Las familias de fallecidos en el trabajo exigen seguridad jurídica en el nuevo decreto asturiano
OVIEDO, 6 Oct. Diario Dia –
La asociación de Familias de víctimas laborales han pedido este martes que el decreto de ayudas anunciado por el presidente Adrián Barbón en el debate de orientación política, concrete el compromiso adquirido con los casos anteriores a 2025.
En un comunicado, han explicado que «valoran» que el Principado avance en la tramitación del decreto de ayudas para familiares de personas fallecidas en el trabajo, pero han reclamado que la futura norma «concrete con claridad los requisitos, el alcance de la medida y la respuesta prevista para los casos anteriores a 2025».
Tras confirmarse que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo tramita una línea de ayudas de hasta 72.000 euros por persona o unidad familiar, aplicable a siniestros mortales desde el 1 de enero de 2025 y también a casos anteriores que continúen judicializados y sin sentencia, las familias recuerdan que esta cuestión ya fue trasladada al Gobierno asturiano en la reunión mantenida el pasado mes de mayo.
En aquel encuentro, las familias defendieron que no se trataba de reclamar una norma a medida ni una retroactividad ilimitada, sino de «buscar una regulación con seguridad jurídica, criterios objetivos y respeto al principio de igualdad».
También pidieron que se estudiasen situaciones anteriores a 2025, especialmente cuando existieran procedimientos judiciales prolongados, situaciones de especial vulnerabilidad o ausencia de reparación efectiva.
«Valoramos que el Principado mantenga abierta esa vía, pero ahora toca concretar. El decreto debe explicar bien quién entra, quién no entra y por qué», han explicado. Las familias insisten en que no cuestionan las ayudas a Cerredo ni a ninguna otra familia que haya perdido a una persona trabajando. «Queremos evitar que una ayuda pública termine creando diferencias difíciles de explicar entre familias que han sufrido la misma pérdida», han subrayado.
Por ello, piden que el decreto aclare qué se entenderá por caso judicializado, cómo se valorarán los supuestos anteriores a 2025, cómo se acreditarán las situaciones de especial vulnerabilidad, qué compatibilidad tendrán estas ayudas con indemnizaciones o seguros y qué respuesta puede darse, dentro de la legalidad, a familias que quedaron sin reparación efectiva.
En este sentido, consideran que la regulación no debería limitarse a una lectura «estrictamente procesal» de los casos anteriores a 2025, ya que existen familias que «soportaron durante años procedimientos judiciales ya finalizados, otras que no obtuvieron una reparación efectiva pese al daño sufrido, y otras que no pudieron afrontar un juicio por falta de recursos, por desgaste emocional o por la dificultad de sostener una batalla judicial después de perder a un ser querido».
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