnet de identidad”.

Contó de disímiles encuentros incómodos en consultas médicas, donde el personal médico y de enfermería lo irrespetaba y se refería a Arias con pronombres femeninos por más que él les advirtiera.

Pero también depende de las personas, dijo, pues tuvo una experiencia muy diferente en otra ocasión en que estuvo ingresado.

“El doctor que me recibió a las 3:00 de la madrugada, se interesó por el tema trans y en ningún momento dejó de usar los pronombres masculinos, incluso cuando me estaba preguntando acerca de mi ciclo menstrual”, recordó como experiencia positiva.

ED: EG

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