La Junta cambia el observatorio contra agresiones a sanitarios para reforzar la presencia de policías y guardias civiles
SEVILLA 7 Oct. (Agencias) –
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía modificará un año después de su entrada en vigor el decreto que creó y reguló el Observatorio de agresiones a sanitarios para «reforzar la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante la incorporación de representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la composición del observatorio».
Así figura en el anuncio de consulta pública consultado por Agencias. Además, la intención de la Consejería de Antonio Sanz es «establecer una estructura territorial de apoyo al Observatorio en cada una de las provincias». «Desde su constitución y puesta en funcionamiento, el Observatorio ha venido desarrollando las funciones de análisis, seguimiento, coordinación y propuesta que tiene atribuidas, generándose asimismo mecanismos de participación y trabajo en el ámbito territorial que han permitido acumular experiencia práctica sobre su funcionamiento», explica la Administración.
La aprobación del proyecto de decreto resulta «necesaria», argumenta la Consejería, para «adecuar la regulación del Observatorio a la experiencia derivada de su funcionamiento y a las necesidades organizativas y de coordinación detectadas desde su constitución». La modificación permitirá incorporar «de forma estable» a órganos e instituciones directamente implicados en la prevención, coordinación y respuesta frente a las agresiones para reforzar así «especialmente» la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y adecuando la representación del Observatorio a las funciones efectivamente desarrolladas por los distintos agentes implicados.
El cambio del Decreto es «necesaria», insiste la Junta, para «dotar de cobertura normativa suficiente a una dimensión territorial estable del Observatorio, mediante la regulación de estructuras de apoyo en cada una de las provincias de Andalucía, funcionalmente dependientes del mismo y articuladas a través de una red territorial».
Esta regulación permitirá establecer un marco homogéneo para su composición, funciones y régimen de actuación, facilitar la incorporación sistemática de la realidad territorial a los trabajos del Observatorio y ordenar su relación con el Pleno, los grupos de trabajo de carácter técnico y los mecanismos de coordinación operativa y sanitario-policial vigentes en cada momento.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado recientemente una ley integral frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario que el Gobierno andaluz prevé llevar al Parlamento antes de que finalice el año y que aprobará mediante decreto ley por la «urgencia y necesidad» de la norma.
«Queremos que la norma sea referente nacional, pionera, a la hora de afrontar las agresiones», ha afirmado el consejero, quien ha explicado que el texto nacerá del diálogo con los profesionales, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y el conjunto de las instituciones y permitirá reforzar el actual marco de protección. Contará con un régimen sancionador propio cuya tramitación será directa por parte de la Administración autonómica sin depender del procedimiento penal que pueda desarrollarse con el objetivo de «priorizar estos expedientes y agilizar su resolución».
Sanz ha señalado además que la norma abordará la reincidencia, los ataques a través de internet y las redes sociales y el acoso cibernético, además de incorporar mecanismos destinados a proteger a los profesionales que «sienten miedo cuando van a denunciar». Entre esas medidas, ha apuntado al apoyo mediante asistencia jurídica directa de los letrados del SAS y a la protección del nombre y la identidad del denunciante. Asimismo, ha indicado que la Junta pretende evitar que sea el profesional agredido quien tenga que abandonar su centro de trabajo ante este tipo de situaciones.
«Tomaremos la decisión de que el que no deba aparecer más en ese centro de salud y no vaya a recibir el encuentro una vez más con el profesional sea el atacante y no el agredido, que debe ser protegido, pero además debe ser blindado», ha señalado. En cuanto a la incorporación de las aportaciones al texto de la norma, Sanz ha defendido la fórmula del decreto ley para agilizar su aprobación, al considerar que «una ley puede durar tres o cuatro años en hacerse» frente al «carácter inmediato» de la medida.
Durante 2025, según ha detallado el titular andaluz de Sanidad, se registraron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que el 80% fueron verbales. El sistema sanitario público andaluz cuenta con más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso, alarmas individuales y otros medios, además del refuerzo de la vigilancia en los ámbitos considerados especialmente sensibles. La aportación presupuestaria destinada a estas medidas se ha duplicado en los últimos años, al pasar de «poco más de 30 millones» a superar los 60 millones de euros, si bien Sanz ha considerado este incremento «todavía insuficiente».
Sanz también ha destacado el trabajo de la unidad Sócrates de la Policía adscrita a la comunidad autónoma, concebida específicamente para la prevención, seguimiento y actuación frente a las agresiones a profesionales sanitarios. Desde su creación, ha realizado casi 1.000 contactos y entrevistas y más de 300 trabajos continuados con vigilantes de seguridad para mejorar la anticipación y la respuesta ante situaciones de riesgo. Por otro lado, en 2025 los servicios jurídicos del SAS realizaron 195 asistencias letradas a profesionales agredidos, de las que 33 correspondieron a delitos de atentado, y el consejero ha defendido una respuesta que incluya atención psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo institucional.
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